Antes de que un grupo de estacioneros denunciara el presunto manejo irregular del gasoil subsidiado, la Secretaría de Transporte ya había asumido por escrito la defensa del sistema que actualmente beneficia a más de 1000 autotransportistas en todo el país, así como de aquel que los compensa por las tarifas congeladas. A través de documentos distribuidos a diversos organismos públicos y a la propia Justicia, Ricardo Jaime avaló los criterios para realizar ese prorrateo, cuya transparencia fue objetada en más de una ocasión. Entre otros argumentos para aventar sospechas, esa dependencia de Planificación recalca que en los últimos tres años casi se duplicó la cantidad de beneficiadas con la misma cantidad de ese carburante barato.

Esta semana fue la titular de la Federación de Empresarios de Combustibles, Rosario Cica, quien denunció explícitamente que muchos transportistas requieren gasoil para un número mayor de unidades de las que realmente tienen, con el propósito de revender el excedente a mayor precio. En surtidor cuesta 1,50 pesos el litro, pero para los autotransportistas urbanos vale 0,42 y para los de larga distancia, 0,62.

A los ojos de Jaime, sin embargo, el sistema haría virtualmente imposible falencias de este tipo por la red de controles oficiales. Según destaca, es la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (Cnrt) la que fija el cupo que le compete a cada empresa en base a parámetros objetivos y ningún transportista podría comprar por encima de ese tope debidamente “validado”. Este punto fue puesto de relieve en escritos que el funcionario distribuyó entre otras dependencias de control, las que habían esbozado dudas sobre la transparencia en el reparto no sólo de este beneficio, sino en el de la “compensación tarifaria”.

“La CNRT, dependiente de la Secretaría de Transporte, realiza periódicamente auditorías sobre las empresas beneficiarias a fin de evitar que las mismas reciban beneficios que no se condicen con el nivel de actividad que desarrollen”, sentencia aquel texto.

El gasoil subvencionado (el Estado paga a las refinadoras la diferencia con el precio respecto del surtidor) es una prerrogativa de la que gozan todos los colectiveros, trenes y ciertas embarcaciones. A esta ventaja, los autotransportistas de todo el país con recorridos de hasta 60 kilómetros añaden una compensación para mantener congeladas sus tarifas que oscila entre 3000 pesos, para las unidades del interior, y 4500 para las del área metropolitana, cuyos boletos están más rezagados que los de las provincias.

Esta compensación entraña un esfuerzo económico muy superior, que se sostiene con parte de los 2000 millones de pesos anuales que el Gobierno recauda con la tasa del 20,2 por ciento sobre el gasoil. Importante masa de dinero que, a juicio de Transporte, se manejó arbitrariamente hasta el 2003, cuando esa dependencia habría fijado otros parámetros más firmes para el prorrateo.

Este reparto hoy se hace en base a una polinómica en la que tallan los pasajeros transportados (25 por ciento), los kilómetros recorridos (25 por ciento) y, básicamente, los ingresos de cada jurisdicción (50 por ciento). La debilidad de esta fórmula, que Jaime no podría negar sin dificultad, es que esos datos surgen de las propias declaraciones juradas de las empresas y que por la ponderación pueden resultar aventajadas las compañías que más recaudan.