El presidente George Bush se dirigía anoche a un enfrentamiento con miembros de su propio partido mientras los republicanos en el Capitolio preparaban una ley para impedir que una compañía de Dubai se haga cargo de cinco puertos estadounidenses. El presidente indicó que vetará cualquier ley de ese tipo. “La postura del presidente no ha cambiado”, aseguró el vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, a los periodistas que acompañan al mandatario en Nueva Orleáns. “Continuamos trabajando junto al Congreso. Reconocemos que algunos miembros tienen temores. Los canales de comunicación están abiertos.”

Igualmente desafiantes los que se oponen a la compañía, DP World, que se hará cargo de las terminales estadounidenses, tampoco dieron señales de dar marcha atrás. El representante republicano Jerry Lewis, presidente del Comité de Consignaciones de esa cámara, estaba anoche planeando anexar una ley que bloquee la concesión al envío de 91 mil millones de dólares de ayuda a los estados devastados por el huracán Katrina. “Vamos a enviar una señal muy clara de que queremos tener los intereses estadounidenses asegurados por los líderes de Estados Unidos”, explicó. En una aparente referencia a la amenaza de Bush de vetar la ley, agregó: “Podríamos tener una confrontación al final del camino”. La disputa sobre el control de la gestión de los puertos –actualmente operados por la compañia británica P&O Ports– está recalentándose sorprendentemente y ha demostrado el nuevo énfasis de Estados Unidos en la seguridad desde el 11-S. La mayoría de los estadounidenses se opone a la concesión del control de la terminal, por 3,9 mil millones de dólares, a DP World.

Bush, sin embargo, piensa diferente y ha argumentado que no hay diferencia práctica entre que los puertos sean operados por una compañía británica o por una de los Emiratos Arabes. Ha amenazado con utilizar su primer veto en más de cinco años para bloquear cualquier legislación dirigida a detener la venta. La disputa también expone la debilitada posición política de Bush, sólo un año después de comenzado su segundo mandato, en el que está luchando con un nivel de popularidad de sólo el 34 por ciento, el más bajo hasta ahora. Ocho meses antes de las cruciales elecciones legislativas, los republicanos son conscientes del descontento por el manejo del gobierno en la guerra en Irak y en los días posteriores a Katrina, y no quieren dar lugar a una situación en la que los demócratas puedan criticarlos por ser suaves en cuanto a la seguridad nacional. La mayoría de los demócratas apoyaría una ley que bloqueara el acuerdo.

El viaje de Bush a Nueva Orleáns fue el décimo que realiza a la costa del Golfo desde que Katrina golpeó el verano pasado, matando a más de 1300 personas en tres estados y causando daños por miles de millones de dólares. No más de un tercio de la población de Nueva Orleáns ha vuelto a la ciudad. Todavía hay serias dudas sobre el futuro a largo plazo de la ciudad, dado que las casas de miles de residentes –la gran mayoría negros y pobres– han sido destruidas. Bush visitó el dique del Canal Industrial, que se rompió durante la tormenta y devastó el barrio Ninth Ward. Su caravana lo llevó a través del vecindario predominantemente negro que se mantiene en gran parte abandonado. La demolición de las casas más dañadas en esa área recién comenzó la semana pasada.

Las críticas resurgieron ayer de un lugar inesperado cuando Rick Perry, el gobernador republicano de Texas, criticó a Bush –que previamente ocupó ese cargo– por darle la espalda a ese estado. Dijo que Texas había lidiado con el mayor número de refugiados y, sin embargo, el gobierno federal estaba dirigiendo una mayor cantidad de fondos de emergencia a otros estados.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Laura Carpineta.