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Por Elizabeth Nash*
Desde Madrid

En el mayor juicio en Europa contra presuntos extremistas islámicos que comenzó ayer en Madrid en una Corte especialmente construida para el propósito, 24 musulmanes se sentaron ayer en una cámara de vidrio blindada a prueba de balas para escuchar las acusaciones que los relacionaban con una célula de Al Qaida que se cree que ayudó a preparar los ataques del 11 de septiembre. Los acusados estaban sentados en bancos de madera dentro de su gigantesca pecera, donde conversaban entre sí, bebían de botellas de agua e intercambiaban sonrisas, saludos y señales con los pulgares hacia arriba con sus seres queridos en la parte pública de la Corte.
El principal acusado es Imad Eddin Barakat Yarkas, conocido como Abu Dahdah, considerado el líder de la célula Al Qaida en España desde 1995. Está acusado de reclutar y adoctrinar a combatientes para la Jihad y enviarlos a campos de entrenamiento en Afganistán. Está acusado de 2500 cargos de asesinatos terroristas, reflejando el número de víctimas de los secuestros suicidas del 11 de septiembre. Con barba, una calvicie pronunciada y anteojos, Barakat, de 42 años, estaba sentado tres bancos detrás en su encierro vidriado, mirando a su alrededor atentamente, saludando a compañeros detenidos. Se enfrenta a una sentencia posible de 62.512 años por ayudar a los pilotos a planear los vuelos suicidas sobre Nueva York y Washington.
Otros dos acusados de planear los ataques son el marroquí Driss Chebli de 33 años, que presuntamente ayudó a Yarkas a organizar una reunión de planeamiento en España en julio de 2001 a la que fueron Mohamed Atta y otro coordinador del 11 de septiembre, Ramzi bin al Shibh, y el sirio Ghasoub al Abrash Chalyoun, de 39 años, que filmó un video del Trade World Center, la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y otros sitios emblemáticos de Nueva York en una visita en 1997. Los demás están acusados de falsificación de dinero y documentos, fraude y posesión ilegal de armas y explosivos. Todos niegan los cargos contra ellos.
Frente a los acusados, muchos abogados de la defensa con togas negras se inclinaban hacia adelante como cuervos, mientras tres jueces se sentaban entre los lados, flanqueados por la bandera roja y amarilla de España y la amarilla y azul de la Unión Europea. Detrás de los jueces se veía un largo estante con cajas de archivo, conteniendo algunas de las 100.000 páginas de documentos acumulados durante años de investigaciones. Las banderas eran la única señal de una formalidad ceremonial en el juzgado luminoso y ventilado, rodeado por altas cercas de acero con ocho celdas subterráneas. Las persianas bajas apenas evitaban el brillante sol de primavera. Policías armados con armas automáticas y pistolas vigilaban el área mientras perros entrenados patrullaban el parque que rodea el edificio, y un helicóptero lo sobrevolaba.
El magistrado presidente, Javier Gómez Bermúdez, abrió la sesión apenas después de las 11 de la mañana –media hora tarde– y el secretario leyó los nombres de los acusados y los cargos en su contra. Uno o dos escondieron la cabeza entre sus manos, pero la mayoría mostró más interés que desconsuelo. El techo de la jaula de vidrio estaba separado con rejas para evitar que los acusados dañaran los micrófonos y las luces instalados ahí. Pero como los de adentro se quejaban de que no podían oír lo que sucedía y sus voces eran inaudibles para los de afuera, el primero en declarar, José Luis Galán, fue sacado a la Corte abierta y sentado en una simple silla de oficina frente al juez. Se unió al periodista de Al Jazzeera, Tayssir Alouny, el único de los 24 que está libre bajo fianza, al que le permitieron dejar la cámara a prueba de balas porque sufre del corazón. Otro acusado, Jamal Hussein Hussein, también pudo salir de lo quelas autoridades de la Corte llaman “la burbuja” y se sentó cerca de Alouny.
El drama de ayer se basó no tanto en el escenario como en los intercambios, las revelaciones a medias, la atmósfera de bajo perfil (parte de ceremonia del té, parte de reunión de negocios) de un juicio que puede llegar a durar hasta cuatro meses. Los abogados de la defensa creen que, habiendo muerto todos los perpetradores del 11 de septiembre, las pruebas contra los acusados de ayudarlos son meramente circunstanciales.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère