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Por Sandro Pozzi *
Desde Nueva York

La formación del equipo de gobierno del presidente George W. Bush se topa con un nuevo problema. Alberto R. Gonzales, candidato a ponerse al frente del Departamento de Justicia, está recibiendo estos días un duro ataque desde círculos militares y religiosos en EE.UU. por su particular opinión sobre el recurso a la tortura en los interrogatorios a prisioneros de guerra. El Senado debe examinar ahora su expediente para poder dar vía libre a su designación.
Gonzales es un veterano colaborador del presidente Bush, sobre el que la Casa Blanca deposita gran confianza y defiende. Pero su expediente plantea problemas. Como consejero jurídico de la Casa Blanca, se le solicitó en agosto de 2002 una “opinión legal objetiva” sobre los interrogatorios a presos. Antes, en enero de 2002, aseguró en un memorando que la guerra contra el terrorismo es “un nuevo tipo de guerra” que requiere que EE.UU. recurra a vías poco usuales para obtener información sobre posibles amenazas. En ese informe, se asegura que la Convención de Ginebra es “obsoleta” sobre el interrogatorio a presos y “limitada”.
Los primeros en lanzar la voz de alarma han sido un grupo de ex generales, que enviaron una carta al Comité Judicial del Senado en la que expresan a sus miembros su “gran preocupación” por la llegada del hispano al Departamento de Justicia. En la misiva piden al comité que “examinen” con detalle las opiniones del aspirante al puesto de fiscal general de EE.UU. sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra.
Joseph Hoar, ex jefe del mando central de las fuerzas armadas, es contundente a partir de estos informes y a partir de lo sucedido después en Afganistán, Irak y Guantánamo: “Gonzales no está calificado”. En la misma línea se pronunció James Cullen, antiguo juez militar en el Tribunal de Apelaciones del Ejército de Tierra, quien asegura que el hombre designado por George Bush para ponerse al frente del Departamento de Justicia “no posee el atributo básico de un fiscal general, que es buen juicio”.
Al rechazo de los militares se le sumó, además, el de un grupo integrado por 225 líderes religiosos, que cuestionaron las opiniones expresadas por parte de Alberto Gonzales para el recurso de la tortura en los interrogatorios. En un carta abierta, los religiosos piden al candidato que se comprometa a respetar la Convención de Ginebra y a hacer de EE.UU. un país líder en el respeto de los derechos humanos.
El grupo de religiosos denuncia y rechaza los informes elaborados por Gonzales para la Casa Blanca justificando el recurso a la tortura. “La tortura –física, psicológica, sexual o religiosa– degrada la dignidad humana. Nunca está justificada”, señalan, por eso piden que el futuro responsable de Justicia se pronuncie en contra de esta práctica antes de ser designado como el nuevo fiscal general de EE.UU.
Por su parte, el grupo Alianza para la Justicia denuncia que Alberto Gonzales está en el centro de la política seguida por la Casa Blanca para justificar los abusos a los prisioneros de guerra en Afganistán e Irak, que se destaparon a raíz del escándalo en la prisión de Abu Ghraib, en las afueras de Bagdad. “Gonzales elaboró informes en los que favorecía el uso de la tortura desafiando la Convención de Ginebra, el Derecho Internacional y las normas de decencia”, indican voceros de este grupo.
El Senado inició ayer las audiciones con los ocho nuevos miembros que integrarán el gabinete del presidente Bush, que el 20 de enero jurará su segundo mandato al frente del Ejecutivo de la nación. Gonzales tiene previsto pasar hoy por el examen de los senadores. Bush debe designar aún el aspirante a la Secretaría de Seguridad Nacional, después de que el antiguo jefe de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, se retirara voluntariamente por haber contratado a una inmigrante ilegal en su casa.
El senador republicano Orrin Hatch se mostró convencido de que Gonzales pasará el examen, a pesar de la controversia suscitada durante los últimos días. El Partido Republicano domina en la Cámara baja, lo que le permitirá sacar adelante las nominaciones. Pero los fieles del presidente Bush son conscientes de que el caso de Gonzales podría toparse con algunos problemas o maniobras dilatorias por parte de oposición demócrata. El senador Patrick Leahy ya ha dicho que será duro.
* De El País de Madrid. Especial para Página 12.