Una nueva denuncia dejó al borde del abismo el proceso de paz colombiano. Una serie de escuchas telefónicas habrían probado que los jefes paramilitares desmovilizados siguen ordenando asesinatos, rearmando a sus hombres y dirigiendo enormes operaciones de narcotráfico. Las llamadas fueron hechas por los hombres de confianza de Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Freddy Rendón, tres de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desde sus celdas especiales en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El gobierno ya envió al ministro del Interior, Carlos Holguín, y al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, para interrogar a los detenidos. “Si encontramos una prueba que comprometa a los jefes paramilitares les vamos a quitar los beneficios de la ley de Justicia y Paz”, adelantó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dejando abierta la puerta a uno de los mayores temores de los paramilitares, la extradición a Estados Unidos.

Las escuchas fueron difundidas el domingo por la revista Semana. En ellas se habla de una importante venta de cocaína, de aprietes, asesinatos y torturas. También confirman una de las grandes sospechas que venía opacando el proceso de paz. “Usted sabe que ahí tenemos varias escopeticas de esas de repetición”, habría afirmado Goyo, el hombre que acompañó a Rendón en la dirección del Frente Elmer Cárdenas de las AUC. Lo que Goyo les estaba pidiendo a sus hombres era que desenterraran las armas que escondieron cuando se desmovilizaron y entregaron sus supuestos arsenales. En aquel momento varias organizaciones de derechos humanos destacaron el insólito y escaso número de armas entregadas, las cuales eran en su mayoría casi obsoletas.

Otra de las sospechas que sobrevolaba desde el principio de la desmovilización, hace ya casi tres años, era que los jefes paramilitares seguían a cargo de operaciones ilegales, aun desde la cárcel. Esta hipótesis se fundaba en que varios grupos presuntamente paramilitares continuaban operando en el interior del país, con una estructura y distribución similar a las de las AUC. Los 17 máximos líderes de las AUC, hoy todos en Itagüí, optaron por desligarse totalmente y sostuvieron que no podían hacerse cargo de lo que hicieran sus hombres desmovilizados. Para la revista Semana este argumento no es suficiente porque, aunque ellos no aparecen en las llamadas grabadas, sí lo hacen sus lugartenientes y compañeros de celdas. “Resulta poco creíble que no estén enterados de lo que están haciendo”, concluye el seminario.

Pero las escuchas no sólo golpean a los jefes paramilitares, sino también al gobierno de Alvaro Uribe, quien había anunciado meses atrás que trasladaba a los líderes de las AUC a Itagüí para poder controlarlos mejor y evitar cualquier tipo de rumores sobre sus contactos con el exterior. El Palacio de Nariño por ahora prometió investigar, ya que explicó que las llamadas difundidas por Semana no corresponden a las escuchas realizadas por los tres organismos oficiales autorizados.

Mientras Uribe miraba con preocupación uno de sus grandes logros, sus aliados estaban más atentos al temido fallo de la Corte Suprema sobre la llamada parapolítica. El tribunal ordenó la captura de 20 dirigentes políticos, entre ellos de cuatro senadores y un diputado. Los acusan de “concierto para delinquir agravado”, desestimando la defensa de los uribistas, que aseguraban que habían firmado un acuerdo con los paramilitares en 2002 bajo amenaza. Por esta misma causa ya están presos ocho legisladores y uno sigue prófugo.