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Por Manuel Délano *
Desde Santiago

El informe con que el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen de Augusto Pinochet, el general Manuel Contreras, dio a conocer su versión sobre el paradero de 580 víctimas de la dictadura contiene numerosos errores y falsedades y forma parte de un “montaje”, según denunciaron ayer organizaciones y abogados defensores de los derechos humanos, que pidieron un juez especial para investigar el tema. El ministro del Interior, y recientemente electo secretario general de la OEA José Miguel Insulza se sumó a las críticas y afirmó que “hay una serie de casos en que nosotros disputamos la información que entrega Contreras”. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, informó que el pleno se reunirá en los próximos días para analizar el documento.
Insulza aseguró que aunque todavía no está listo su informe final ya puede afirmar que “hay algunas personas que aparecen muertas en el extranjero y nosostros sabemos que murieron en Chile. Hay algunas personas que aparecen muertas en enfrentamientos, sobre todo los que son responsabilidad de la DINA, y nosotros sabemos que fueron asesinados en prisión”. Según el ministro, el informe de Contreras no tendrá grandes efectos judiciales, excepto en los casos donde se desconoce totalmente el paradero de detenidos desaparecidos.
Desde la cárcel, donde cumple una sentencia de 12 años por el asesinato de un opositor, Contreras envió un documento a la Corte Suprema, al gobierno y al Consejo de Defensa del Estado, donde informa acerca de la fecha de detención, qué institución la practicó, destino inicial y final de 580 víctimas de la dictadura, la mayoría arrojados al mar. Endosa la responsabilidad de los crímenes a Pinochet, sus ministros y los otros jefes de las fuerzas armadas, sin eludir la de la DINA, pero exculpa a sus subordinados. Critica al ex dictador por guardar silencio y no defender a quienes cumplieron sus órdenes. Contreras adjudica 134 casos al ejército, 35 a la armada, 53 a la fuerza aérea y 94 al Comando Conjunto –un organismo de espionaje vinculado a ésta–, 92 a Carabineros, 35 a la policía civil y sólo 80 a la DINA. En los organismos de derechos humanos se considera que el general encarcelado tiene un doble objetivo, además de atacar a Pinochet. Por un lado, busca que se acumulen los procesos en su contra, para recibir una sola sentencia por todos los crímenes, y no una por cada delito. Por otro, quiere derribar la tesis del “secuestro permanente”, que ha permitido a los jueces eludir la ley de amnistía de la dictadura y dictar condenas, porque mientras no aparezca el cuerpo de la víctima o se compruebe en la Justicia su destino final, el delito de detención y desaparición se sigue cometiendo.
Algunos de los más de 100 errores que contiene el informe son burdos. De Alvaro Vallejos, detenido por la DINA y desaparecido en Colonia Dignidad, caso por el que está procesado el alemán Paul Schaeffer, señala que viajó a Canadá. De Máximo Gedda, a quien otros detenidos vieron sometido a torturas, indica: “Muerto en combate”. Lo mismo dice de Sergio Pérez, asesinado en un cuartel secreto de la DINA, al igual que su esposa, a pesar de que existen testigos de que estaba agónico por las torturas. Del gerente general de la mina de Chuquicamata, David Silberman, secuestrado por la DINA mientras estaba encarcelado, a quien otros prisioneros vieron en los cuarteles secretos de este organismo y que está desaparecido, señala que fue detenido por agentes de la ultraderechista Triple A de Argentina y lanzado al mar.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.