La jueza de instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, procesó ayer a los cinco detenidos de la causa por el crimen del policía Jorge Sayago. A cuatro de ellos –el aficionado a la caza de liebres Darío Catrihuala, los trabajadores del petróleo Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez, y el delegado del gremio municipal de Las Heras Ramón Cortez– les imputó los delitos de homicidio calificado y coacción agravada. Son dos figuras penales gravísimas, que prevén penas de 25 años y de 5 a 15 años, y no tienen prevista excarcelación. Después de las reformas que se incorporaron al Código Penal por presión de Juan Carlos Blumberg, en caso de ser condenados en el juicio oral, los cuatro recién podrían pedir algún beneficio –como libertad condicional o excarcelación– tras cumplir veinte años de la sentencia.

Al quinto detenido de la causa, el puntero del PJ Juan Domingo Bilbao, alias Chomingo, un conocido dirigente de Las Heras vinculado con el ex intendente Francisco Vázquez, le dictaron la falta de mérito en el homicidio y las lesiones leves y graves, pero lo procesaron por coacción agravada y entorpecimiento de transporte. Sería el único detenido con chances, algo remotas, de acceder a la excarcelación. Sólo recibiría ese beneficio si se lo condena a una pena de entre 3 y 8 años de prisión (aunque la coacción agravada prevé un castigo de 5 a 15 años). Aparte de dictar los procesamientos, la jueza trabó embargos sobre los bienes de los imputados. A los primeros cuatro les impuso un embargo de 50 mil pesos, a Juan Domingo Bilbao ordenó que le decomisen 10 mil.

Es probable que los procesamientos sean apelados por la defensa, por lo que la causa podría subir a la Cámara antes de pasar a juicio oral. Si se presenta otro recurso, seguiría camino hasta el Tribunal Superior de Justicia. Aunque la jueza prolongó el secreto del sumario, cerca del juzgado trascendió que en el expediente “hay pruebas de todo tipo, no sólo testimonios”. “Lo que hay es suficiente para decretar los procesamientos, después de que se reúnan más pruebas se verá”, dijeron a Página/12 en una charla telefónica desde el edificio de Tribunales de Pico Truncado. Ayer, los cinco detenidos fueron trasladados desde Puerto Deseado (hace once días que están detenidos en la alcaidía de esa ciudad, a 380 kilómetros de Las Heras). Fueron sometidos a un careo y a una rueda de reconocimiento.

A diferencia del 24 de febrero, cuando los cinco detenidos fueron llevados hasta Puerto Deseado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía, esta vez el traslado estuvo a cargo de la Gendarmería. Fue una medida preventiva, porque los familiares denunciaron que durante el viaje de Las Heras a Puerto Deseado fueron víctimas de golpes, amenazas y vejámenes. Ayer, la jueza les tomó declaración testimonial a los presos para comprobar si padecieron apremios ilegales. Según un comunicado de prensa del juzgado, el propio jefe de policía, Wilfredo Roque, denunció los apremios y pidió que se investiguen.

De los cinco detenidos, Cortez y Pérez ya tienen abogado defensor. Se llama Marcelo Fernández; ayer asumió la defensa pero aún no pudo acceder al expediente por el secreto de sumario. Cortez es afiliado al sindicato municipal. Pérez es mendocino y trabaja en la Electrificadora del Valle, que instala cables de alta tensión para Repsol. De los otros tres imputados sólo Juan Pablo Bilbao tiene relación con la actividad petrolera: es obrero de una de las muchas empresas tercerizadas que cumplen servicios para las tres grandes compañías de la zona (Repsol, Pan American Energy y Vintage Oil). El otro Bilbao, Juan Domingo (padre de Juan Pablo), es un dirigente local del PJ, jubilado, con antecedentes de peleas a cuchillo. Catrihuala se dedica a la caza menor. Salvo Bilbao padre, los demás tienen menos de treinta años.

Los procesamientos no serán la única noticia de la semana. En el juzgado anticipan que hoy o mañana habrá novedades. Lo más probable es que se produzcan allanamientos en Las Heras y Sarmiento (Chubut). Según fuentes policiales, en esa localidad se habría refugiado uno de los supuestos responsables del crimen de Sayago que aún no está detenido. En Las Heras –alguna vez un pueblo tranquilo– ya esperan nuevas detenciones.