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Las anotaciones en la libreta negra encontrada hace dos años en poder de Vicente Serio, detenido por ser el eje de una red de prostitución y esclavitud de mujeres, eran claras respecto de la posible intervención en las coimas del comisario Amadeo D’Angelo, que hasta el martes fue jefe de la Policía Bonaerense. Bajo la palabra guía “arreglos” figuraba la “Jefatura Departamental Zona Norte” y a continuación una cifra de dinero. El jefe era, entonces, el comisario D’Angelo, pero la sospecha no le impidió llegar al cargo máximo de la fuerza. En dos años, entre los 19 policías y civiles involucrados, hubo un intercambio de “alrededor de cuatro millones de llamadas” telefónicas, aseguró a Página/12 una fuente judicial que confirmó la cifra varias veces, aunque sigue siendo demasiado contundente. Muchos llamados, incluido alguno de los allegados a Serio, fueron hechos al número directo de la Jefatura de Zona Norte. También llamaban varios policías involucrados que, por su jerarquía o función, no tendrían razones válidas para llamar tan seguido al despacho del jefe.
En el allanamiento realizado en la casa de D’Angelo, en Pringles 865 de Quilmes, se hizo “un inventario de los bienes muebles e inmuebles”, dijo el vocero. “Lo que se trata de establecer es a nombre de quién está la propiedad, si hay otras propiedades, autos, cuentas corrientes, movimiento de las tarjetas de crédito y todo aquello que pueda servir para establecer el patrimonio, no sólo de D’Angelo sino de todos los imputados”, precisó la fuente. En la casa del ex jefe de la Bonaerense se secuestró documentación considerada como “valiosa” y ahora se hará una evaluación para saber si el nivel de vida de la familia coincide con el dinero blanco que ingresaba a la casa. Los 19 imputados, que todavía no están procesados ni han prestado declaración indagatoria, están sospechados por el delito de cohecho, pero podría sumarse el cargo de “enriquecimiento ilícito”.
Las fuentes explicaron que el entrecuzamiento de llamados incluye “a los 19 involucrados” y fue hecho sobre el registro diario de “sus números particulares, celulares o de sus oficinas, pero no hay escuchas ni grabaciones”. El entrecruzamiento fue realizado, en los últimos cinco meses, cuando la causa por cohecho, separada del expediente madre (ver aparte), cayó en manos del fiscal Edgardo Ledesma, con intervención del juez de Garantías Oscar Quintana. En la última parte del allanamiento del martes en casa de D’Angelo estuvo presente el entonces jefe de la Bonaerense, quien fue llamado por uno de sus familiares.
El secretario de Gobierno de San Miguel, Oscar Zilocchi, otro de los integrantes de la cadena telefónica, dijo ayer que se sentía “humillado como persona” por el operativo que se hizo en una casa en la que ya no vive. Allí habita su ex mujer, que durante el operativo policial se acordó muy mal de su ex pareja. “Lo insultaba todo el tiempo”, admitió a este diario un funcionario policial que participó en el operativo. Zilocchi vive en otro domicilio, con su actual mujer.
Tampoco la pasó bien Claudio Pérez, el titular del Concejo Deliberante de San Miguel, quien hace unos días había sido el blanco de un escrache por la privatización del servicio de cobro de impuestos, que ha derivado en muchos juicios por desalojo abiertos por la empresa concesionaria. En su casa de Bella Vista se habían reunido los vecinos para un nuevo escrache, cuando llegó la policía. Desconcertados, los manifestantes comenzaron a insultar a Pérez pensando que era él quien había enviado a los uniformados para reprimir. Cuando supieron la verdad, todos comenzaron a aplaudir el procedimiento.
Además de D’Angelo, Pérez y Zilocchi, están imputados los policías Luis Botey, Néstor Benedetti, Ricardo Tysynski, Hugo César Rodríguez, Dámaso Cyril Villalba López, Luis Vargas, Jorge Pissaco, Pedro Morell, Jorge Alcalde y Néstor Alberto Disetta y los funcionarios municipales Rubén Amieiro, Alberto Sagasti, Carlos Ramo, Jorge Elhaibe, Omar Aranda y Luis Martínez. Todos ellos podrían ser llamados a prestar declaraciónindagatoria en los próximos días, una vez que se analice la documentación encontrada en los procedimientos.
El elemento fundamental de la investigación sigue siendo la libreta que tenía el procesado Serio y que se ha transformado en una herencia macabra para todos. “Es muy claro lo que allí se dice: hay nombres, teléfonos, cifras y datos muy concretos que están señalando la presencia de maniobras que deben ser investigadas a fondo”, explicó la fuente judicial. La sospecha que subsiste es que alguno de los funcionarios municipales podría haber tenido una participación “central” en el negocio de la prostitución.