La primera presidenta mujer que ha tenido Chile, Michelle Bachelet, comenzó el lunes su segundo año de mandato con una aprobación que las encuestas sitúan entre el 47 y el 51 por ciento, muy cerca del porcentaje de votos con los que fue elegida pero muy por debajo, nada menos que 10 puntos, respecto de la popularidad de la que gozaba en abril del año pasado. A pesar de oposición que no le dio tregua desde el primer minuto y que ha apuntado contra su liderazgo, Bachelet ha impulsado un amplio programa de protección social en su primer año y un cambio radical del sistema de transporte público de la capital.

Una reciente encuesta de la consultora Adimark situó la aprobación a Bachelet en 49,3 por ciento en febrero, algo mejor que en enero. Pero todavía los sondeos no recogen el impacto del principal problema que por estos días preocupa a La Moneda: el Transantiago, un sistema de transporte que combina los recorridos del metro y los autobuses para transportar cada día a seis millones de santiaguinos con la mayor eficiencia posible. El sistema acabó con la anarquía e inseguridad del transporte, pero congestionó las líneas del subte y dejó escasas de servicios a zonas pobres, lo que ha provocado feroces protestas, con barricadas incluidas.

La mayoría de los análisis coinciden en que la caída de la popularidad del gobierno de Bachelet arrancó con las protestas de los estudiantes de enseñanza media, que costó el puesto a los ministros de Interior y Educación. Esta semana, Bachelet anunció que en los últimos días de marzo enviará al Congreso el proyecto de ley que deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. “Estoy adelantando un compromiso que habíamos contraído para el mes de abril”, declaró Bachelet. El punto más destacable del anuncio es la eliminación del proceso de selección de alumnos hasta el sexto año de primaria en todos los establecimientos que reciban financiamiento estatal. También esta semana presentó un ambicioso plan para fortalecer las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de impulsar la economía que creció un 4,2 por ciento en 2006. Las innovaciones incluyen crear un fondo estatal para financiamiento de largo plazo de las pymes, establecer garantías fiscales para inversiones privadas y profundizar el mercado de capitales, entre otras acciones. Las medidas constituyen el tercer plan de reactivación que lanza Bachelet en su primer año de gobierno.

Recientemente, el gobierno se ha visto salpicado por algunos escándalos de corrupción. Las dificultades han sido sazonadas por las divergencias abiertas al interior y entre los partidos que forman la coalición gobernante, la Concertación, desde el término de la dictadura del general Pinochet en 1990. Sin la presencia del ex dictador en la escena política se extinguió el principal factor que unió a socialistas y democristianos en una coalición, partidos que en otras latitudes son adversarios entre sí.

En las rencillas internas ya han saltado, con dos años de anticipación, las elecciones de 2009. A disgusto de Bachelet, en la Democracia Cristiana (DC), el otro pilar de la coalición de gobierno, creen que es su turno después de dos gobiernos consecutivos encabezados por socialistas, Bachelet y Ricardo Lagos –2000-2006–. Algunos socialistas reconocen ese “derecho” DC, pero otros apelan a las encuestas, donde la figura que se destaca es la de Lagos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.