San Pablo, la ciudad más grande de Sudamérica, era una síntesis del pánico y el caos de una gigantesca urbe paralizada por la súbita suspensión del transporte, tras el incendio de autobuses y el cierre de comercios; la intercepción de las señales de celulares y la clausura del aeropuerto; aterrada por la cifra de muertos –llegaba a 81, entre policías, atacantes y peatones, al cierre de esta edición–; sorprendida por la cantidad de motines carcelarios y ataques a puestos policiales, y desconcertada por el cúmulo de versiones diferentes sobre Marcola, un preso fantasma, que pocos o nadie ha visto pero del que todos los órganos del poder hablan como cabeza de una rebelión contra el sistema. “La orden de atacar ya no se puede detener”, aseguran que dijo Marcola a las autoridades. El gobernador del estado, Claudio Lembo, intentaba bajar los decibeles del conflicto asegurando que el poder del PCC (Primer Comando de la Capital), supuestamente dirigido por el fantasmático preso, no era tal como lo había diseminado el propio gobierno dos días antes, mientras infinidad de versiones circulaban por Internet difundiendo nuevos ataques o, simplemente, inventándolos. Anoche, Lembo echaba por tierra sus propias consignas luego de difundirse que su gobierno mantenía negociaciones con las jerarquías del PCC, los lugartenientes del mentado Marcos Willians Herbas Camacho, Marcola, para calmar los ánimos.

Según la información oficial, todo empezó en casi la mitad de las cárceles paulistas (71 sobre 144) entre el viernes por la noche y el sábado de madrugada, al estallar motines y tomas de más de 200 rehenes. Esa información aseguraba que la protesta era organizada y se había desatado tras el traslado de 765 presos supuestamente pertenecientes a las jerarquías de la organización de narcos paulistas PCC. Anoche, las autoridades paulistas aseguraban que habían controlado todos los motines y recuperado a la totalidad de los rehenes.

El lunes se inició con la continuación del fin de semana negro paulista: se produjeron unos 115 ataques contra objetivos policiales, sumando otros 23 muertos. En total, para las primeras horas del día ya se informaba sobre 78 muertos, y al promediar la tarde ya habían alcanzado la cifra de 81 –39 policías, 4 transeúntes y 38 supuestos atacantes, aunque había muertos entre los presos y presuntamente entre los guardiacárceles–. Pero además se buscaron blancos específicos y con fuerte impacto en el ánimo de la población: 70 micros de transporte urbano fueron incendiados; uno de los choferes murió; 9 sucursales bancarias y una estación de tren metropolitano fueron baleadas o blanco de bombas.

El pánico desatado durante el fin de semana anticipó lo que luego ocurriría: de los 15 mil micros que circulan por San Pablo habitualmente, durante la mañana sólo salió la tercera parte. Por la tarde, el transporte en ómnibus se había transformado en un bien suntuoso por excelencia. Para hoy, el panorama era más oscuro y las empresas estaban dispuestas a cancelar los servicios en su totalidad.

A la interrupción del transporte público le siguió la respuesta obvia del gobierno: permitir la circulación de todo el transporte particular. En San Pablo, el parque automotor consta de 5.800.000 vehículos. Para agilizar siquiera algo, existe una ordenanza que prohíbe el uso de vehículos según la terminación de la patente, a razón de dos números por día (los terminados en 0 y 1, un día; en 2 y 3 al siguiente, y así sucesivamente). Ayer, ante la perspectiva de ver paralizada la ciudad por falta de transporte, el gobierno permitió la circulación del total de autos particulares, con lo que las avenidas habitualmente atestadas ayer estuvieron más saturadas de autos pero con conductores aterrados.

En las zonas comerciales, después del mediodía ya no quedaba persiana levantada, y todo el escenario adquiría un perfil de fin de semana de verano pero cubierto de gente en las veredas. Ni siquiera se veían las habituales multitudes de vendedores ambulantes, conocidos como camelhos. Pocas horas después del mediodía, las universidades cerraron las aulas y decretaron el asueto para hoy. Lo mismo hicieron las escuelas en todos los barrios. Y las grandes tiendas, la administración pública y los bares. Ni hablar de los bancos. El Sindicato de Bancarios del Gran San Pablo solicitó “el refuerzo efectivo y la acción preventiva y de seguridad en las sucursales bancarias”, dada la prueba más que evidente de que eran uno de los blancos prefijados. Finalmente, los bancos decidieron cerrar. Bastante antes de media tarde, se abrieron las compuertas de un embalse y, en simultáneo, millones de personas salieron a codearse para trepar a un micro que los acercara hacia otro punto donde aguardar y trepar a los codazos a otro micro; otros millones pasaron horas en sus vehículos mientras escuchaban por radio las cifras últimas del ataque de los PCCinhos.

El sábado, cuando el pico de violencia avanzaba y se multiplicaba, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ofreció efectivos de la Policía Federal para colaborar, pero el gobernador Lembo rechazó el convite por temor a que se transformara en un cinturón de plomo. Habrá que tener en cuenta que Lembo es gobernador por la oposición. Lula recibió un informe del ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, quien puso a disposición de Lembo 4 mil policías de la Fuerza Nacional creada hace dos años para auxiliar a los estados en problemas. El envío depende de que Lembo no sólo lo acepte sino que lo pida, lo que en términos políticos implicaría el reconocimiento de que su poder está en crisis y que la solución proviene del otro lado de la vereda. Por su lado, Lembo hasta último momento se mostraba reacio a pedir ayuda, para lo que enviaba a diferentes voceros a bajar públicamente la importancia del conflicto.

Los hechos a la vista y su propia tropa parecían desmentirlo. “Las órdenes ya no se pueden detener”, aseguran que dijo el domingo, temprano, Marcola a las autoridades estaduales cuando fue interrogado por el descalabro. La versión corrió de medio en medio. La respuesta vino de la mano de Elizeu Teixeira Borges, comandante de la Policía Militarizada paulista (PM): “No retrocederemos ni negociaremos, y con seguridad vamos a ganar la batalla”, respondió con una bravuconada el comandante.

A todo esto, y para desmentir al propio Lembo, el comisario Godofredo Bittencourt, director del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DEIC), donde estaba detenido Marcola, aseguró que “los teléfonos celulares son más peligrosos que un arma”. Bittencourt partía del dato de que el control del levantamiento se había organizado desde una cabeza, la de Marcola, y que ese control se ejerce, verticalizado, por medio de teléfonos móviles. “Si no dejan de comunicarse desde las cárceles, la guerra (sic) durará más tiempo y más gente morirá.” Con ese argumento la policía detectó y clausuró cinco centrales clandestinas, aseguró el comisario.

Pero fue el secretario de Administración Penitenciaria, Nagashi Furukawa, el que dio el toque de gracia. La asociación de policías jubilados se preguntaba respecto de los celulares. “Si los detectores de metal funcionan en los aeropuertos y en los bancos, ¿por qué no dan resultado en las cárceles?” Furukawa, de quien dependen los guardiacárceles, le contestó que “es una utopía suponer que los guardias estén libres de corruptos (que permitan el ingreso de celulares). Debemos vivir con esa realidad”.