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Con un país hundido en la violencia desde la escalada guerrillera de principios de año y la ruptura de las negociaciones con las FARC, el presidente Andrés Pastrana fue personalmente a Estados Unidos a gestionar con los congresistas de ese país y con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, una extensión del apoyo de la lucha antinarcotráfico a la lucha contra la insurrección. Motivos no le faltan. Por ejemplo, desde el lunes, rebeldes de las FARC y del ELN llevaron a cabo un asalto a tres poblaciones sureñas –con un saldo de tres policías y 30 guerrilleros muertos– y ayer se frustró un intento rebelde de volar un coche bomba cargado de 90 kilos de explosivos que iba dirigido a una unidad militar en Medellín. Alvaro Uribe Vélez, el candidato presidencial favorito a los comicios de mayo próximo, aprovechó estas ocasiones para cuestionar una vez más la capacidad del ejército en su ofensiva contra la guerrilla.
“Tenemos un enemigo en común: el narcoterrorismo”, dijo Pastrana en su pedido expreso a Washington para que extienda su apoyo contra el narcotráfico a la lucha contra la guerrilla. A tal fin, Pastrana se reunió ayer con congresistas norteamericanos y el secretario de Defensa, y hoy se reunirá con su homólogo norteamericano, George. W. Bush. Además, Pastrana insistió en la aprobación de la ley de Preferencias Arancelarias Andinas, medida comercial con la que Estados Unidos retribuye la lucha antidrogas, pero que no fue renovada cuando caducó por última vez en 1999. Actualmente, la ayuda militar norteamericana en Colombia está restringida a la lucha antinarcóticos. Pero tanto la extensión de la ayuda como las preferencias arancelarias están en cuestión por tratarse de un año electoral en EE.UU.
El panorama de ayer en Colombia daba dramatismo al discurso de Pastrana: hubo un asalto a tres poblaciones del sur de Colombia, duró 36 horas y dejó como saldo tres policías y unos 30 a 50 guerrilleros muertos. Un poderoso coche bomba, cargado con 90 kilos de explosivos, fue desactivado por el ejército que dijo haber evitado “una tragedia” y que iba a ser usado por las FARC para atacar una unidad militar en Medellín. Asimismo, presuntos guerrilleros de las FARC activaron una carga explosiva en Usme, cerca de una planta de gas.
En este marco se reavivaba la polémica sobre la capacidad de reacción del Estado y del ejército para prevenir incursiones rebeldes. Sobre todo a partir de la incursión desde el lunes hasta ayer de unos cientos de guerrilleros de las FARC y el ELN en los municipios de Génova, La Cruz y San Pablo, en el sureño departamento de Nariño. El gobernador de Nariño, Parmenio Cuellar, criticó la falta de atención del gobierno de Pastrana a sus advertencias de que esa ocupación estaba anunciada. “Esta situación se hubiera podido evitar, máxime cuando personalmente le comuniqué el jueves pasado al ministro del Interior, Armando Estrada, que estas poblaciones iban a ser objeto de ataques; esto fue una toma anunciada”, dijo el gobernador.
La denuncia de Cuéllar se suma a unas declaraciones del candidato presidencial, el disidente liberal Alvaro Uribe, quien lidera ampliamente las encuestas sobre intención de voto en la elección del próximo 26 de mayo, y que cuestionó la operatividad del ejército en el caso de la toma de los pueblos de Nariño. “¿Cómo no llegan los refuerzos de la policía y del ejército? ¿Cómo dejan secuestrar a los policías?”, se preguntó Uribe, señalando que “aquí hay mucho ruido, pero muy poquita acción y lo que necesitamos es acción y reacción”.
La declaración de Uribe obligó a la respuesta de Pastrana, desde Washington, que señaló que no se puede culpar al ejército o al gobierno por los actos terroristas, los secuestros y los asesinatos de grupos al margen de la ley. Pastrana señaló a Uribe que “quienes aspiran a la presidencia de Colombia deben entender que actuarán como comandantes supremos de las Fuerzas Militares con los cuales van a tener que trabajar”.