Ya hay alrededor de mil guerrilleros colombianos anotados para ser excarcelados. El ministro del Interior, Carlos Holguín, adelantó ayer que las listas definitivas estarán listas para iniciar el proceso el 7 de junio próximo y, según Holguín, las liberaciones no tomarán más de dos meses. El plan es elegir a los guerrilleros que cumplan con los requisitos del gobierno, es decir, que no estén acusados de crímenes de lesa humanidad y que se comprometan a quedar bajo el tutela de la Iglesia Católica o de algún organismo de reinserción social estatal. Los elegidos serán liberados en tandas y quedarán recluidos durante las primeras semanas en una zona delimitada, que todavía debe ser elegida. Con esta estrategia, Uribe busca presentar una alternativa al intercambio humanitario, apoyado por Europa, los organismos de derechos humanos y los familiares de los secuestrados, pero rechazado por su gobierno y por Washington.

El presidente colombiano Alvaro Uribe tiene todas sus fichas puestas en su nueva estrategia. La excarcelación unilateral de cientos de guerrilleros de las FARC está siendo presentada por el gobierno como un posible primer paso hacia un proceso de paz, que se sumaría a las negociaciones en curso con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, y la desmovilización del principal bloque paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero desde la oposición ya comenzaron a cuestionar los intereses del gobierno y lo acusan de querer beneficiar a los políticos detenidos por la llamada parapolítica, quienes también calificarían para las excarcelaciones planteadas por Uribe. “Me temo que lo que se pretende es justificar la excarcelación de los amigos del presidente”, aseguró Carlos Lozano, un reconocido líder comunista que impulsa la otra salida para los 56 secuestrados, el intercambio humanitario.

Las excarcelaciones se darán dentro de un marco de una ley que, basándose en una “razón de Estado” todavía desconocida para el público colombiano, autorizará la liberación de todos aquellos detenidos en relación al conflicto armado que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. “El gobierno quiere equiparar a la guerrilla con los paramilitares y con los políticos que cooperaron con estos últimos. No son lo mismo”, explicó a Página/12 el politólogo colombiano Fernando Giraldo.

Para el analista, la iniciativa de Uribe no es más que una distracción y una vía de escape del escándalo por los nexos entre los paramilitares y sus aliados, entre ellos su ministro de Defensa y su vicepresidente, y para ganar tiempo y gracia frente a los legisladores estadounidenses, que mantienen frenado la aprobación del Tratado de Libre Comercio y de fondos militares. “Además quiere hacer creer que negociará con los 300 o 400 guerrilleros liberados un acuerdo de paz, cuando eso es algo que sólo se puede hacer con la estructura de la organización, es decir, la cúpula de las FARC”, agregó. La semana pasada, los líderes de la guerrilla calificaron de cortina de humo el buen gesto de Uribe.