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Por Reed Lindsay
Desde Puerto Príncipe, Haití

Ya se llevaron los cuerpos, pero el charco de sangre seca en el callejón de tierra es la marca siniestra de que aquí hubo una masacre el martes 26 de octubre. Los vecinos de Fort National, que como casi todas las barriadas pobres de esta capital es un bastión del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, se reunieron alrededor de la sangre oscura el miércoles por la mañana. Algunos, que tienen miedo de dar el nombre, dicen que fueron policías con máscaras negras de esquiador los que balearon a doce personas y después se llevaron los cuerpos. Ya hay tres familias que identificaron cuerpos de parientes en la morgue, mientras que otras hace días que no ven a los suyos y ya temen lo peor.
“Los policías van a decir que fue una operación contra las mafias. Pero eran inocentes”, dice Eliphete Joseph, un joven que viste una camiseta azul de básquet y dice con lágrimas en los ojos ser amigo de varios de los muertos. “Lo peor es que Aristide está en el exilio, lejos, en Sudáfrica, y nosotros estamos en Haití perseguidos porque vivimos en un barrio pobre.”
Dos días después, el jueves 28, en otra villa cercana y también conocida por su militancia pro Aristide, los vecinos denuncian que hombres de uniforme policial y máscaras negras ejecutaron a cuatro muchachos. Al día siguiente, viernes 29, sus cuerpos yacen boca abajo en la calle de tierra, cubiertos de moscas cerca de una pila de basura. Tienen las manos atadas con cordones de zapatillas y los dedos de dos están quemados, una señal de tortura.
Los asesinatos son los ejemplos más recientes de lo que los grupos de derechos humanos describen como una campaña de represión contra los partidarios de Aristide, que fue sacado del país el 29 de febrero por los marines norteamericanos. Los EE.UU. dicen que el presidente renunció, pero Aristide denunció que fue expulsado contra su voluntad en un golpe de Estado. Algunos haitianos están comparando la situación con la dictadura militar de 1991-1994 y con el régimen de François “Papa Doc” Duvalier y de su hijo Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, entre 1957 y 1986. Pero una diferencia, dicen, es que este régimen tiene la bendición de la comunidad internacional.
Ni los Estados Unidos ni las Naciones Unidas, que mantiene una fuerza de paz de más de 3000 hombres en Haití, censuraron los abusos cometidos bajo el gobierno del primer ministro Gerard Latortue, que tomó el poder en marzo luego del exilio de Aristide. “Cuando mataban a 20 o 30 personas por año (bajo Aristide), llovían las denuncias contra su gobierno”, señala Brian Concannon, director del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití. “Ahora que matan a 20 o 30 en un día, nadie dice nada. Evidentemente hay un doble standard.”
La ONU y el gobierno haitiano niegan que las fuerzas de seguridad estén asesinando a opositores. “El gobierno no está violando los derechos de la gente”, dijo el ministro de Justicia y encargado de la policía, Bernard Gousse, hace dos semanas. “La policía tiene esto muy en claro. Tenemos que combatir a los terroristas pero también proteger a la población civil. No vamos a aceptar violaciones a los derechos humanos.” Gousse dijo que el gobierno está investigando un caso de supuesto abuso de los derechos humanos por parte de la policía.
Los observadores independientes en Haití admiten que es difícil documentar los casos de asesinatos, saber cuántos son exactamente y quién mató a quién. Hay muchísimos grupos armados en el país, incluyendo bandas que apoyan a Aristide y grupos que cambian de bando político. Pero a la vez, los ex miembros de las notoriamente corruptas y violentas fuerzas armadas de Haití, que Aristide disolvió en 1995, se pasean fuertemente armados por la capital y controlan amplios territorios en el interior. El gobierno no se ocupó de desarmar a estos ex soldados, pero sí lanzó una ofensiva en Puerto Príncipe contra los miembros del Partido Lavalas, los partidarios de Aristide, allanando casas y arrestando personas sin orden judicial. En las cárceles hay muchos prisioneros que nunca vieron un juez ni fueron acusados de algún crimen. Gerardo Ducos, a cargo de la misión observadora de Amnesty International en Haití, dice que los partidarios de Aristide fueron el blanco favorito de las violaciones a los derechos humanos desde la caída del presidente.
