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El fiscal especial que se apresta a decidir, en las próximas horas, si procesa a los más íntimos colaboradores del presidente George Bush y el vicepresidente Dick Cheney en el caso de la filtración ilegal del nombre de la agente clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Valerie Plame, tomó declaración, durante 22 meses, a medio centenar de cargos altos y medios, entre los cuales se destacan más de veinte colaboradores directos de la Casa Blanca. El presidente y el vicepresidente se sometieron a las preguntas del fiscal y de su equipo por separado en la Casa Blanca acompañados por sus abogado. “Es una investigación muy seria”, reconoció ayer Bush.
Patrick Fitzgerald ha hecho muy pocos anuncios en este caso. Pero ha presentado muchos escritos en las tribunales, donde tuvo que fundamentar su exigencia de que los periodistas involucrados en conversaciones con altos funcionarios altos y medios de la Administración Bush sobre Valerie Plame, esposa del diplomático Joseph Wilson –el hombre que denunció a Bush por exagerar el peligro nuclear iraquí–, debían prestar declaración ante el gran jurado a cargo de la investigación. Esos escritos cuelgan desde el viernes pasado de la página web del fiscal especial dedicada al caso Plame. Fitzgerald, según fuentes jurídicas consultadas, trabajó durante todo este caso con la ley de Protección de Identidades de Inteligencia de 1982, que prevé una pena de hasta 10 años de cárcel para las personas que violen dicha ley. Son mayoría los escépticos respecto del encaje de la citada legislación en este caso. Según se establece allí, comete el delito “cualquiera que teniendo acceso a información clasificada que identifica a un agente clandestino, revela intencionadamente cualquier información que identifique a un agente clandestino a cualquier individuo no autorizado a recibir información clasificada, sabiendo que la información desvelada identifica a tal agente y que Estados Unidos está adoptando medidas para ocultar la relación de dicho agente clandestino de inteligencia con EE.UU.”. Pero hay quienes creen que lo que ya se conoce públicamente –la participación de Irving Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, y Karl Rove, asesor principal del presidente Bush– permitiría aplicar la ley de 1982. “No sé si Fitzgerald va a aplicar esta ley. Lo que puedo decir es que no es, como se ha dicho, una ley que sea de imposible aplicación. Las condiciones que exige esa ley pueden estar perfectamente presentes en este caso. Si Libby y Rove supieron la identidad de la esposa del embajador Joseph Wilson por el memorándum clasificado del Departamento de Estado del 10 de junio de 2003, se cumpliría la más importante condición. Las demás son más fáciles de probar’, explicó a este diario Elizabeth de la Vega, 53 años, que acaba de abandonar la carrera tras 20 años como fiscal en Minneapolis y como fiscal-jefe de investigaciones penales en la oficina del fiscal en San José, en el distrito norte de California. Otras leyes federales que Fitzgerald y su equipo pueden utilizar: conspiración, remoción no autorizada o retención de documentos clasificados, espionaje.
Algunas de las personas relevantes que comparecieron ante el gran jurado o fueron interrogadas por el fiscal especial son el ex secretario de Estado Colin Powell; el segundo de Powell, Richard Armitage; el actual fiscal general, Alberto Gonzales; Condoleezza Rice; Stephen Hadley, actual Consejero de Seguridad Nacional; Irving Lewis Libby, jefe de gabinete de Cheney; Kart Rove, asesor del presidente Bush; George Tenet, ex director de la CIA; John McLaughlin, ex número dos de la CIA; Karen Hugues, ex responsable de prensa de Bush; Andy Card, jefe de gabinete de Bush, y Scott Maclellan, secretario de prensa de la Casa Blanca.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.