Tanto las entidades rurales que suscribieron el último acuerdo con el Gobierno como sus detractores coinciden en dos objeciones clave a esta valla coyuntural: que todavía falta un plan de verdadero aliento a la ganadería y que no hay garantías de que el precio de la carne se contenga y, menos, de que baje como debiera para respetar los nuevos valores de referencia contenidos en aquel pacto. El único problema que reconocen los productores como preocupante, cuando ponen la mira en el menudeo, es que se disparen el asado y otros cortes populares. ¿El lomo?, “vale menos que un helado de marca o una pizza cinco estrellas”, justifican.

La principal diferencia entre los firmantes y los renuentes está referida a la intervención estatal del modo en que está prevista, con valores de referencia en tres puntos: la comercialización del ganado en pie, la media res a salida de frigorífico y la venta minorista de los doce cortes económicos, presuntamente los más requeridos por el comensal argentino.

Los gremios ruralistas que firmaron el acuerdo valoran el “sinceramiento” que entraña la nueva grilla de precios, ya que refleja con más sinceridad lo que estaba ocurriendo en el mercado, cuando ya se pagaba 3,15 pesos el kilo de novillo que, según la actualizada lista oficial, hoy debe valer 3, contra los 2,4 o 2,5 pesos sugeridos por la secretaría de Guillermo Moreno. En otros términos, el Gobierno convalida los aumentos que se registraron desde el anterior pacto con los productores. Hay entidades como la Federación Agraria que incluso van un poco más allá y reconocen que sin la intervención del Estado la carne sería un artículo definitivamente prohibitivo por sus altos precios.

Distinta es la óptica de Carbap, que nuclea a cuarenta mil productores bonaerenses y pampeanos y que, junto a CRA (la entidad “madre”), se resistió a poner la firma en un papel que consideran “sólo para la foto”. Sus dirigentes rechazan cualquier injerencia del Estado, salvo que esté destinada a limitar el precio de venta al público de aquellos cortes populares. El resto de la res bien podría quedar reservado para los paladares europeos o de los turistas que se avengan a degustar la carne argentina, pagada con dólares o euros.

Desde el punto de vista operativo, lo que cobra el productor en Liniers o en cualquier otro mercado debe ser el resultado de una cadena de valor que se integra de atrás hacia adelante: el precio del ganado en pie está condicionado por el que se paga finalmente en el mostrador, pero no por un valor arbitrario que se dispone desde la Secretaría de Comercio, siempre según aquel pensamiento.

“Los productores somos tomadores de precios y por eso no podemos comprometernos a cuánto va a pagar el otro que nos compra”, explica Jorge Srodek, directivo de Carbap, para quien el papel rubricado por otros gremios agropecuarios la semana pasada es letra en el agua. Una presunta prueba de esa ineficacia es que los precios convenidos como salida de frigorífico sin IVA implicarían un retroceso respecto a los vigentes en la actualidad para ese segmento, y no hay nadie en la cadena que se muestre dispuesto a convalidar tal baja. A juicio de ese dirigente, el problema no está en la producción sino “en la comercialización” y eso explicaría que el lomo que hoy se cobra 26 pesos en Capital Federal se derrumbe a 13 en Tres Arroyos.