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Por Verónica Gago

Oscar Olivera es dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba y uno de los referentes principales de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, la organización multisectorial que en el 2000 protagonizó la guerra del agua que acabó con la expulsión de la trasnacional Bechtel (la misma empresa que privatiza el agua en Irak), a la vez que inauguró una modalidad de cogestión entre la empresa estatal Semapa y las organizaciones comunitarias y campesinas de la zona. Olivera, junto a Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, lideran la movilización contra la privatización del agua. De hecho, la experiencia realizada en Cochabamba es un antecedente tenido en cuenta en El Alto para pensar el momento después a la expulsión definitiva de Aguas del Illimani hoy tan en cuestión. Junto a Evo Morales y otros tres líderes de la región, Olivera firmó anteayer un comunicado que, ante la amenaza de renuncia del presidente Carlos Mesa, ratifica las demandas de los sectores movilizados. Hidrocarburos, agua y Asamblea Constituyente son las claves por las que pretende avanzar el movimiento social. Insisten en que tales demandas no iban dirigidas a Mesa sino al Poder Legislativo, por lo que su ensayo de renuncia no hizo más que desviar el eje de las protestas. Según Olivera, el gesto precipitado e inesperado de la renuncia de Mesa se debió a que “tuvo miedo de la unidad, porque el mismo día de su renuncia los medios anunciaron reuniones secretas entre Mamani, Evo, yo y otros dirigentes, dándoles un carácter que no tenían...”. Desde Cochabamba, Olivera dialogó con Página/12 para hacer un análisis del momento que atraviesan los movimientos sociales.
–¿Por qué sostienen usted y Evo Morales que la presentación de la renuncia de Mesa fue un chantaje?
–Porque Mesa siempre ha tenido esa actitud. También en el referéndum por la ley de hidrocarburos decía: “O contestan a todas las preguntas o me voy”, cuando se supone que un referéndum debería ser transparente y sin presiones, ya que para eso se hace la consulta. Luego presentó la llamada ley corta de hidrocarburos en septiembre de 2003 y dijo exactamente lo mismo. Ahora, de nuevo, dice: “Si aprueban el 50 por ciento de regalías y no el 18 por ciento, me voy”. Fue al Congreso y dijo que si se modificaba algo de la ley en cuanto a los porcentajes, renunciaba. Y puede chantajear porque sabe que detrás de él no existe una tendencia más progresista, sino que los que podrían sustituirlo son más reaccionarios. Fue el temor a la unidad lo que precipitó a Mesa, porque el día de su renuncia los medios anunciaron reuniones secretas entre Mamani, Evo, yo y otros dirigentes, dándoles un carácter que no tenían...
–¿Cómo evalúa el discurso de Mesa en el que responsabilizaba a los movimientos sociales por el colapso de Bolivia?
–Lo más grave no es la actitud de chantaje, sino que de manera abierta en su mensaje dijo que no vamos a cambiar de modelo. Dijo claramente que somos una colonia y que él no está dispuesto a descolonizarnos. Su discurso fue muy impactante para las clases medias y a la vez se aprovecha de la falta de información de la gente. Por ejemplo la mayoría no sabe que si se aprueba sólo el 18 por ciento de regalías se le arrebatan al país 8000 millones al año de ingresos al pueblo para caminos, educación, salud y vivienda. Mesa, además, está acompañado de un gran aparato comunicacional. Todos le responden excepto un medio nacional que es propiedad de la oligarquía cruceña. La TV muestra las marchas de 400 personas de apoyo a Mesa, pero ignora el cabildo abierto de 50.000 personas que se realizó ayer en El Alto.
–¿Cuál es la situación actual de los sectores movilizados?
–Desde los movimientos hemos tenido grandes dificultades para que las ciudades puedan involucrarse en estas movilizaciones que son parasolucionar los problemas vitales. La gente del campo es la que está más consciente de la importancia de estas cuestiones. Hay un dato que sirve para entender esto: de acuerdo al PNUD, el 60 por ciento de los bolivianos vivimos por debajo de la línea de pobreza, y en el campo esa situación es la del 90 por ciento de la gente. Pero por lo que estoy viendo, incluso en zonas campesinas y zonas importantes de bloqueo como el norte de Santa Cruz y ciertos lugares en el centro como Chuquisaca, han decidido levantar los bloqueos para ir a una especie de cuarto intermedio. Esto nos preocupa mucho. Es entendible porque llevaban una semana de bloqueos, pero hay que considerar también que el golpe mediático de Mesa ha confundido mucho. Hay una presión social de las ciudades para que los bloqueos terminen. Y este espacio de mayor maniobra que ha logrado Mesa lo podría habilitar a medidas de fuerza tales como usar a los militares para desbloquear y abrir procesos judiciales a los dirigentes. Esta recuperación de legitimidad incluye el apoyo de los alcaldes de La Paz y El Alto. Aquí quedaríamos aislados en Cochabamba y en El Chapare: los cocaleros, los regantes y demás movimientos de aquí.
–¿Por qué ustedes no levantarán los bloqueos más allá de lo que pase en el Congreso?
–Porque esto puede posibilitar que instalemos una agenda común, ya que estos últimos días los movimientos han estado un poco dispersos y no ha habido un estado mayor del pueblo que pueda unificar las demandas. Nuestro esfuerzo es por la unificación del movimiento social. El trabajo mayor ahora es volver a las bases y que los movimientos recuperen autonomía. Esto lo hemos conversado también con Abel Mamani. De todos modos, haremos una evaluación conjunta entre hoy y mañana.
–¿Qué va a pasar con Aguas del Illimani: se la expulsa definitivamente o se queda?
–Se está llegando a una especie de empate porque ya se ha decidido que Suez se vaya. Es un hecho, decidido hasta por el propio Mesa. Pero eso ahora va a tener un proceso de auditoría con control social. No va a ser inmediato. Lo decisivo aquí es qué tipo de empresa se está pretendiendo implementar. Si se derrota la ley de hidrocarburos por la que nos movilizamos, se complica también la situación de Aguas del Illimani y tal vez se imponga una sociedad anónima mixta para aplicar un modelo de gestión semiprivado. Lo fundamental es la lucha entre los que queremos que Bolivia sobreviva y los que están con la antipatria, es decir, Mesa, los partidos políticos y la cooperación internacional que quieren llevar al país a una actitud humillante.