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El gobierno de Tony Blair planea una nueva ley para instruir a los jueces sobre la interpretación correcta de la ley de derechos humanos. En declaraciones al programa radial político más importante del país, Today, la máxima autoridad judicial del Reino Unido, el lord chancellor Charles Falconer negó que el Poder Ejecutivo estuviera interfiriendo con la independencia del Poder Judicial. “La ley debe estipular que el ministro de Asuntos Interiores, supervisado por los tribunales, tiene que poner en la balanza la seguridad del Estado y los derechos individuales de los detenidos a la hora de decidir si la deportación está de acuerdo con la legislación británica. No queremos quitarles a los jueces el poder de decidir en cada caso. Lo que queremos es darles el marco en el que este poder debe ejercerse. Para esto quizá se necesite una ley que diga cuál es la interpretación correcta de la Convención Europea de Derechos Humanos”, indicó lord Falconer.
De este modo, el lord chancellor Charles Falconer procura evitar que la Justicia bloquee la deportación de 10 extranjeros “peligrosos para la seguridad del reino” anunciada el jueves. Entre los 10 detenidos el jueves se encuentra el clérigo radical jordano Abu Qatada, buscado por los atentados del 11 de septiembre en EE.UU. y del 11 de marzo en Madrid, y un grupo de aparentemente nueve argelinos, cuyos nombres no se dieron a conocer. El director del Servicio de Asesoramiento de Inmigración, Keith Best, indicó ayer al matutino The Guardian que el proceso de deportación puede tomar años. Una deportación tiene varias instancias de apelación: ante el Comité de Apelaciones de Inmigración, ante la Corte de Apelaciones de la Justicia ordinaria, ante la Cámara de los Lores y, en última instancia, ante la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo. La abogada de siete de los 10 detenidos, Gareth Peirce, quien cobró fama internacional por defender a cuatro irlandeses acusados erróneamente de un atentado, hecho llevado al cine en En nombre del padre, indicó ayer que la decisión del gobierno de instruir a los jueces sobre la correcta interpretación de la Convención constituía un “desafío constitucional”.
Mientras tanto, el clérigo musulmán Omar Bakri Mohammed se convirtió en el primer “deportado” bajo las nuevas reglas de juego del gobierno británico. El ministro del Interior Charles Clarke anunció ayer que prohibía el regreso del clérigo a Gran Bretaña porque su presencia no “era beneficiosa para la comunidad”. El clérigo se encuentra en el Líbano donde fue arrestado el jueves a instancias de Siria y luego puesto en libertad. Bakri abandonó el Reino Unido el sábado, un día después de que el primer ministro Tony Blair anunciara 12 medidas para combatir el terrorismo. El clérigo fue el fundador de Hizb ut-Tahir y Al-Muhajiroun, dos organizaciones radicales islámicas que Blair planea proscribir. El portavoz del clérigo en el Reino Unido, Anjem Choudray, calificó la decisión del gobierno británico de “escandaloso” ataque a la “libertad de palabra”, pero el moderado Consejo Musulmán Británico manifestó su beneplácito con la medida. “El vocabulario que lo caracteriza es extremadamente ofensivo y ha contribuido a la demonización de los musulmanes británicos”, dijo su portavoz.