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No hay dudas de que a dos días de haber sido elegido como Benedicto XVI y a tres de asumir su pontificado, Josef Ratzinger recibió un regalo que seguramente no considerará caído del cielo. Hoy, el Parlamento español votará el proyecto de ley de matrimonio gay, uno de los temas más urticantes para la Iglesia Católica y buena parte de las confesiones de la línea ortodoxa. Precisamente ayer, los obispos españoles, y las iglesias ortodoxas instaladas en España, salvo la musulmana, firmaron un comunicado en contra del tratamiento del proyecto de ley. Se descuenta su aprobación, ya que fue presentado por el gobierno socialista de José Rodríguez Zapatero, que cuenta con mayoría parlamentaria. Pero más allá de que sea o no aprobado, el solo debate en el Parlamento impulsado por el gobierno podrá leerse como una posición política frente a la elección del ultraconservador Ratzinger.
En realidad, la modificación al Código Civil es ínfima, pero de profundo significado: la propuesta tiene un solo artículo y se limita a sustituir las palabras “el marido y la mujer” por “los cónyuges”.
En España, el impulso a la legalización de los matrimonios gays lo dio Zapatero entre sus propuestas de campaña a la presidencia. Cumpliendo con ese propósito, en octubre del año pasado ya instaló el debate aprobando el proyecto para enviarlo al Parlamento. En aquel momento, el ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, defendió el proyecto criteriosamente: “Las personas que profesan la religión católica –dijo– tienen derecho a contraer el matrimonio que ellos consideran único e indivisible, pero eso no obliga al resto de los ciudadanos”.
La iniciativa había sido duramente criticada por el ahora Papa en noviembre del año pasado. En una entrevista con un diario italiano, el entonces cardenal Josef Ratzinger aseguró que el proyecto significaba la “disolución de la familia” en España.
El proyecto contará con el apoyo del grupo socialista, mayoritario en la Cámara, y el de los independentistas catalanes de ERC, además de otros grupos minoritarios de iz-quierda, como la coalición Izquierda Unida. Los nacionalistas moderados catalanes de CiU y los vascos del PNV han dado a sus parlamentarios libertad de voto para el debate de mañana. Así también, se descuenta el rechazo de los diputados del Partido Popular conservador.
El gobierno sostiene la presentación del proyecto porque asegura que permitir el matrimonio entre homosexuales es cumplir el mandato constitucional de remover las barreras de desigualdad y discriminación. Actualmente se calcula en alrededor de 4 millones los beneficiarios que podrían acceder al matrimonio una vez que se legalice.
Quienes se oponen al proyecto apuestan por crear una figura jurídica específica para estabilizar las uniones entre personas del mismo sexo sin alterar la institución del matrimonio y sin darles el mismo rango. En la oposición, caldeada por la ortodoxia católica, el punto más polémico de la ley es que al establecer que los matrimonios tendrán los mismos derechos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, las parejas de homosexuales podrán adoptar menores legalmente.
Si el Parlamento aprueba el proyecto, España se transformará en el tercer país en el mundo en legalizar el matrimonio entre homosexuales. Ya lo aceptan Holanda y Bélgica, que dieron la bienvenida a la unión homosexual con la llegada del nuevo milenio.