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Por Elsa Granda*
Desde Madrid

El gobierno espera que sean los empresarios quienes colaboren activamente en el proceso de regularización de los inmigrantes que el anterior gobierno ni expulsó ni normalizó. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, adelantó que dará papeles a todos los extranjeros que demuestren “una relación laboral fehaciente”, con el objetivo de solucionar su situación y para que aflore toda la economía sumergida. Para ello, los empresarios que estén dispuestos a colaborar, y que hayan empleado de forma irregular a extranjeros, no serán penalizados.
Aunque la fórmula no está todavía totalmente definida, Consuelo Rumí adelantó a este periódico que el gobierno comprobará el tiempo de estancia de los inmigrantes irregulares a través de su inscripción en el padrón municipal. En segundo lugar, el gobierno pondrá en marcha un sistema de altas provisionales en la Seguridad Social. Ese será el primer paso para la regularización. “Cuando el empresario haya dado de alta al trabajador, podrá formalizar el contrato, y posteriormente se hará efectivo el alta en la Seguridad Social.” Una vez concluido este proceso por parte del empleador o empresario, el inmigrante pasará a ser regular y tendrá un permiso de residencia y de trabajo por el tiempo que dure el contrato. El gobierno contará para realizar todo el proceso con los ayuntamientos, que deberán informar sobre la buena integración del inmigrante en la comunidad en la que vive.
Todas estas medidas serán puestas en marcha con la entrada en vigor del reglamento de la ley de extranjería, que comenzará a tramitarse en septiembre y estará aprobado en otoño. La Secretaría de Estado espera que los empresarios colaboren activamente, “porque han sufrido un colapso y una paralización durante todos estos años, porque la administración no les daba respuesta a sus necesidades de trabajadores”.
La secretaria de Estado asegura que es muy difícil hacer un cálculo de a cuántas personas en situación irregular puede afectar esta medida. “Se irá viendo a medida que los empresarios hagan sus solicitudes y se formalicen los contratos. Esperamos contar con su complicidad”, asegura.
En una segunda fase, cuando se haya regularizado a estos inmigrantes, el gobierno tiene previsto endurecer las inspecciones de trabajo y las penas para las empresas o particulares que empleen a personas en situación irregular, y se pondrán en marcha “medidas para que los inmigrantes puedan denunciar a quienes incumplan la ley en este sentido”. A los sin papeles que adviertan sobre estas prácticas se les dará la oportunidad de volver a sus países sin penalización, con la opción de entrar en los cupos de contratación en origen, o permanecer en España con un permiso de búsqueda de empleo temporal.
El Ejecutivo también prevé, una vez terminado este proceso de regularización, dar permisos de residencia temporal por el procedimiento de reagrupación familiar, circunstancias excepcionales o colaboración con la Justicia. En otoño, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende poner en marcha otras medidas, que configuran “un ambicioso plan de integración” de los extranjeros en España. Su prioridad será, tras la aprobación del reglamento de la ley de extranjería, convencer al PP de la necesidad de firmar un pacto de Estado de Inmigración, “para que este tema no se utilice como arma política” y se sienten las bases de “la primera política integral de integración, que hasta ahora no ha existido en este país”. El gobierno también tiene prevista la puesta en marcha de visados de tres meses de duración para búsqueda de empleo.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.