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Juan Pablo II abandonó esta semana el Policlínico Gemelli de Roma y su entorno más inmediato hizo todos los esfuerzos y la puesta en escena para mostrar al mundo y a la Iglesia que Karol Wojtyla está en condiciones aceptables de salud y, sobre todo, con “capacidad para decidir”, tal como lo afirmó el cardenal italiano Camilo Ruini, el administrador apostólico de la diócesis de Roma. Lo cierto es que en el exclusivo entorno de la curia vaticana hace tiempo que, ante la fragilidad de la salud del Pontífice de 84 años, se ha desatado una sórdida disputa por el poder y la sucesión. Enfrentamientos y contiendas que, como en tantos otros temas del espacio institucional de la Iglesia Católica, nadie o casi nadie admite en forma expresa, aunque sea evidente a los ojos de cualquier observador medianamente informado. Algunas preguntas caben en este momento frente a la imagen de un Pontífice claramente debilitado en sus capacidades físicas, sometido a grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones protocolares y sobre quien pesan grandes incógnitas acerca de su capacidad real para el efectivo gobierno de la Iglesia: ¿puede el Papa renunciar? ¿A quiénes favorece su permanencia en el pontificado?
Personalidades importantes en la Iglesia Católica como el cardenal Aloisio Lorscheider (Aparecida del Norte, Brasil) o Carlo Martini (emérito de Milán, Italia) han señalado que la renuncia del Papa sería una opción no sólo eclesiásticamente aceptable sino también una hipótesis a tener en cuenta desde el punto de vista humano, ante los esfuerzos que se le imponen al Pontífice en un estado de salud cada día más deteriorado. El propio cardenal Angelo Sodano, italiano, secretario de Estado del Vaticano y, hoy por hoy, el segundo dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, admitió la posibilidad de la renuncia pocas horas después de que Juan Pablo II fuera internado en el Policlínico Gemelli. El cardenal argentino Jorge Mejía recordó que la dimisión del Papa “es posible” y está contemplada en la legislación eclesiástica. Y agregó que “nosotros esperamos que el Papa siga tirando mientras pueda. Pero cuando no pueda, es su conciencia la que a él lo pondrá delante de su renuncia”.
En el Concilio Vaticano II (1962-65), a través del decreto Christus Dominus, el episcopado católico señaló que si “por edad avanzada u otra causa grave, se transformen (los obispos) en incapaces de realizar su labor, se les ruega que presenten su renuncia a las tareas, sea por espontánea voluntad, sean invitados por la autoridad competente”. Por otra parte, el llamado Motu Propio Ecclesiae Sanctae (1966) fijó en 75 años la edad máxima para que los obispos ejerzan el gobierno de las diócesis. La norma, del papa Pablo VI, fue confirmada en la reforma del derecho eclesiástico vigente desde 1984 en la que “se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo” (canon 401 del Derecho Canónico). Del mismo modo, desde el pontificado de Pablo VI se decidió que los cardenales con responsabilidades en el gobierno central de la Iglesia y en la curia romana deberán presentar sus renuncias a los 75 años, aunque permanezcan como electores del Papa hasta los 80.
¿Por qué no se aplican las mismas normas para el Papa?, se preguntan muchos. Y otros recuerdan que el mismo Derecho Canónico considera la posibilidad de tal renuncia: “Si el romano Pontífice renuncia a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie” (canon 332). Muchos son los rumores, nunca confirmados, acerca de que Juan Pablo II habría firmado desde hace tiempo una carta de renuncia, que está en poder de sus más fieles e inmediatos colaboradores con la instrucción precisa de que se use en el momento oportuno. El cardenal Mejía recordó días pasados que “antes era un secreto, pero ahora se sabe que Pablo VI tenía escrita una carta en la que decía que si se llegaba a encontrar en estado de completa invalidez tenía que considerarse vacante la Sede Apostólica y proceder a elegir a su sucesor”. Los argumentos en contra de la dimisión giran fundamentalmente en torno a que a cualquier sucesor se le haría muy difícil el gobierno de la Iglesia estando en vida un antecesor renunciante, máxime cuando se trata de una personalidad como la de Wojtyla, un Papa que gobernó por más de un cuarto de siglo con un estilo muy personal y que conformó, además, un colegio de electores, hoy compuesto por 120 cardenales, con grandes afinidades con su mirada y dispuesto a no permitir cambios en el rumbo trazado.
No existe ningún precedente moderno que dé cuenta de la renuncia de un Papa. Recuerdan los historiadores eclesiásticos situaciones límite como de León XIII, quien ejerció el pontificado hasta los 93 años (entre 1878 y 1903) o la de Pío XII, que gobernó con graves problemas de salud entre 1954 y 1958.
A pesar de las declaraciones conocidas días atrás admitiendo la posibilidad de la dimisión papal, en Roma se afirma que uno de los cardenales más reacios a la eventual renuncia del Papa es Angelo Sodano, el mismo que en la Argentina estrechó relaciones con Carlos Menem. Junto a Sodano hay un grupo de cardenales conservadores, entre los que se cuentan el alemán Jozef Ratzinger (prefecto de la Doctrina) y entre los latinoamericanos el colombiano Darío Castrillón (prefecto de la Congregación del Clero), el chileno Jorge Medina (prefecto de la Congregación del Culto), el mexicano Javier Lozano y el también colombiano Alfonso López Trujillo, que son quienes actualmente ejercen en forma real el poder en la Iglesia a partir del deterioro de salud de Juan Pablo II. Estos, entre quienes se incluyen también candidatos a suceder al Pontífice, trabajan de manera incesante para proyectar una imagen de pleno ejercicio de funciones, que el Papa desmiente con cada aparición en público a pesar de la entereza y la voluntad que él mismo pone.
Otros cardenales –los ya mencionados Martini y Lorscheider entre ellos– y muchos obispos se sentirían más satisfechos con la dimisión del Pontífice, porque abriría la posibilidad de una renovación y, sobre todo, porque podría permitir romper el actual círculo de poder del grupo de los curiales instalados en el Vaticano. Ello sin perder de vista que en esta situación el propio Juan Pablo II ha tenido mucha responsabilidad, dado que con sus designaciones y a través de un pontificado tan extenso, fue confirmando un cuerpo dirigencial en la Iglesia de características muy afines a su mirada y de perfil predominantemente conservador. Otro de los obstáculos para la dimisión del Papa es que se trata de una figura carismática que ha trascendido al catolicismo y que ha sido adoptado como imagen mediática por el sistema. Por estas razones, y porque en la gran mayoría del catolicismo existe gran respeto por Karol Woj-tyla, muchos que en la Iglesia consideran que el Papa debe renunciar –incluidos entre ellos, un número considerable de obispos– prefieren guardar silencio al respecto. Mientras tanto, en Roma, los cardenales encabezados por Sodano ejercen el poder real en la Iglesia Católica amparados detrás de un Juan Pablo II debilitado en todo sentido.