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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Después de un día de pausa por la festividad de Corpus Christi, la tensión volvió ayer a Bolivia. Se reanudaron las movilizaciones en la sede de gobierno, mientras el paro cívico alteño entraba en su quinta jornada y la popularidad del presidente Carlos Mesa caía a niveles record. Los sectores cercanos al MAS decidieron un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, al tiempo que la Federación de Juntas Vecinales alteña resolvía ayer caminos para profundizar las medidas de presión.
La autopista que une la sede de gobierno con la urbe indígena de casi 800.000 habitantes fue alfombrada de piedras y el tránsito fue interrumpido. Seis policías heridos y dos manifestantes detenidos fueron el saldo de la jornada en la que celebró el Día de la Madre Boliviana. El comandante de la policía, general David Aramayo, informó que los seis agentes fueron heridos en un ataque de los manifestantes desde una colina alteña durante el bloqueo de la autopista. “Fuimos sorprendidos porque ese bloqueo se inició a las cinco de la madrugada y sólo se pudo detener a dos manifestantes, quienes portaban dinamita”, señaló el jefe policial. También se informó del destrozo de casetas de cobro de peaje de la autopista. “Estamos totalmente convencidos de que hay elementos externos que están financiando en gran parte las movilizaciones”, acusó por su parte el ministro de Gobierno, Saúl Lara.
Luego de un frustrado llamamiento de dos militares de rango medio a derrocar al gobierno, el MAS intenta buscar algunas vías de superación de la actual crispación política y social. El diputado Gustavo Torrico anunció que su partido insistirá en unificar la agenda autonomista oriental con la de la Asamblea Constituyente del occidente, de modo de conformar una “agenda nacional”. Para ello, Evo Morales convocó al cardenal Julio Terrazas como mediador. En la homilía de la víspera, el purpurado había señalado que “mientras todos hablan de unidad, se preparan para la guerra”. Dicha unificación de agendas se está transformando en uno de los ejes discursivos del MAS frente a los sectores radicales. “El compañero (Jaime) Solares (líder de la Central Obrera Boliviana, COB, quien llamó a un golpe) piensa que la dictadura del proletariado está a la vuelta de la esquina”, subrayó un vocero de ese movimiento.
La dificultad es que la circulación de consignas entre las bases de los grupos “moderados” y “radicales” parece haber escapado al control de los dirigentes y borró en gran medida el reclamo del MAS de 50 por ciento de regalías por las compañías extranjeras que extraen petróleo y gas. Un ejemplo fue el cabildo del 23 de mayo, donde el reclamo de nacionalización –con apoyo en las propias bases del MAS, como lo reconoció el dirigente campesino Román Loayza– obligó al líder cocalero a jugar con las palabras, planteando que los hidrocarburos”, de acuerdo con la Constitución, ya están nacionalizados”, por lo que sólo resta sentar soberanía sobre los campos petroleros.
Según se conoció ayer, la imagen de Carlos Mesa no fue inmune a sus indecisiones, especialmente su negativa a promulgar la ley de hidrocarburos. Por primera vez desde el inicio de su gestión –según una medición de la consultora Apoyo–, la aprobación de la labor del presidente cayó por debajo de la mitad de los consultados, ubicándose en el 44 por ciento (10 puntos menos que en abril pasado). La mayor caída se produjo en la ciudad de El Alto, donde la imagen del ex periodista cayó 15 puntos en un mes. En junio de 2004, un mes antes de la convocatoria al referéndum por el gas, los índices de aprobación ascendían al 71 por ciento. En Santa Cruz –embarcada en una fuerte ofensiva autonomista–, la imagen del presidente se derrumbó al 18 por ciento. Entretanto, el líder del MAS apenas logra sumar un 22 por ciento de imagen positiva (con el atenuante de que la encuesta excluyó el área rural, donde el MAS es más fuerte).
El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, se comprometió a reanudar las sesiones en La Paz, el próximo martes. Pero algunos parlamentarios de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando expresaron que pedirán el cambio de sede a un lugar más calmo. “Nadie puede trabajar tranquilo con la amenaza de una dinamita en la cabeza. Por ahora será difícil que el Congreso celebre sus sesiones en La Paz”, alertó el diputado Dante Pinto, de la NFR. Unos 7000 campesinos permanecen en La Paz, precariamente alojados en la universidad y en locales sindicales. Y, según dijeron, piensan quedarse hasta que los legisladores den una respuesta a sus demandas. Al mismo tiempo Loayza anunció más bloqueos campesinos a partir del próximo miércoles.