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Por Rodrigo Fernández *
Desde Moscú

Las protestas por la reforma social que acaba de entrar en vigor, y que contempla que los servicios antes gratuitos para una serie de grupos de la población, ahora son reemplazados por una compensación en dinero, se suceden día tras día en diversas ciudades de Rusia. Se trata de los primeros mitines masivos desde los tiempos de las famosas manifestaciones de los mineros en 1998. Pero esta vez los protagonistas son, ante todo, los jubilados, uno de los grupos más pobres de la población rusa. La pérdida de las ventajas sociales es un nuevo golpe para los más desposeídos, cuya situación el año pasado continuó empeorando: el costo de la “canasta de consumo mínimo” para los pobres subió en el 2004 en un 13,5 por ciento.
Las manifestaciones espontáneas son principalmente de jubilados, que de pronto se han visto obligados a pagar el transporte, que hasta el año pasado podían utilizar gratis. Las autoridades locales deben compensar en dinero a los jubilados por este servicio antes gratuito. Moscú ha encontrado recursos para continuar ofreciendo gratis el transporte colectivo a los pensionados, pero la mayoría de las ciudades no tiene medios suficientes para ello y ha optado por dar compensaciones. El problema es que en muchos casos éstas son insuficientes. Por ejemplo, a los jubilados de la provincia de Samara la compensación alcanza para sólo 18 viajes al mes, es decir, para sólo nueve días si se utiliza el mínimo de un solo transporte de ida y uno de vuelta. En la siberiana Altái, sólo para ocho días en trolebús o tranvía y para cinco en autobús.
Los que en peores condiciones se han visto son probablemente los que viven en las proximidades de Moscú, ya que muchos jubilados consiguen pequeños trabajos en la capital para compensar sus míseras pensiones. Es el caso de los pensionados de Jimki, localidad que de hecho ya forma parte de Moscú, pero que administrativamente pertenece a la provincia homónima. Por eso ahora esos jubilados deban pagar por el transporte en la capital, con el agravante de que en Moscú cuesta más caro que en las ciudades de las que vienen.
Un caso típico es el de Ludmila, una jubilada de Klin, en los alrededores de Moscú, que antes podía viajar gratis en los trenes de corta distancia. Ahora ya no, y como compensación –por todo, incluido por los remedios que necesita– le han dado 800 rublos (unos 22 dólares). Ludmila tiene a su hija en Moscú y hace las siguientes cuentas: “Tren, 75 rublos; autobús, 11; metro, 13; total 200 rublos ida y vuelta, es decir, me alcanza para cuatro viajes, y eso, sin comprar una sola medicina. ¿Cómo vivir así?” En el metro se han formado grandes filas para poder entrar, porque los controladores obligan a pagar a los ancianos que no son capitalinos. En los trolebuses y autobuses constantemente surgen conflictos con los jubilados que, aunque no sean moscovitas, se niegan a cancelar el pasaje y los inspectores entonces los hacen bajar a la fuerza. Hubo casos en que los pasajeros han salido en defensa de los pensionados, agrediendo a los controladores.
Las exigencias de los manifestantes son las mismas prácticamente en todas partes: transporte gratis y mantener las rebajas en los pagos de agua, luz, calefacción y teléfono que gozaban antes de que entrara en vigor la reforma, que atañe a unos 35 millones de habitantes. El descontento está golpeando no sólo la popularidad del gobierno sino la del presidente Vladimir Putin, a quien la gente responsabiliza por la pérdida de las ventajas sociales que antes tenían. “¡Que Putin pruebe a vivir con nuestras pensiones!”; “¡Ladrones, devuélvannos nuestras ventajas sociales!” se podía leer en las pancartas de los manifestantes que cortaron la carretera al aeropuerto Sheremiétevo-2.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.