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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

El camino hacia las elecciones generales, que permita la renovación del Parlamento junto a la elección de presidente y vice, no está tan despejado como parecía en un primer momento, cuando –ante la presión ciudadana– los parlamentarios se declararon dispuestos a dar un paso al costado. Ayer, mediante un acuerdo de jefes de bancada, decidieron que el inicio de las sesiones extraordinarias en las que deberán definirse las vías para posibilitar nuevas elecciones –sea la renuncia colectiva o una ley interpretativa de la Constitución– será recién a fin de mes.
“Si no hay un acuerdo político, se producirá un sentimiento de frustración y sólo habrá elecciones para cubrir la vacancia en el Poder Ejecutivo”, declaró el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, poniendo de relieve que el “renunciamiento histórico” reclamado por casi todos los sectores sociales encuentra reticencias entre sus colegas. En la mañana de ayer, el cuestionado senador –cuyo acceso a la presidencia fue abortado por violentas movilizaciones sociales– fue silbado durante un acto oficial en el marco de la ceremonia que “completó” la investidura de Eduardo Rodríguez Veltzé. El rechazo popular hacia él y Mario Cossío (presidente de Diputados) obligó a ambos jefes parlamentarios a abandonar el palco oficial. Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) presentó un proyecto de resolución de renuncia parlamentaria colectiva, definido por Evo Morales como una “respuesta a la demanda del pueblo”. “Hasta ahora, el ‘que se vayan todos’ está aún lejano y dependerá de la presión social”, dijo a Página/12 el analista Alvaro García Linera.
El aplazamiento del comienzo de las sesiones extraordinarias es leído como una maniobra para ganar algo de tiempo frente a las fuertes presiones sociales para que se celebren elecciones generales. Esa fue la única propuesta concreta que Rodríguez Veltzé llevó hasta la ciudad de El Alto el pasado domingo. “Las sesiones comenzarán el martes 28 de junio porque tenemos que hallar consenso para lo que haremos”, justificó Cossío al finalizar la última sesión ordinaria del período legislativo 2004-2005. La primera sesión extraordinaria tendrá una agenda ampulosa: deberá tratar la convocatoria a elecciones generales, a referéndum autonómico y a Asamblea Constituyente, además de la modificación de la ley de hidrocarburos.
Entretanto, en medio de la continuidad del “empate catastrófico” entre los actores políticos en disputa, la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz de la Sierra ratificó la autoconvocatoria a referéndum autonómico para el 12 de agosto próximo. Su presidente, Jesús Marcos López, aseguró al diario cruceño El Deber que la consulta popular se llevará a cabo porque el Congreso fue incapaz de fijar la fecha, a pesar de que es una petición legítima de más de 300.000 ciudadanos, cuyas firmas fueron reconocidas por la Corte Nacional Electoral. Los cruceños posesionarán este sábado al Comité Electoral encargado de llevar adelante el acto electoral de facto. Para juntar los fondos necesarios para la consulta apelarán a la contribución de empresas y ciudadanos cruceños. “No estamos haciendo nada ilegal, no estamos pidiendo la destitución del Presidente, ni estamos llamando a la sedición. Lo único que estamos haciendo es continuar con el referéndum, que no es otra cosa más que preguntarle a la gente si está o no de acuerdo con la autonomía”, señaló el líder regionalista. El MAS reaccionó con dureza frente a la decisión cruceña, a la que definió como “una provocación que coloca en riesgo la tregua que consiguió Rodríguez Veltzé”, luego de casi un mes de convulsión social. El ministro de la Presidencia, Iván Avilés, anunció que el mandatario viajará este fin de semana a la capital oriental para visitar al cardenal Julio Terrazas –mediador en la crisis política que culminó con la renuncia de Carlos Mesa– y “escuchar a diferentes sectores, reafirmando su compromiso para cumplir la Constitución Política del Estado”. Según el ministro, el mandatario no llevará propuesta alguna.
Entretanto, siguen en duda las elecciones de prefectos (gobernadores) convocadas para el 12 de agosto, visualizadas por Santa Cruz y Tarija como un primer paso para desmontar el “andinocentrismo” del Estado boliviano.
Una situación general que parecía encaminarse a una negociación y a un desenlace pacífico por medio de las urnas, por lo tanto, parece volver el juego a una posición parecida a la previa a la salida de Carlos Mesa.