El Congreso estadounidense consumó finalmente el choque institucional con el presidente George Bush en el caso de los fiscales despedidos. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó ayer que puedan ser citados a declarar bajo juramento varios asesores de la Casa Blanca y abrió, de esa manera, un difícil y apasionante litigio sobre el uso político de la Justicia y el límite de los distintos poderes en una democracia.

Lo que en otro sistema o en otras circunstancias hubiera sido sólo el relevo de ocho de los 93 fiscales federales fue escalando hasta convertirse en un dramático duelo político que puede terminar en renuncias como, entre otras, la del ministro de Justicia, Alberto Gonzales.

El Subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes aprobó ayer que puedan ser convocados a prestar testimonio jurado en el Congreso el principal asesor de Bush, Karl Rove; la antigua consejera de la Casa Blanca Harriet Miers y el jefe de Gabinete de Gonzales, Kyle Sampson, que ya renunció la semana pasada. La decisión fue una reacción a la propuesta de Bush del martes, para que Rove y los demás comparezcan en el Capitolio, pero a título privado, es decir, sin prestar juramento, sin taquígrafos y sin que se difunda lo hablado. Bush acompañó su oferta con la entrega de tres mil documentos que dan cuenta de los mails y otros contactos entre Rove, sus colaboradores y el Departamento de Justicia sobre la actuación de los fiscales. El presidente prometió también facilitar otras grabaciones o papeles que el Congreso necesite.

Uno de los fiscales despedidos, el de Nuevo México, David Iglesias, contó ayer a The New York Times que dos congresistas republicanos de su estado lo llamaron poco antes de las elecciones legislativas del pasado noviembre para preguntarle si pensaba actuar en un caso de corrupción en el que estaban implicados dirigentes del Partido Demócrata. Según Iglesias, cuando se negó a informarles, aduciendo la ley que impide a los fiscales hablar sobre sus investigaciones, el senador Pete Domenici le contestó: “Siento mucho oír eso”.

Iglesias ya había contado esta versión ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, que también parece haber encontrado rastros de motivación política de los despidos en varios correos electrónicos entre Rove, Sampson y Gonzales, en los que comentan sobre la falta de agresividad de algunos fiscales ante casos que podrían perjudicar a los demócratas. Sin embargo, Bush negó categóricamente que los despidos se hubieran producido por algo distinto a la capacidad profesional de los afectados, pero se negó a permitir que sus colaboradores se presenten bajo juramento, porque cree que eso sentaría un grave precedente que debilitaría la institución de la presidencia.

Por ahora la posibilidad de una negociación política entre el Capitolio y la Casa Blanca está todavía abierta. De hecho, el Comité de la Cámara aprobó la citación pero todavía no la tramitó. No obstante, si esa negociación no conduce a un acuerdo, tendrían que ser los jueces, y en última instancia la Corte Suprema, quienes resuelvan la controversia.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.