EL MUNDO
El testamento que conduce al sano juicio de Pinochet
El juez Guzmán Tapia, ratificado al frente del caso “Operación Cóndor” contra el ex represor chileno, podría examinar su testamento como prueba de que no sufre demencia (el alegato de la defensa).
Los abogados que impulsan el juicio contra Augusto Pinochet por el caso “Operación Cóndor” pidieron que la Justicia examine el testamento del ex represor, como una manera de probar que no sufre demencia. “Este es un hecho fundamental para acreditar que Pinochet no se encuentra en estado de locura o demencia”, dijo el abogado Eduardo Contreras, al entregar su petición al juez Guzmán Tapia. El testamento de Pinochet entró en escena un día después de que el albacea de sus bienes, Oscar Aitken, despertara polémica al decir que es posible justificar la procedencia de hasta 15 millones de dólares de las cuentas secretas en el Bank Riggs de EE.UU.
Pinochet redactó su testamento y lo depositó en una notaría de Santiago en abril del 2002, tres meses antes de que la Corte Suprema lo liberara de un primer proceso, el 1º de julio de ese año, al considerar que sufría una demencia moderada que le impide defenderse ante los tribunales. Esa vez, Pinochet fue acusado de 75 asesinatos y secuestros, parte de los más de 3 mil muertos y desaparecidos que dejó su régimen, entre 1973 y 1990. Además del testamento, los abogados acusadores pidieron que comparezca ante el juez el notario Humberto Quezada, ante quien Pinochet formalizó el trámite y estampó su firma. “Como todos sabemos, es requisito absoluto para que una persona pueda testar que el notario, que es ministro de fe, y los testigos que acompañan al testador acrediten que se encuentra en su sano juicio”, explicó Contreras. Mediante este procedimiento, agregó el jurista, será posible establecer “quién faltó a la verdad: los que lo habían declarado loco por sentencia judicial, el notario o los testigos”.
El ex dictador chileno eludió el interrogatorio previsto para ayer en el juicio por los crímenes de la “Operación Cóndor”, pero también ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la gestión de Guzmán Tapia. Este pensaba interrogar al general Pinochet, a quien la Corte Suprema privó de su fuero el pasado 26 de agosto, a fin de que aclare su responsabilidad en esa operación secreta que aplicaron las dictaduras sudamericanas en los años ‘70, para eliminar a sus opositores. Cuando los abogados defensores de Pinochet pidieron a la Corte que inhabilitara al magistrado, el interrogatorio quedó suspendido hasta nueva fecha.
Las declaraciones de Oscar Aitken provocaron escozor ayer en Chile. “Pinochet podría justificar 15 millones de dólares”, señaló el domingo al diario El Mercurio el abogado y representante legal del ex dictador de 88 años, al referirse a sus cuentas en el Riggs Bank de Washington (reveladas por una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos el pasado 15 de julio). El actual ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, lanzó una indirecta advertencia sobre el enriquecimiento ilícito de algún “funcionario público”: “Yo le diría a la familia chilena que si hay algún asesor previsional que se acerca y le dice que le deje manejar sus fondos previsionales porque le va a dar una rentabilidad de 30 por ciento durante 30 años, denúncielo a la Justicia porque lo está tratando de estafar”, dijo.