Ayer se escribió un nuevo capítulo en las tumultuosas relaciones entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los separatistas vascos, cuando Arnaldo Otegi, líder de Herri Batasuna, brazo político de ETA, fue detenido por la Guardia Civil a primeras horas de la tarde. El máximo referente de los independentistas debía presentarse ante la Audiencia Nacional de Madrid, ya que se celebraba un juicio en su contra por apología del terrorismo en un acto de homenaje a la fallecida militante etarra Olaia Castresana. Otegi alegó que no podía presentarse por el temporal de nieve que cayó sobre el norte del país. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en la casa de su pueblo natal de Elgoibar, en la provincia vasca de Guipúzcoa, y lo trasladaron en un avión militar a Madrid. Pero al llegar a la sede del Poder Judicial lo aguardaba una sorpresa: la fiscalía retiró la acusación y el dirigente vasco quedó inmediatamente absuelto, ya que no se había constituido ninguna acusación particular.

El episodio adquiere una especial relevancia política, ya que las decisiones de la fiscalía suelen estar profundamente vinculadas con los intereses del gobierno de turno, aunque mantienen siempre un barniz de imparcialidad. Este gesto judicial y político se produce en un momento clave, cuando apenas faltan dos semanas para que venza el plazo de inscripción de las listas electorales que participarán en las próximas elecciones municipales y regionales que se celebrarán presumiblemente a finales de mayo.

Herri Batasuna tiene prohibida su participación en las elecciones, luego de que el gobierno de José María Aznar reformara la ley de partidos políticos con el objetivo de excluir las fuerzas que justifican la lucha armada. Esta legislación fue fruto del último pacto antiterrorista celebrado entre el Partido Popular (PP), en ese entonces en el gobierno, y el Partido Socialista Español (PSOE) en la oposición. En una entrevista publicada el pasado domingo por el diario El País, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anticipó que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar la participación de los independentistas en los comicios si antes no condenaban explícitamente la violencia.

Después de esa advertencia, Otegi cambió su estrategia y en declaraciones a Catalunya Radio consideró que era “un error” plantearse la construcción de un estado vasco independiente desde la lucha armada, un gesto que el gobierno consideró insuficiente. “No pueden hablar de errores cuando se trata de muertos”, le replicó Fernández Bermejo.

Batasuna intentó, mientras tanto, pactar con los partidos nacionalistas vascos un modo de participación en las elecciones, pero el acuerdo se frustró cuando desde el Partido Nacional Vasco le dijeron que sin condena de la violencia, nada. Ayer, según fuentes socialistas y nacionalistas, se supo que los independentistas recurrirán a las agrupaciones vecinales para tratar de saltarse la estricta ley de partidos, renunciando de ese modo a defender la marca electoral de Batasuna, cargada de simbolismo histórico.

Por detrás de esta lucha política se está desarrollando a su vez una durísima batalla judicial que añade complejidad a una situación ya de por sí bastante envenenada. Durante la pasada semana trascendió a la prensa que el sector más conservador de los jueces habría manipulado la composición de la sala del Tribunal Supremo que deberá juzgar a la plana mayor de Batasuna en otro de los tantos juicios pendientes que tienen sobre sus espaldas los independentistas. La situación es tan grave que Fernández Bermejo ordenó una investigación minuciosa del caso alegando que “no nos podemos permitir el lujo de que la Sala esté bajo sospecha”. Y es que el PP aprovecha la mayoría de jueces conservadores que supo nombrar en tiempos en los que gozaba de la mayoría absoluta en el Parlamento, para sembrar de obstáculos el camino del gobierno hacia una solución negociada del conflicto vasco.