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Por Rosa Townsend*
Desde Miami

Los primeros tribunales castrenses de excepción en Estados Unidos desde la II Guerra Mundial comienzan su trabajo hoy en la base de Guantánamo, en la isla de Cuba, con los casos de tres guardaespaldas de Osama bin Laden y de un australiano asociado a Al Qaida, acusados de conspirar para cometer actos de guerra. Los sospechosos comparecerán en audiencias preliminares, en las cuales la defensa tiene previsto denunciar tácticas de obstrucción del Pentágono y confesiones obtenidas bajo coacción, así como la legitimidad de un proceso sin las garantías de la Justicia militar ordinaria.
Mientras las autoridades militares estadounidenses insistieron en que los juicios serán abiertos y justos, expertos legales civiles afirman que los tribunales –cuyos cinco miembros son oficiales militares estadounidenses– no se ajustan a las leyes internacionales. Varios organismos de derechos humanos han denunciado que las audiencias están en contravención directa no solamente con la Convención de Ginebra sino con una cantidad de otras leyes internacionales. “Nos preocupa que las reglas de la comisión militar no tienen las protecciones básicas para un juicio justo”, opinó Wendy Patten, una directiva de la organización Human Rights Watch de Nueva York. “Bajo estas reglas, el ejército es el fiscal, el juez, el jurado, la corte de apelaciones y potencialmente el verdugo. La reglas de la comisión no crean un campo de juego justo.”
“El principal problema de este proceso es que, a medida que avanza, se inventan nuevas normas. El Ejecutivo lo hace porque está ejerciendo su poder de espaldas a la Constitución y las leyes internacionales. Francamente, uno no sabe qué esperar”, declaró el subcomandante Charles Swift, abogado del chofer y guardaespaldas de Osama bin Laden, el yemenita Salim Ahmed Hamdan. Los otros acusados son el australiano David Hicks, el yemenita Alí Hamza Ahamad Sulayman al Bahlul y el sudanés Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, estos últimos también guardaespaldas de Bin Laden.
De los letrados militares nombrados por el Pentágono para defender a los cuatro presos de Guantánamo acusados hasta el momento, Swift es el que ha montado la mayor ofensiva legal. Ha presentado 10 recursos ante el tribunal militar y dos demandas ante tribunales federales en un esfuerzo, según dice, por demostrar que, aunque es un abogado a sueldo del gobierno, va a defender a su cliente “con independencia y vigor”.
Tal y como están diseñados los tribunales militares, los abogados son los únicos que tienen en teoría un margen de acción, el resto del proceso está estrechamente controlado por el Pentágono a través del general que lo supervisa, John D. Altenburg, y del coronel que éste ha nombrado para presidir los juicios, Peter Brownback. Al no existir una guía de procedimiento, salvo en líneas generales, tales como la presunción de inocencia o la carga de la prueba, Brownback dispone de total discrecionalidad para dictar normas, rechazar pruebas o declararlas secretas, resolver recursos y peticiones o aprobar cargos y veredictos.
Tanto poder en manos de la persona clave anula los principios de la justicia, en opinión de Swift, quien ha presentado un recurso pidiendo que se invalide su nombramiento. El problema es que el propio Brownback es quien va a resolver ese recurso y sólo Altenburg lo supervisará. En nombre de la seguridad nacional, el “embudo” Brownback-Altenburg se pronunciará a partir de esta semana sobre varios aspectos de procedimiento planteados por los abogados defensores. Los dos más importantes tienen que ver con la definición de lo que son o no pruebas “clasificadas”, y con los métodos utilizados durante los interrogatorios para hacer confesar a los detenidos.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.