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El primer ministro británico Tony Blair pronunció ayer ante el Parlamento la necesidad de “establecer una red que esté presente en las comunidades” islámicas, mientras que su ministro del Interior, Charles Clarke, se refirió al “papel crucial del contraespionaje” para prevenir futuros ataques al anunciar las nuevas medidas antiterroristas del gobierno, entre las que estará la creación de una base de datos de extremistas islámicos. El brutal descubrimiento a través de los atentados del 7-J de que jóvenes musulmanes británicos de barrio pudieron convertirse en terroristas suicidas sin que nadie detectase sus movimientos, llevará al Reino Unido a crear una policía especializada.
Una rama de Scotland Yard, la Unidad de Contacto con los Musulmanes, ya realiza un trabajo similar en algunas zonas de Londres y el diario británico The Guardian reveló ayer que estas unidades comenzarán a actuar en breve en el resto del Reino Unido. Estarán compuestas por agentes que conozcan el terreno, de ser posible las lenguas extranjeras que se hablan en las comunidades, sobre todo el urdu y el árabe, y su papel será el de prevenir posibles ataques islamófobos y detectar redes terroristas, como la célula durmiente de Beeston, el barrio de Leeds del que provenían tres de los cuatro suicidas. “El conocimiento profundo de las comunidades musulmanes es raro en la policía. Si querés entender quién es extremista y quién es peligroso, que son conceptos diferentes, tenés que entender a la comunidad”, declaró una fuente policial al diario, que insistió en que el trabajo se realizará a la luz del día. “No se trata de espiar”, aseguró. “Ultimamente todas las comunidades quieren tener buenas relaciones con la policía.”
Sin querer comentar los detalles concretos de la información de The Guardian, un portavoz del Ministerio del Interior (Home Office) aseguró ayer que el gobierno “aprecia el trabajo realizado por la Unidad de Contacto con los Musulmanes en Londres”, destacó la importancia “de establecer una alianza con los líderes de las comunidades” en todo el Reino Unido y apoyó el aumento de la presencia policial en aquellas comunidades “en las que el tema del terrorismo tenga un impacto importante”.
En sus comparecencias parlamentarias, ni Blair ni Clarke se refirieron a esta medida concreta, aunque sí a la necesidad de tener más información sobre el terreno, una labor que no será nada fácil porque el Reino Unido cuenta con 1,6 millones de musulmanes, un millón de ellos en Londres. “Nuestra estrategia en el futuro requiere un trabajo más a fondo con las comunidades islámicas”, manifestó Clarke.
Si los servicios de seguridad británicos hubiesen cruzado los datos que llegaron a tener sobre la mesa –el nombre de Mohammad Sidique Khan, el líder del comando, había aparecido en una investigación– con informaciones sobre el terreno obtenidas en Beeston –progresiva radicalización del grupo, visitas constantes a una librería islamista, expulsión de las mezquitas por extremista–, quizás hubiese saltado una alarma. Una fuente del espionaje señaló a la prensa que la información sobre el reclutamiento de islamistas radicales era actualmente similar a la que tenía la policía británica en los años ’70 sobre los movimientos del IRA en los barrios católicos de Irlanda del Norte: “Completamente nula”. El ministro del Interior, Charles Clarke, expuso ante el Parlamento las nuevas medidas que el gobierno británico presentará a la Cámara el próximo otoño, que perseguirán la incitación indirecta al terrorismo, la preparación de actos terroristas (como descargar a través de Internet instrucciones para fabricar explosivos) y la asistencia a campos de entrenamiento con fines criminales. La deportación o prohibición de hablar en público de los imanes radicalizados se ha convertido en caballito de batalla de los conservadores y los tabloides británicos.
Clarke aseguró que “esos comportamientos intolerables no serán aceptados” y anunció que ha establecido un acuerdo con Jordania, que piensa ampliar a otros países, para deportar a aquellos que violen las nuevas leyes, siempre que lo aprueben los tribunales. Abu tada, considerado jefe espiritual de Al Qaida en Europa, actualmente bajo arresto domiciliario en Londres y reclamado por la Audiencia Nacional de Madrid, es jordano. El Ministerio del Interior también establecerá una lista de extremistas islámicos de todo el mundo. Eso no significará, según Clarke, que automáticamente se les impida entrar en el Reino Unido, pero sí que sus casos serán estudiados atentamente. Blair, por su parte, anunció que pretende convocar una cumbre antiterrorista “en la que participen los 26 países en los que actúan redes de Al Qaida”. Tanto Clarke como el primer ministro fueron interrogados por un informe que establece una conexión entre el 7-J y la guerra de Irak, relación que ambos rechazaron rotundamente; pero también por unas controvertidas declaraciones del alcalde de Londres, Ken Livingstone, en las que aseguró que la política de Occidente en Oriente Medio impulsó a los suicidas. “Muchos jóvenes ven los dobles raseros, ven lo que ocurre en Guantánamo y piensan que no es una política exterior correcta. Occidente lleva ochenta años interviniendo en Oriente Medio porque necesita su petróleo”, señaló en la BBC el alcalde laborista, retratado ayer en la portada del conservador Daily Telegraph junto a dos imanes radicales bajo el título: “Los hombres que culpan al Reino Unido”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.