La investigación ordenada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se centra en saber quién suministró el antibiótico Rifampicina a Slobodan Milosevic. Las sospechas recaen en su equipo de abogados. Prescripta contra la tuberculosis, la medicina tiene como efecto secundario la anulación de la efectividad del tratamiento contra la hipertensión que padecía el ex presidente serbio. Donald Uges, el toxicólogo holandés que la observó en su sangre antes del infarto que le causó la muerte, no descarta un suicidio o un intento por agravar su estado para lograr el traslado a Rusia. A la espera del informe toxicológico oficial, la mayor incógnita radica en saber cómo obtuvo un producto así en una prisión de alta seguridad de Naciones Unidas.

Que Milosevic seguía de manera errática el tratamiento para controlar su presión arterial no es nuevo. En el año 2004 se le hicieron ya análisis para averiguar por qué no hacía efecto la medicación prescripta por los especialistas holandeses. Entonces se llegó a la conclusión de que no tomaba bien las pastillas para bajar la tensión. A Geoffrey Nice, uno de los fiscales del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), le pareció que lo hacía “para retrasar o descarrilar el juicio” (por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en los Balcanes). Una cosa parece estar clara: si la Rifampicina no fue recetada por los médicos holandeses, debió llegar de afuera. Fuentes del tribunal señalaron anoche que la identidad y pertenencias de las visitas recibidas por el antiguo presidente yugoslavo eran revisadas.

El reparto de responsabilidades sobre el centro penitenciario del TPIY en La Haya fue también ayer objeto de discusión. La ONU alquila al Ministerio de Justicia holandés celdas en la cárcel de Scheveningen, el barrio costero de la ciudad. Allí permanecen los acusados de crímenes en los Balcanes durante sus respectivos procesos. Una vez dictada sentencia, son trasladados a otros lugares para cumplirla. La ONU se ocupa del bienestar de sus internos. Ante una vulneración de los derechos humanos, Holanda sería responsable al haber ocurrido en su territorio.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.