A Tabaré Vázquez cada vez le cuesta más dejar contentos a todos sus aliados. La visita de uno de los principales negociadores comerciales estadounidenses en Montevideo reavivó algunas tensiones en el progresista Frente Amplio (FA). Algunos meses atrás, el anuncio del ministro de Economía, Danilo Astori, sobre la posibilidad de suscribir un TLC con Washington había reabierto viejas heridas. A tal punto las relaciones están tensas dentro del gobierno uruguayo que Tabaré anunció ayer, a través de un comunicado, que de ahora en más sólo él está autorizado a hablar del tema. Astori había salido, horas antes, a defender las negociaciones con Estados Unidos. Unos días atrás, el canciller Reinaldo Gargano se había enfrentado al presidente al afirmar que el FA –donde mayoritariamente se oponen a este acuerdo– estaba por encima del gobierno.

Meses atrás, las declaraciones de Astori encontraron también la respuesta contundente del canciller, el presidente del Partido Socialista, Reinaldo Gargano. El diplomático advirtió que dejaría su cargo si el gobierno avanzaba en las negociaciones con la Casa Blanca. El senador y líder del tupamaro Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mugica, fue más moderado y aseguró que las conversaciones con la potencia pueden servir para “cotizar” al país frente a sus otros socios comerciales. El cruce verbal entre la dirigencia frentista –potenciado por la tensión que el anuncio había causado entre los compañeros de Montevideo en el Mercosur– forzó a Tabaré a bajar el tono de la discusión, que de a poco fue desapareciendo de los diarios locales.

El debate resurgió hace unas semanas cuando desde la Casa Blanca dejaron en claro que lo único que estaban dispuestos a negociar con Montevideo era un TLC, es decir, un acuerdo similar al que venían de firmar con Perú y Colombia. El gobierno, sin embargo, todavía apuesta a convencer al país del Norte de contentarse con un acuerdo “a la uruguaya”, como lo calificó Tabaré esta semana. El tema se ha convertido en un punto tan sensible para la coalición gubernamental que todos los promotores del acuerdo –Tabaré, Astori y el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra– se cuidan mucho de no mencionar la palabra TLC. Pero las sutilezas no parecen funcionar. El miércoles pasado, la principal central obrera del país, la PIT-CNT, y el Partido Comunista (PC) –que forma parte del FA– organizaron marchas en contra de un eventual acuerdo con Estados Unidos.

Estas manifestaciones seguramente serán muy similares a las que acosaron todo el proceso parlamentario previo a la aprobación del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, a fines del año pasado. Esta fue sin dudas la peor crisis interna del gobierno. Por primera vez se vio a las bases del FA insultando y agrediendo a sus dirigentes desde los palcos de las dos Cámaras del Congreso y en manifestaciones en las calles. Por primera vez, también, el PC marcó distancia del resto de los partidos de la coalición, aliándose claramente con los militantes que se autoconvocaban en las calles para protestar. El tratado era cuestionado por dar excesivos beneficios a empresas estadounidenses y otorgarle el derecho a Washington de vetar la instalación de empresas procedentes de “países enemigos” (Venezuela, Cuba, Irán, entre otros).

La primera vez que se puso en duda la cohesión del FA fue durante el debate parlamentario sobre el ejercicio naval Unitas, que desde fines de los ’50 realiza junto a la Marina estadounidense, la brasileña y la argentina. Como oposición, durante el largo reinado blanco-colorado, la coalición de centroizquierda siempre había votado en contra de este ejercicio militar, argumentando su carácter imperialista. Sin embargo, el año pasado, las dos Cámaras, gozando de mayoría oficialista, aprobaron la participación del país. Pero la unidad de la coalición tuvo su precio. El diputado socialista Guillermo Chiflet renunció a su banca al día siguiente de la votación, después de ser el único legislador de la Cámara que se opuso a la participación en el ejercicio militar. Ese mismo día, decenas de militantes llamaron a la sede del FA para pedir su desafiliación.

Irónicamente, un año después, el gobierno de Tabaré decidió que este mismo ejercicio conjunto era anacrónico, ya que continuaba dominado por la lógica de la Guerra Fría. Pero el giro del gobierno no duró mucho. Un día después, el enviado de la Casa Blanca, Everett Eissenstat, llegaba a Montevideo para retomar personalmente las negociaciones para un TLC –según Washington– y para afianzar la cooperación comercial, según Uruguay.

El FA también está luchando para no abrir otro frente de discordia con la Ley de Caducidad (amnistía para los crímenes de la dictadura). Por ahora, Tabaré ha conseguido mantener en línea a su base, con la exclusión de nuevos casos para que puedan ser juzgados. Sin embargo, algunas voces de la alianza –como la del senador Rafael Michelini– se oponen cada vez con más fuerza a la estrategia de dejar que las Justicias de la región, como la argentina y la chilena, se encarguen de procesar y condenar a sus represores.

Informe: Laura Carpineta.