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Esta semana el gobierno venezolano intentará sentar a la mesa de diálogo a todos los sectores del país, incluso a los más radicales de la oposición. En un viraje absoluto respecto de los tres años de gobierno anteriores, Hugo Chávez busca que la Iglesia Católica venezolana –la misma que apoyó el golpe del empresario Pedro Carmona– oficie de mediadora en las negociaciones. El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, ya inició el juego: ayer se reunió con el cardenal José Ignacio Velasco, arzobispo de Caracas. Y, luego del encuentro, Velasco convocó a un encuentro de la Conferencia Episcopal para mañana con el objetivo de definir los términos de la participación eclesiástica en la concertación chavista. Hay más revelaciones sobre la mano de EE.UU. en el golpe.
Después de varios episodios de confrontación, Chávez parece necesitar redefinir su relación con la Iglesia, aun cuando la cúpula eclesiástica participó, el pasado 12 de abril, en el acto en el cual el empresario Pedro Carmona asumió como presidente del fugaz gobierno provisional. Aún más: en ese entonces, el propio Velasco fue uno de los que suscribió el acta constitutiva de once artículos que otorgó amplios poderes a Carmona. Pero Velasco fue también quien conversó con Chávez durante su cautiverio en la isla La Orchila. Y Chávez aludió públicamente a la importancia de ese diálogo en la madrugada del 14 de abril, en el discurso que dio al recuperar la presidencia. La participación de la Iglesia Católica en un proceso de acercamiento entre Chávez y la oposición había sido recomendada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, durante una visita que realizó al país la semana pasada.
Al mismo tiempo que propicia una política de consensos, Hugo Chávez confirmó ayer la apertura de expedientes penales a unos 30 altos oficiales activos que habrían participado en la intentona golpista. Según el diario El Nacional, entre los investigados se encuentran unos 16 miembros del Ejército, seis de la Guardia Nacional, cinco de la Armada y dos de la Aviación. Allí figuran el general Efraín Vásquez, ex comandante del Ejército; los contraalmirantes Carlos Molina Tamayo y Daniel Comisso; el general de la Aviación Pedro Pereira y el coronel de la Guardia Nacional Isidro Pérez Villalobos. Actualmente todos están bajo custodia domiciliaria.
Molina Tamayo, uno de los primeros uniformados en pedir la renuncia del gobierno de Chávez en el mes de febrero, durante la seguidilla de pronunciamientos que se conoció como “el goteo militar”, fue señalado ayer por el periódico Ultimas Noticias como el destinatario de una carta de Luis Herrera Marcano, el encargado de negocios de la embajada de Caracas en Washington. La carta hacía referencia a “una llamada telefónica” que hizo “Phillip Chicola, del Departamento de Estado”, “la mañana” del 12 de abril para comunicar que “Estados Unidos considera indispensable que se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del presidente Chávez y que, de haber recurso al Tribunal Supremo, éste también se pronuncie afirmativamente”. Y continuaba: “El señor Chicola dejó muy claro que no se trataba de una imposición, sino antes bien de una exhortación a facilitarles a ellos dar formalmente el apoyo a las nuevas autoridades”, a causa de las “normas legales” que “obligaban” a las autoridades de EE.UU. a “dar cuenta al Congreso de cualquier interrupción en la legalidad constitucional de un país del Continente y, eventualmente, a suspender todas las actividades de cooperación”. A la vez, el Washington Post reveló ayer que Molina Tamayo también fue contactado en febrero por Michael Ferber y Elizabeth Winger Echeverri, miembros del Instituto Internacional Republicano. “Sentimos que actuábamos con el apoyo de Estados Unidos”, dijo Molina Tamayo.