El segundo ejército extranjero en Irak no es el inglés, sino el de los mercenarios del Tercer Mundo. Cada cuatro soldados estadounidenses luchando en Irak, hay un ex militar, ex policía o simplemente un desocupado de un país pobre que trabaja como seguridad privada para embajadas, organizaciones humanitarias o empresas contratistas. En Latinoamérica ya se probó el reclutamiento en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Honduras. Aunque este tipo de contratación es ilegal, muchas veces cuentan con el apoyo del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas.

Para Naciones Unidas, el fenómeno creció exponencialmente con la guerra en Irak. Según un informe del grupo de trabajo sobre el empleo de mercenarios, en la primera Guerra del Golfo había un soldado privado cada 50 estadounidenses. Ahora esta proporción es sólo de uno cada cuatro. “Al menos 160 empresas trabajan en Irak. Emplean probablemente entre 35 mil y 40 mil personas”, estimó el encargado de este grupo, José Luis Gómez del Prado. Todos estos nuevos mercenarios son reclutados en países pobres, en donde el desempleo empuja a los hombres a aceptar este tipo de trabajos, a pesar de los peligros y la falta de garantías legales.

Uno de los casos más dramáticos fue el de un grupo de ex militares colombianos contratados por la empresa estadounidense Blackwater para vigilar y ayudar a cargar armamento en las bases estadounidenses en Bagdad y proteger las embajadas en la zona verde de la capital. Esta misma empresa había sido cuestionada dos años antes por el Congreso chileno por reclutar a ex militares de la dictadura pinochetista, muchos de ellos vinculados con casos de violaciones de los derechos humanos. A pesar de esto, Bogotá aceptó el reclutamiento e, incluso, le cedió el predio de la Escuela de Caballería para el entrenamiento. Según reconoció el Ministerio de Defensa a la revista Semana, fue un pedido de la Casa Blanca al gobierno de Uribe. Meses más tarde, el semanario publicó un informe con los relatos de algunos de los reclutados. Ellos contaban que les pagaban menos de una tercera parte de lo convenido, trabajaban más horas y no les permitían volver a su país. El gobierno de Alvaro Uribe nunca intercedió porque los contratos eran ilegales y los ex militares siguen allí.

En mayo de 2005, cientos de hondureños se agolpaban frente al edificio de la empresa estadounidense Your Solutions para enrolarse para ir a trabajar en Irak. Muchos de los que dirigían el reclutamiento eran oficiales retirados y, según denunció el diario El Heraldo hace unas semanas, los entrenamientos se realizaron en predios del Ejército. También más tarde se descubriría que los contratos eran ilegales y que la empresa tenía su licencia de contratista de Estados Unidos vencida. Sin embargo, cientos de hondureños fueron a trabajar a Irak y recién ahora, y con cuentagotas, están volviendo.

En Brasil, los soldados a sueldo también crecen vertiginosamente. Según un artículo de ayer del diario O Globo, un empresario italiano fue detenido luego de reclutar ilegalemente a ex militares y a soldados de la reserva por salarios que oscilaban entre los tres mil y los quince mil dólares. El matutino también denunció que los mercenarios fueron entrenados en predios y con armamento del Ejército, bajo el beneplácito de un comandante de Río de Janeiro. Hace dos años, la policía brasileña había descubierto un esquema de reclutamiento similar, dirigido por dos empresarios alemanes en San Pablo, Curitiba y Goiania, para vigilar instalaciones militares en Irak.

El fenómeno de los mercenarios también captó la atención de los peruanos en los últimos días, después de que el gobierno reconociera que más de dos mil ciudadanos están trabajando como seguridad privada en Irak o Afganistán, por mil dólares mensuales. Hasta ahora se sabe que dos murieron y cuatro fueron heridos recientemente. Los que logran comunicarse con sus familias han denunciado que los contratos no los protegen en caso de muerte o accidente, ni prevén condiciones especiales por el tipo de labor riesgosa que ejercen. Ante la dimensión del tema, el presidente Alan García sentenció que es ilegal contratar a cualquier peruano para trabajar en tareas riesgosas en países en conflicto.