Repatriación y nuevos mecanismos de seguridad y control. Estas son las medidas que anunció ayer el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para enfrentar la renovada ola inmigratoria africana del fin de semana. La Moncloa completará este plan con una “ofensiva diplomática” con los países africanos de los que parten mayoritariamente esos inmigrantes. Anoche, nuevas embarcaciones con decenas de inmigrantes continuaban llegando a las costas españolas y a las de las Islas Canarias, éste último el lugar en donde los africanos hacen base antes de iniciar su viaje final al sur europeo. Desde el principal partido de oposición, el Partido Popular (PP), afirmaron que el gobierno está “completamente desbordado” por su política “ineficaz” en materia inmigratoria.

Después de que el conflicto inmigratorio estallara meses atrás en el enclave español de Melilla, en Marruecos, la policía española ha detectado una nueva ruta para ingresar al continente europeo. Las barcas cargadas de subsaharianos zarpan desde San Luis, ciudad al norte de Senegal, justo en la desembocadura del río que le da nombre al país. Luego navegan hasta alcanzar la localidad mauritana de Nuadibú, situada 600 kilómetros al norte. Allí llenan sus bidones de combustible e inician la segunda parte de su viaje: 600 kilómetros más, que separan esa ciudad de la isla de Tenerife, parte del archipiélago español. El 60 por ciento de los subsaharianos que han llegado los últimos días a las Islas Canarias procede de Senegal y el 40 por ciento restante, de Malí.

No obstante la evidente mayoría de los ciudadanos de estas dos colonias españolas, las más grandes que la metrópolis mantiene en la región, es previsible que, si el flujo de barcazas hacia Canarias no se detiene, las nacionalidades de los inmigrantes vayan multiplicándose progresivamente. Al igual que Mauritania, Senegal mantiene acuerdos de libre circulación con 16 países de la zona, por lo que los ciudadanos de estos Estados pueden atravesar sus fronteras presentando solamente su documento nacional de identidad.

El archipiélago español quedó desbordado el fin de semana pasado cuando un millar de inmigrantes irregulares colmaron sus servicios sanitarios, judiciales, policiales y de asistencia social. La “grave situación” obligó al gobierno autónomo regional a recurrir a Madrid para que interceda ante la Unión Europea en conseguir la aprobación de nuevas medidas inmigratorias. Ayer, después de una reunión, el gobierno salió a dar una primera respuesta a esta situación. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que reforzarán la vigilancia aérea y marítima para controlar los flujos de inmigración que llegan a sus costas. Para ello ampliarán los servicios de inteligencia, contratarán un satélite y pondrán en marcha un “dispositivo naval” que se desplegará en la zona en los próximos días.