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Contra viento y marea es el título de una película y casi un cliché, pero explica la historia de Las Toscas, un pueblo de Santa Fe que acaba de conseguir la primera prueba judicial para seguir adelante con una pelea histórica contra una curtiembre. En un fallo inusual, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó a 160 pobladores que habían reclamado un embargo cautelar por casi 11 millones de pesos contra Arlei SA. Para proteger la fuente de trabajo, la Cámara no ordenó la caución, pero prohibió todas las operaciones de Arlei sobre el fondo de comercio. Aunque la medida no es el resultado del juicio, estaría indicando su orientación: según analiza el constitucionalista Daniel Sabsay, los jueces han visto semiplena prueba o verosimilitud en la demanda por daños y perjuicios. El fallo no sólo es importante para Las Toscas sino también para pobladores de otras regiones que intentan probar judicialmente el complejo nexo entre la actividad de las curtiembres y las patologías que pueden surgir.
La noticia del embargo contra la curtiembre llegó cuando nadie la esperaba. Los 160 pobladores de Las Toscas que participan del proceso habían hecho el reclamo al empezar el juicio, en agosto del año pasado. En el medio hubo un fallo en contra, de primera instancia, una apelación y, finalmente, llegó esta respuesta. Con el embargo, la gente se garantiza que cuando todo termine, si ganan, habrá alguien a quien cobrarle.
En el fallo, el tribunal de alzada hizo lugar a esa hipótesis, pero al mismo tiempo fue muy cuidadoso. Decidió no entorpecer la actividad comercial de la compañía. Por eso el embargo no le impide a Arlei, por ejemplo, suspender los movimientos bancarios ni paralizar sus cuentas, pero sí incide sobre el fondo de comercio. “Y ese fondo es el valor de mercado de la empresa, mayor a lo que habíamos reclamado”, advierte Santiago Kaplum, uno de los abogados patrocinantes del grupo. De acuerdo con Kaplum, hasta que termine el proceso Arlei no podrá transferir acciones ni intentar vender la compañía. Y éste es otro de los puntos novedosos de la decisión del tribunal de alzada: “El embargo es un hábil llamado de atención –dice Sabsay– porque no infiere sobre la actividad de la empresa: la pone bajo cautela y concilia los intereses de los ambientalistas”.
Esto, de hecho, fue lo que comenzó a hacer Arlei cuando empezaron las denuncias. La historia de la curtiembre empezó a conocerse en 2000 con una serie de campañas y denuncias disparadas por investigaciones de Greenpace en los alrededores de Arlei. Los estudios sobre muestras de suelo y afluentes de la curtiembre demostraron la presencia de cromo en cantidades treinta veces más altas que los niveles máximos permitidos. Aunque la empresa asegura que el cromo usado en el tratamiento del cuero no es el hexavalente –tóxico y cancerígeno– sino el trivalente, para los pobladores los resultados aun así parecen siniestros.
Entre ellos está Liliana Acosta, la mujer cuya historia ya se transformó en uno de los símbolos del pueblo. El 23 de noviembre de 2000, su hijo de seis meses amaneció muerto. Días más tarde, por un análisis del laboratorio Güemes se descubrió que Enzo Noe Bustamante tenía 0,20 mcg/l de cromo, es decir unos 0,15 mcg/l más que el tolerado. Los síntomas trastornaron a su madre: “Mi bebé se retorcía, doblaba las manos, lloraba con dolor y sus piernas se ponían rígidas, vomitaba verde”, escribió la mujer en su diario personal, ahora integrado al expediente tramitado en el Juzgado Nº 89 de la Capital.
Pero Liliana no es la única mujer que vincula la enfermedad con la actividad de la curtiembre. Hay tres grandes grupos de demandantes de acuerdo con los daños supuestos. El primero reúne los casos más graves, unas quince personas con enfermedades manifiestas y una familia que, como Liliana, responsabiliza a Arlei SA por la muerte de uno de sus hijos. Existe además todo otro grupo, de unas cincuenta personas, que presentó los resultados de los análisis de sangre y orina con valores de cromo ofenol en proporciones más altas a las normales. Finalmente están quienes se consideran perjudicados porque viven o han vivido cerca de la curtiembre durante muchos años y presuponen síntomas en el futuro. Entre ellos, están quienes intentaron dejar el pueblo y no pudieron hacerlo porque simplemente ya nadie quiere comprar casas vecinas a la curtiembre.