El proceso para la excarcelación masiva de guerrilleros de las FARC se inició finalmente ayer. Dos centenares de rebeldes fueron trasladados a un centro de reclusión temporal en la localidad colombiana de Chiquinquirá.

Con esta medida, el gobierno del presidente Alvaro Uribe busca propiciar un gesto similar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para la liberación de 56 rehenes, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.

Un alto funcionario del gobierno que pidió el anonimato reveló a la AFP que el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, saldrá de prisión y entregará al presidente francés Nicolas Sarkozy pruebas de supervivencia de Betancourt, cautiva desde febrero de 2002. Granda será excarcelado para que sirva como “gestor de paz” con miras a pactar la liberación de los secuestrados, aseguró esa fuente. “Autorizado por el Secretariado de las FARC –mando central–, el señor Granda se comprometió con el gobierno a asumir un papel de gestor de paz y a llevarle al presidente Sarkozy una prueba de supervivencia de la señora Betancourt y de otros secuestrados, entre ellos los tres estadounidenses. A cambio, Francia emprendió una férrea ofensiva diplomática ante otros gobiernos para evitar requerimientos judiciales de otras naciones y se comprometió a escuchar un mensaje enviado por el Secretariado en el que fija las posiciones del grupo rebelde”, enfatizó. Sin embargo un comunicado de la presidencia sostuvo que “la información sobre el jefe rebelde es falsa”, pero la información proviene de un alto funcionario que merece total credibilidad. Según la oficina del alto comisionado para la paz del gobierno, el traslado a la prisión de Chiquinquirá, ubicada a 140 km al norte de Bogotá, se cumple desde 50 cárceles del país. Custodiado por la policía, un primer grupo de 40 insurgentes salió de la cárcel La Modelo de Bogotá ayer a la mañana en dos autobuses, reveló una fuente del Instituto Penitenciario (Inpec). El director del Inpec, Eduardo Morales, dijo ayer que el número de los insurgentes para ser liberados está entre 250 y 300, aunque apuntó que la cifra puede aumentar. “Su permanencia en Chiquinquirá será transitoria, aproximadamente de una a dos semanas”, señaló. Allí se les informará de los compromisos que deberán cumplir. Un comunicado explicitaba: “Que se desmovilicen, que se comprometan a no regresar a la delincuencia, que se comprometan a trabajar por la paz, y que estén bajo la vigilancia o la tutoría de un gobierno extranjero o bajo la tutoría de la Iglesia Católica”.

El presidente Uribe, argumentando una “razón de Estado” que no reveló aún, anunció hace una semana que a más tardar el 7 de junio pondría en marcha el plan de excarcelación unilateral para presionar la liberación de los 56 rehenes que las FARC exigen canjear por 500 rebeldes presos. Pero la semana pasada el número dos de las FARC, Raúl Reyes, rechazó la oferta reiterando que el intercambio humanitario debe ser negociado en una zona desmilitariza de 800 kilómetros cuadrados en el suroeste del país, a lo que el mandatario se opone terminantemente. En cuanto a Granda, aceptó ser excarcelado, pero sin las condiciones puestas por el gobierno colombiano. “El señor Granda va a cumplir la misma función y contará con las mismas condiciones legales que viene cumpliendo el señor Francisco Galán en los acercamientos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Será un gestor de paz”, dijo su abogado.

Unas declaraciones de la senadora de la oposición Piedad Córdoba desataron ayer la expectativa en medios periodísticos y políticos de Colombia. La senadora aseguró que el gobierno decretaría el estado de excepción para canjear unos 200 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de 54 rehenes de las milicias.

Entre estos rehenes se encontraría Ingrid Betancourt, ciudadana de nacionalidad francesa y colombiana, ex candidata presidencial ecologista en Colombia, secuestrada por las FARC en 2002. Córdoba llegó a declarar que la liberación de Betancourt era “inminente”. También iba a ser inmediata, según ella, la liberación de Clara Rojas, la candidata a vicepresidenta de Betancourt, y el niño (actualmente de tres años) que ésta tuvo con un guerrillero durante su cautiverio. Entre los rehenes a canjear también figuran políticos, militares y policías, algunos retenidos desde hace casi diez años.

Algunos senadores que apoyan al gobierno, como Germán Vargas, se han mostrado escépticos frente a esta iniciativa gubernamental y la califican de “sinsentido”. La oferta de Uribe también ha encontrado críticas en el frente de las FARC. Muchos de los guerrilleros presos han enviado mensajes diciendo que siguen fieles al pensamiento de sus comandantes y rechazan la oferta del presidente Uribe por considerarla una “cortina de humo”.

Por ahora toca esperar a que el gobierno, como dijo en la noche del miércoles el presidente Uribe, encuentre la “fecha y oportunidad” para contar la verdad que se esconde detrás de estas extrañas maniobras.

Informaciones de prensa aseguran que fue el propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien pidió al presidente Uribe incluir en la lista de los liberados al canciller de las FARC. Granda fue portavoz de la guerrilla en París en el año 2000. Sarkozy se comprometió entonces a hacer todo lo posible por la liberación de Ingrid Betancourt. Ya como presidente de Francia, Sarkozy reconoció ayer que su país negocia con las FARC la liberación de Ingrid Betancourt, pero admitió que se trata de un asunto “muy complicado, muy sensible”. “Es un tema muy complejo y no hay que cometer errores”, insistió Sarkozy en una conferencia de prensa celebrada en Madrid tras reunirse con el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.