Casi como un clásico de la política boliviana, las provincias autonomistas del oriente medirán hoy fuerzas con las regiones antiautonomistas del occidente. El paro cívico de 24 horas en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando es en rechazo a la “aplanadora” socialista en la primera etapa de la Asamblea Constituyente, cuando oficialismo y oposición luchan por imponer su visión del reglamento de funcionamiento. La derecha quiere meterle todos los candados posibles al “populismo indígena” y para ello impulsa que las decisiones sean tomadas por dos tercios y la asamblea tenga poderes limitados. La izquierda busca todo lo contrario: una asamblea con plenos poderes y que las decisiones se tomen por mayoría absoluta, con lo que alcanzaría el propio bloque masista para aprobar los artículos individuales de la nueva Carta Magna. Incluso, si no hay dos tercios (como establece la Ley de Convocatoria) para aprobar el texto constitucional final, el MAS propone una salida plebiscitaria: “que sea el pueblo el que decida”.

Pero hoy la pelea no será sólo oriente contra occidente. Las migraciones de los últimos años han poblado de collas las planicies cruceñas y esos campesinos y habitantes pobres de las ciudades –junto a los indígenas locales– han comenzado a poner en cuestión la hegemonía de los grupos de poder tradicionales. “Hasta ahora el poder de las elites no tenía competencia, pero, desde hace algún tiempo, su liderazgo está siendo disputado por los sectores populares, sobre todo rurales. Estos grupos sociales se consideran excluidos de la identidad cruceña irradiada por el comité cívico y ahora le disputan su legitimidad de manera frontal y efectiva, ahí está el voto del MAS que llegó al 33 por ciento en diciembre de 2005”, le dijo a Página/12 una investigadora social cruceña que, en un contexto de listas de “traidores” y clima intimidante, prefirió el off the record. Anteayer, los sectores disidentes del campo anunciaron que crearán un comité cívico paralelo y podrían cercar Santa Cruz a partir del 20 de septiembre si “la oligarquía impide la aprobación de una nueva ley de tierras y bloquea la Constituyente”. Pero los autonomistas cuentan a su favor con el 70 por ciento de los votos afirmativos del referéndum del 2 de julio pasado.

En medio de la pulseada regionalista más fuerte que enfrenta Morales, el gobierno declaró ilegal la huelga y amenazó con descontarles el día a quienes falten a su trabajo en las instituciones públicas nacionales con sede en las provincias rebeldes. Anoche, el presidente dijo que “es un paro con intimidación”, que el MAS está abierto al diálogo y convocó a la unidad nacional. Sobrevolaba el fantasma de la violencia. “Brigadas provocadoras de Podemos podrían actuar mañana (por hoy) durante el paro”, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sumándose a las denuncias de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz.

Los grupos radicales cruceños coincidían en el pronóstico, pero acusaban al gobierno por los posibles brotes de violencia. “Unos seis mil jóvenes se apostarán en las calles y rotondas para concientizar; la gente tiene que comprender que estamos en paro cívico, pensamos que agentes de inteligencia se van a infiltrar para provocar disturbios y acusarnos a nosotros”, le dijo telefónicamente a este diario el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Jorge Hollweg, desde Santa Cruz. El tono de la respuesta transmitía cierta agresividad y el líder juvenil no dudó a la hora de calificar al gobierno: “De lo peor; lo único que busca es confrontación”. Sin embargo, muchos creen que la UJC hará algo más que “concientizar”. “La UJC siempre fue un grupo de choque dirigido por jóvenes de clase media que –sobre todo en épocas de crisis– reclutan militantes en los barrios pobres, incluso hijos de migrantes collas”, agrega la analista antes citada.

Mientras tanto, en Sucre –sede de la Asamblea Constituyente– la derecha trataba de dilatar las negociaciones para hacer valer el acto de fuerza de hoy con la expectativa de que, finalmente, el oficialismo decida ceder.

Ayer las sesiones entraron otra vez en cuarto intermedio, mientras seguían llegando organizaciones sociales a “vigilar” a los asambleístas y apoyar al MAS.