Que las inversiones privadas en hidrocarburos vienen menguando desde el parcial congelamiento de precios es tan cierto como que el Estado asumió la posta y subsana parte de ese déficit, bien sea con dinero público, bien con fórmulas alternativas que a veces fuerzan a las empresas a poner el dinero que por motu proprio no desembolsarían. Producir gas y petróleo y sus derivados, sin embargo, parece seguir siendo una actividad redituable a la que en el último tiempo se arrimaron nuevos actores.

La voluntad de mantener congeladas las tarifas residenciales de electricidad y gas, incluyendo el precio del GNC, le pone un corsé a la rentabilidad del sector y configura un escenario singular: hoy las empresas se encuentran con un buen negocio para aprovechar los recursos que ya fueron encontrados, pero no para buscar o producir nuevos, lo que supone fuertes inversiones de riesgo.

Argentina está actualmente lejos de la deseable meta de perforar unos 120 pozos por año, lo que permitiría apuntalar las menguantes reservas de hidrocarburos, y tiene que importar fueloil venezolano para asistir a las usinas térmicas que no disponen de gas suficiente. No hay colapso pero sí faltante y poca vocación privada de invertir para subsanarlo.

Como otras productoras, Petrobras pudo ajustar el precio del gas en boca de pozo que pagan las industrias hasta el mismo valor en dólares previo a la devaluación, algo más de un dólar el millón de BTU. La contracara de esta ventaja es que no pudo hacer lo propio con el que le vende a las distribuidoras para los domicilios, comercios y estaciones de GNC o el que va a las usinas. Amén de que aquel precio mejorado está muy lejos de los 5 dólares la unidad calórica que se le paga a Bolivia.

Algo similar ocurre con el petróleo, ya que el precio de las naftas y el gasoil también está estancado. La revancha empresaria, sin embargo, viene por la exportación: a pesar de las retenciones, las empresas aprovechan los altos precios que tienen el crudo y sus derivados en el mercado internacional, y tienen la prerrogativa de disponer libremente del 70 por ciento de las divisas que obtienen por esta vía.

Quizás sean anzuelos como éstos lo que animaron a incursionar en el rubro a un núcleo de nuevas empresas que están participando en las licitaciones de áreas petroleras secundarias, como Clivedent, presidida por José Luis Manzano, u Oxipetrol, gerenciada por Ricardo Lalín.

Pero mientras las petroleras analizan si invertir y dónde hacerlo, es el Estado el que sale a atender algunas urgencias con sus recursos o a través de mecanismos que involucran a los privados, y que a veces resultan un poco enrevesados.

Al margen de los fondos para Atucha y Yacyretá, Planificación decidió costear con recursos públicos las dos centrales de ciclo combinado que construirá Siemens. Este dinero va a cuenta de un subsidio que decidió pagar a las generadoras, futuras propietarias de las nuevas usinas.

La realidad es que todavía no está garantizado ese dinero y el secretario de Energía, Daniel Cameron, terminó pidiéndole oficiosamente a muchas empresas del rubro que ayuden a financiar. También Guillermo Moreno optó por la vía de gestión directa para convencer a las petroleras de integren aunque sea algo de los 2000 millones de dólares que se necesitan para construir una nueva refinería, algo que las empresas por ahora eluden diplomáticamente: accedieron a estudiar la “factibilidad”.

Para aumentar la capacidad de transporte de gas, Julio De Vido promovió la creación de fondos fiduciarios alimentados con recursos del Estado y, en el caso de TGS (de la que Petrobras es socio), de la propia empresa y del Bndes brasileño. Planificación licita con la plata de ese pozo administrado por el Banco Nación y el repago se garantiza con un cargo que pagan los usuarios industriales, y que en la segunda etapa implicó un aumento del 380 por ciento sobre su tarifa. El tarifazo es la tercera alternativa a la caja pública o al préstamo forzoso de los renuentes inversores privados.