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El gobierno del presidente chileno Ricardo Lagos logró ayer un acuerdo “histórico” con la derecha opositora, para reformar la Constitución legada por la dictadura del general Augusto Pinochet. El acuerdo eliminará, en marzo del 2006, los cargos de senadores designados sin votación popular, los de senadores vitalicios reservados para ex presidentes y devolverá al Poder Ejecutivo la facultad de destituir a los jefes de las fuerzas armadas.
Los partidos oficialistas agrupados en la Concertación Democrática y las corrientes opositoras, reunidas en la Alianza por Chile, llegaron a un acuerdo para destrabar “las reformas constitucionales duras”, como se conoce en Chile a la Constitución de Pinochet, las que estaban estancadas en el Parlamento desde 1989. La reforma, impulsada por la Concertación Democrática (CD), y que se hará efectiva en marzo del 2006, elimina los ocho cargos de senadores “designados” sin votación popular, incluidos cuatro representantes de las fuerzas armadas. También elimina los cargos de senadores vitalicios reservados para los ex presidentes y entrega al Poder Ejecutivo la facultad de destituir a los jefes de las fuerzas armadas y del orden: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía de Carabineros. El acuerdo también eliminó de la Constitución la mención al sistema binominal de gobierno, pero quedó excluida de la discusión su modificación, a la que se oponen los partidos derechistas Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Además, se les permitirá el voto a los chilenos residentes en el extranjero y se facilitará el otorgamiento de la nacionalidad a los hijos de chilenos nacidos fuera del país.
El presidente del Senado, Hernán Larraín, ante cuya presencia los dirigentes firmaron el documento que formalizaba el compromiso, afirmó que este paso “tiene un valor histórico muy significativo”. “Yo creo que la democracia chilena ha dado un paso adelante en el día de hoy”, agregó Larraín, miembro de la (UDI), que integra la coalición derechista que apoyó la dictadura del general Pinochet. El senador Andrés Zaldívar de la CD, por su lado, afirmó que con el acuerdo “termina la herencia pinochetista” porque “de la Constitución de Pinochet sólo queda su firma, prácticamente”. “Eso, obviamente, irrita a mucha gente, pero de la sustancia de su pensamiento, a esta altura, no queda casi nada”, agregó. “A partir de ahora, ciertamente, nos sentiremos mucho más reflejados en esta Constitución que siempre podrá ser perfeccionada, pero en la cual dejan de estar definitivamente algunas materias que entorpecían los acuerdos y los consensos posibles dentro de la democracia”, dijo el ministro del Interior, José Miguel Insulza, que participó directamente en las negociaciones. “Nosotros estamos muy contentos de este consenso a que se ha llegado con los partidos para empujar las reformas con un texto claro, que ciertamente también es vinculante para el gobierno”, agregó. Las enmiendas a la Carta que dictó Pinochet, en septiembre de 1980, fueron aprobadas hace tres años por la Cámara de Diputados, donde son mayoría las fuerzas oficialistas: la CD, el socialismo, el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y el Partido por la Democracia (PPD). Pero la discusión, que ahora quedó despejada, se estancó por más de dos años en el Senado, donde existe un virtual empate entre la coalición de gobierno y la derecha.
La histórica medida se tomó a una semana de que el juez Juan Guzmán Tapia, a cargo del caso “Operación Cóndor”, interrogara a Pinochet y que se le realizaran exámenes médicos que según los peritos de su defensa arrojaron resultados de “pérdida de memoria”. Pinochet también está imputado por sus millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de Washington, descubiertas por una investigación del Senado norteamericano.