“Muchos de nosotros esperábamos que la situación de los derechos humanos mejorara tras la salida de Aristide. Pero ahora es peor”, explica Renan Hedouville, director del Comité de Abogados por el Respeto a las Libertades Individuales, Carli, un grupo que criticó fuertemente a Aristide por los abusos a los derechos humanos. “La comunidad internacional debe condenar los abusos. Si no tienen una posición clara, serán cómplices.”
La detención ilegal más conocida es la de Gerard Jean-Just, un cura católico que fue detenido sin orden judicial en su parroquia, el 13 de octubre, mientras atendía el comedor en el que alimenta a 600 chicos. Gousse dice que Jean-Juste es sospechoso de haber escondido a “organizadores de actos violentos”.
“Eso es completamente falso”, se defiende el cura, con un breviario bajo el brazo y a la sombra del enorme muro de cemento justo afuera de su celda en la penitenciaría nacional. Al preguntarle por qué fue arrestado, JeanJuste se encoge de hombros y mueve la cabeza. “No sé. Me dicen que fue detenido porque soy un potencial candidato a presidente”, dice. Jean-Juste es un amigo de Aristide que comparte su teología de la liberación e instaló un centro de ayuda a emigrantes haitianos en Florida. “Tenemos que volver a la democracia, al imperio de la ley. Yo viví muchos años bajo Duvalier. El mató a mucha gente, pero nunca puso preso a un cura.”
Hedouville, del Carli, dice que la mayoría de los presos son varones, jóvenes y pobres, que viven en las villas de la capital y que no necesariamente son políticamente activos pero encajan en el identikit de los militantes armados pro Aristide.
“Luchamos por tener una democracia en Haití pero desde que este gobierno subió esto es una dictadura”, dice Mario Joseph, abogado especializado en derechos humanos que durante el gobierno de Aristide trabajó para llevar a juicio a represores y ahora defiende a 54 personas que él define como presos políticos. El gobierno y la ONU defienden los arrestos como un intento de terminar con la violencia que causó decenas de víctimas en octubre. Acusan a los partidarios de Aristide de matar policías y tratar de desestabilizar al gobierno.
“Lo que hemos visto en este país en el último mes o dos es una recaída en la violencia brutal, organizada probablemente para provocar una desestabilización política”, dice Joao Gabriel Valdes, el brasileño que dirige la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización de Haití, Minustah. “Todo estado tiene derecho a defenderse.”
Las pruebas de esta desestabilización es escasa. Los tiroteos y los robos se han hecho muy comunes en Puerto Príncipe, pero no queda en claro si tienen móviles políticos. Gousse dice que sólo sabe de dos casos de saqueo y que los únicos policías muertos cayeron durante ataques en las villas.
En las últimas semanas, los medios locales se concentraron en el asesinato y decapitación de dos policías. Según el gobierno, estas muertes son parte de la “Operación Bagdad” organizada por partidarios de Aristide. Pero el gobierno no presentó prueba alguna de que las decapitaciones hayan sido actos políticos. Guyler Delva, presidente de la Asociación de Periodistas de Haití, dice que el nombre “Operación Bagdad” fue creado por el gobierno y no es usado por los partidarios de Aristide.
“Persiguen a la gente de Aristide porque le tienen miedo”, dice el abogado Reynold Georges, líder de un partido contrario a Aristide que defiende legalmente a Jean-Juste y a otros Lavalas encarcelados. “Mucha gente es leal al partido Lavalas. Créase o no, es cierto. Los pobres, las masas, todavía creen en Aristide.”