El gobierno nacional tomó distancia y cuestionó el giro hacia la aplicación de políticas de “mano dura” que está tomando en Mendoza el gobernador Julio Cobos para enfrentar el problema del delito. En particular criticó el proyecto que impulsa en la Legislatura para limitar las excarcelaciones. “La adopción de un programa que abuse de la utilización de la prisión preventiva impedirá ofrecer a la población penal el tratamiento debido, ya que es previsible que la misma crezca más allá de los aumentos que el sistema razonablemente puede absorber”, consideró el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, en una nota dirigida a la Presidencia de la Nación. La aprobación del polémico proyecto pondría en riesgo el convenio de asistencia en política penitenciaria que la Nación lleva a cabo desde febrero para evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La carta de Iribarne fue difundida por el mismo Ministerio de Justicia. Tiene como destinatario el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Fue enviada el viernes para ponerlo al tanto de la situación penitenciaria mendocina luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresara a través de una carta al presidente Néstor Kirchner su “profunda preocupación” por los discursos de seguridad autoritarios sostenidos por las máximas autoridades de la provincia, sobre los que Página/12 viene dando cuenta. En las últimas semanas, Cobos tuvo que enfrentar una profunda crisis por la demanda ciudadana de mayor seguridad que lo obligó a echar a su ministro de Seguridad y poner en su lugar a su alfil político y mentor de la Concertación K en Mendoza, el diputado nacional Alfredo Cornejo. De la mano de Cornejo, ha endurecido la política para enfrentar el delito.

Al gobierno nacional le preocupa que la implementación de medidas que sintonizan con la “mano dura” en Mendoza “expongan a la Nación a recibir sanciones de un organismo internacional”, indicó a Página/12 una alta fuente del Ministerio de Justicia. Se refería a la Corte Interarmericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene bajo la lupa a la Penitenciaría Provincial, por las pésimas condiciones de detención en que se encuentran los presos, denunciadas por abogados de organizaciones de derechos humanos.

En una reunión celebrada en Asunción el 11 de mayo de 2005, se firmó un acta entre la CIDH y representantes del gobierno nacional y del mendocino. Allí se asumió el compromiso de reducir el hacinamiento mediante la disminución de personas encarceladas con prisión preventiva. “Las medidas que supuestamente pretende llevar a cabo el gobierno de Mendoza serían contrarias a lo acordado en la ocasión”, advirtió el ministro Iribarne a la Casa Rosada.

Iribarne quiere tomar distancia de Cobos. Hace dos meses y medio firmó un convenio con el gobernador radical para brindarle asesoramiento y capacitación al personal penitenciario para modificar la situación carcelaria. El director nacional de Readaptación Social, Alejandro Marambio Avaria, quedó a cargo de una comisión que está trabajando en la Penitenciaría provincial. Incluso, personal retirado del Servicio Penitenciario Federal se hizo cargo en marzo del control de los principales penales de la provincia.

En el paquete de medidas que impulsa Cobos para combatir el delito hay un proyecto de ley que restringe las excarcelaciones, en sintonía con una iniciativa similar que el ex gobernador Carlos Ruckauf empujó durante su gestión en la provincia de Buenos Aires y que derivó en una superpoblación carcelaria. Hace un año, la ley se volvió a modificar, para desandarla, luego de que la Corte Suprema de la Nación exhortara al gobierno de Felipe Solá a tomar cartas en el asunto por la problemática del hacinamiento en las cárceles bonaerenses.

En la nota dirigida a Balcarce 50, Iribarne advirtió que “eventuales restricciones en materia excarcelatoria podrían afectar de manera negativa el diseño y puesta en marcha de la política carcelaria” acordada entre Nación y el gobierno mendocino. “No debe olvidarse que la política criminal engloba a la política carcelaria. La adopción de un programa que abuse de la utilización de la prisión preventiva impedirá ofrecer a la población penal el tratamiento debido, ya que es previsible que la misma crezca más allá de los aumentos que el sistema razonablemente puede absorber”, señaló Iribarne.

La limitación de las excarcelaciones no es el único proyecto de ley que busca aprobar Cobos en la Legislatura. También está presionando para que los diputados sancionen una polémica iniciativa de escuchas telefónicas “preventivas”, que tiene media sanción del Senado. Y lanzó una amplia convocatoria para sumar nuevos policías, que incluye el reclutamiento de aspirantes a la fuerza entre los estudiantes del último año del secundario. Además, el gobierno provincial firmó un convenio con la cámara de agencias de seguridad privada para que se sumen al sistema de seguridad público. Tal como publicó Página/12 en su edición del domingo, en los planteles de varias de las agencias convocadas por el gobierno para cuidar a los mendocinos figuran represores de la última dictadura y ex policías exonerados por casos de apremios ilegales en democracia.