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Las “amenazas de la nueva era” abrieron en Europa un debate sobre el alcance de las medidas antiterroristas que es preciso llevar a la práctica luego de los atentados de Londres al tiempo que, en países como Francia, ya se tradujeron por una ofensiva contra los líderes musulmanes radicales. El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, aseguró que ante los discursos extremistas propagados en las mezquitas habrá “tolerancia cero”.
Sarkozy señaló además que privará de la nacionalidad francesa a los imanes que pronuncien discursos violentos o que exalten el integrismo, y ratificó que piensa “expulsar sistemáticamente a aquellos que no respeten los valores franceses”. Según fuentes de los servicios franceses de Inteligencia, de los poco más de 1000 predicadores musulmanes que hay en el país, 10 de ellos han sido fichados como “excesivos”. Un 20 por ciento de los mil imanes, en su mayoría de origen magrebí, posee nacionalidad francesa. Las medidas contempladas por el ministro se inscriben en el clima general europeo que tiende a combatir con medios jurídicos y policiales a quienes, con el resorte de la región y bajo la protección de los centros de culto, incitan a la violencia. Las propuestas de Sarkozy y las discusiones en curso en Bruselas sobre el refuerzo de las medidas de seguridad suscitaron un debate europeo en torno del riesgo evidente de que las libertades individuales se vean deterioradas.
Si los europeos están divididos en la búsqueda de un equilibrio pertinente entre la lucha contra el terror y el respeto de las libertades individuales, resulta obvio que el fracaso de la política de tolerancia que Londres mantuvo vigente con los militantes islamistas y los llamados “predicadores del odio” instalados en su territorio va a poner punto final a la “indulgencia” con las expresiones más radicales del culto. Desde principios de este año, París había desplegado “polos regionales del Islam radical” a fin de “detectar” a los núcleos más activos. Francia no es el único país que incrementó su maquinaria policial o judicial. Si en España no se han tomado medidas concretas contra los “imanes del odio”, en Bélgica el dispositivo existe desde el año 2000. Llamado primero “Plan mezquita” y luego “Plan radicalismo”, la estructura sirvió para realizar una “radiografía” de los protagonistas del extremismo discursivo. Austria, donde reside un cinco por ciento de musulmanes, aprobó a partir de enero pasado una legislación que contempla la expulsión de los imanes cuyos discursos representen “un peligro para la sociedad”. Alemania también estableció un esquema similar con una ley que abre las puertas de la expulsión a los “incitadores espirituales al desorden”. A pesar de las amenazas que pesan sobre ella y de las declaraciones a veces extremas de sus dirigentes políticos, Italia tampoco cuenta con una legislación precisa. Sin embargo, la muy xenófoba Liga del Norte de Umberto Bossi ya reclamó la adopción de una legislación más represiva así como un arsenal jurídico basado en el modelo del “Patriot Act” norteamericano. Con la excepción de Dinamarca, amenazada directamente por Al Qaida junto con Italia, los países nórdicos se niegan por ahora a ampliar sus leyes y prefieren actuar según cada caso que se presente.
Tan tolerados como vigilados, los imanes que hicieron de sus prédicas un campo de batalla se han convertido en una amenaza. Las leyes vigentes o en elaboración castigarán la blasfemia, la incitación al odio y otras figuras semejantes. Los defensores de las libertades individuales se preguntan con razón cuáles serán los límites de esos delitos. El terrorismo ha logrado cambiar las agendas políticas y también el tenor de las expresiones permitidas. Tal vez, algún día, el mero hecho de pintar un graffiti sobre la publicidad de alguna marca norteamericana equivalga a un delito como “incitación al odio” o “discriminación”.