Los grupos pro vida creen que el golpe definitivo al aborto no está lejos. Por primera vez en 14 años, el aborto legal en Estados Unidos está seriamente amenazado. En Dakota del Sur sólo existe una clínica que practica abortos legales. En Sioux Falls, cada año se realizan una media de 800 interrupciones voluntarias de embarazos. Pero a partir del próximo mes de julio, las mujeres de Dakota del Sur que quieran ejercer su derecho a abortar tendrán que cruzar la frontera de su estado. Será en esa fecha cuando entre en vigor la ley que reduce el derecho a abortar a su más mínima expresión: sólo y exclusivamente en caso de peligro de vida para la madre. Afuera quedan los casos de violación e incesto.

El asalto contra el aborto en Estados Unidos ha comenzado. “Ha llegado nuestro momento”, asegura Roger Hunt, miembro de la Asamblea del Estado de Dakota del Sur. Razones para el triunfalismo tiene. El cerco se estrecha cada vez más: en la última década, los parlamentos estatales han aprobado más de 400 leyes que limitan el acceso al aborto. En los últimos meses, leyes parecidas a la ahora aprobada por el gobernador de Dakota del Sur han sido presentadas en al menos media docena de estados.

En otros 20 estados (sobre un total de 50) existe lo que se conoce como trigger laws (leyes restrictivas del aborto preparadas para entrar en vigor en cuanto se supere la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza el derecho de las mujeres a abortar).

El Instituto Alan Guttmacher, un centro de estudio pro aborto, cuyos informes son citados por ambos bandos, señala que el aborto es sólo accesible en el 13 por ciento de los condados de Estados Unidos. Junto a Dakota del Sur, Dakota del Norte y Mississippi tienen una sola clínica que practique abortos. Muchas mujeres se ven así en la necesidad de cruzar la frontera de su estado para poder ejercer ese derecho. Como opina William Baude, en el diario The New York Times, “si los estados pueden determinar que la vida comienza con la concepción, también pueden llegar a usar leyes de custodia que frenen los movimientos de mujeres embarazadas”. Una vez que se restrinja este derecho, un estado podría llegar a poner a un “no nacido” bajo custodia, prohibiendo a su madre “llevarlo” fuera de la frontera estatal.

“Es un momento muy triste para mucha gente”, manifiesta Kate Looby, directora de Planned Parenthood, el mayor grupo de Estados Unidos de clínicas que practican interrupciones de embarazos. ¿Por qué esta práctica está bajo amenaza por primera vez en 14 años? Porque en 1992, los cambios en la composición del Supremo dieron lugar a una sentencia que facilitó que muchos estados restringiesen los supuestos legales para abortar. Y una vez más, de los nueve jueces que estén sentados en la máxima corte –sólo hay una mujer, Ruth Ginsburg– dependerá el derecho a abortar de millones de mujeres.

Desde principios de año, dos sillones del Supremo tienen nuevos inquilinos, John Roberts y Samuel Alito. Ambos de perfil conservador y elegidos por el presidente George W. Bush. Un tercer juez, el magistrado John Paul Stevens, tiene 86 años, la edad en que cualquier otro miembro del Supremo se ha retirado o ha fallecido. Puede que Bush tenga que nombrar un juez más dentro de su administración y su perfil sería, de nuevo, conservador.

Tras estos cambios, el Supremo sería más susceptible que nunca de revertir la histórica decisión de 1973 que otorgaba el derecho de las mujeres a abortar si los grupos antiabortistas triunfan en sus desafíos legales contra la misma.

Al margen de Estados Unidos, otros países ricos y desarrollados han resuelto a lo largo de los años el problema del aborto con consultas electorales. La interrupción voluntaria del embarazo se convertía entonces en un derecho decidido democráticamente: los grupos pro vida aceptaban que habían perdido la batalla y el aborto se establecía como un derecho más. Pero en Estados Unidos, el aborto se recoge como “un derecho fundamental privado” protegido por una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 conocida como “Roe versus Wade”.

Treinta y tres años después de Roe, el gobernador de Dakota del Sur, Michael Rounds, asestó un duro golpe a ese “derecho privado”. Pero quienes impulsaron tal ley en Dakota del Sur miraban más allá de su propio Estado. Miraban a Washington, al Tribunal Supremo. Su fin es más ambicioso que un simple y poco poblado estado: buscan modificar el fallo que legalizó el aborto, buscan tumbar “Roe versus Wade”.

El propio gobernador, en el comunicado difundido el pasado lunes, se lanzó a comparar la posibilidad de revertir Roe con los cambios legales que iniciaron el principio del fin de la segregación racial. “En 1896, el Tribunal Supremo dictaminó que un estado podía segregar en los servicios públicos si los servicios prestados a cada raza eran iguales. Sin embargo, 58 años después, el Supremo reconsideró la opinión emitida y la revirtió”, escribió Rounds.

La mujer que hizo posible el aborto en Estados Unidos también lucha ahora porque no “se asesine a más inocentes”. El 22 de enero de 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconocía el derecho al aborto de Jane Roe, nombre ficticio para proteger a Norma McCorvey, de 21 años, de Dallas, soltera, pobre, maltratada y con adicción a las drogas. Texas estaba entre los estados que entonces condenaban con hasta cinco años de prisión a la mujer que abortara. La sentencia Roe contra Wade llegó demasiado tarde para que la joven interrumpiera su embarazo, y dio a su hija en adopción, pero su caso extendió el derecho al aborto a todo el país.

Era 1969, Norma McCorvey estaba sola, había dejado los estudios y ya había dado otros dos hijos en adopción cuando volvió a quedar embarazada. Las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee la representaron para que denunciara al fiscal de Dallas, Henry Wade, y luchara por su derecho a abortar en Texas. Así nació Roe contra Wade. Más de 30 años después, Norma McCorvey, 55 años, se ha convertido al catolicismo y ha fundado el grupo antiaborto llamado Roe no More (Roe nunca más).

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.