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No estaba vigente desde 1994, cuando Estados Unidos firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. Desde ayer, el “fast track”, o vía rápida para suscribir tratados comerciales, ya está en manos de la Casa Blanca para, en palabras del presidente norteamericano George Bush, “lograr el objetivo del ALCA para el 2005”. Además de promulgar la medida, Bush aprobó ayer la extensión y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, en inglés), que permite a una lista de productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ingresar al mercado estadounidense con tasas bajas o cero. Según versiones publicadas por algunos medios brasileños, la buena disposición mostrada por el secretario del Tesoro norteamericano, Paul O’Neill, en su reciente visita a Brasilia tuvo como contrapartida el pedido de Estados Unidos para que Brasil afloje su resistencia al ALCA.
Tanto el “fast track” como el ATPA fueron aprobados luego de intensos debates entre republicanos y demócratas en el Congreso norteamericano, sobre todo en lo que hace a las protecciones laborales para los trabajadores desplazados por la competencia del comercio exterior. En el tira y afloja que duró varios meses, los legisladores pro-comercio hicieron importantes concesiones a los proteccionistas, al renovar un programa de ayuda para unos 200.000 trabajadores que perdieron sus empleos a causa del comercio exterior.
El “fast track”, ahora llamado Autoridad para la Promoción Comercial (TPA, en inglés), fue una herramienta con que contaron los últimos cinco presidentes de Estados Unidos, y que permite al Poder Ejecutivo gestionar, hasta 2005 y con una posible extensión hasta 2007, acuerdos de libre comercio con terceros países o bloques, que después el Congreso puede refrendar o rechazar, pero no enmendar. De todos modos, la Casa Blanca realizará consultas estrechas con el Congreso sobre esos acuerdos, que deberán ser votados en un plazo de 90 días. El paquete incluye la reducción de las barreras comerciales, mecanismos de arbitraje comercial, y la protección de los reglamentos “antidumping” de Estados Unidos y de las normas laborales y ecologistas internacionales.
“Con la Autoridad para la Promoción Comercial, los acuerdos comerciales que yo negocie tendrán un voto por sí o no en el Congreso, dando a otros países la confianza para negociar con nosotros”, dijo un exultante Bush. “Avanzaremos rápidamente para construir relaciones de libre comercio con naciones individuales como Chile, Singapur y Marruecos. Exploraremos relaciones de libre comercio con otros, como Australia”, declaró el presidente.
Chile y Uruguay son, en los hechos y en las palabras, los países que impulsan el ALCA en América del Sur. Y el principal opositor es Brasil. Por eso, no extrañan las versiones de la prensa brasileña sobre el toma y daca que habría planteado O’Neill en su visita al país. Según la Folha de Sao Paulo, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso le reprochó a O’Neill el proteccionismo y el desinterés de Estados Unidos hacia la región, y el norteamericano le respondió que podía dar un apoyo financiero a Brasil, “pero dejó implícita la expectativa de una cierta contrapartida futura en la negociación del ALCA”. Según la Gazeta Mercantil, Cardoso le respondió: “De nada sirve hablar del ALCA si la región está con problemas”.
El vínculo de Estados Unidos con la región es mucho más plácido si se trata de los países andinos, especialmente los que están comprometidos con la lucha antidrogas norteamericana. El ATPA entró en vigor en 1991 y Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú esperaban que fuera renovado en diciembre pasado, pero la medida tuvo que esperar ocho meses para hacerse efectiva, debido a que en el proceso legislativo el proyecto quedó atado a otras iniciativas dentro del paquete que incluía al “fast track”. El acuerdo extiende hasta febrero del 2006 las ventajas arancelarias a unos 6.000 productos importados de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, incluye en estas ventajas a productos previamente excluidos del programaestablecido en 1991, entre éstos las confecciones y los textiles, y permite al presidente la autoridad de designar a nuevos países beneficiarios dentro del programa. En el momento actual representa un espaldarazo que da Washington a los nuevos gobiernos de la región, los de Colombia y Bolivia, a los que llevan una crisis fortísima, como Perú, y a Ecuador, que en abril del 2003 tendrá sus elecciones presidenciales. También es un éxito para Bush, cuando los comicios legislativos de noviembre aparecen ya muy cercanos y se multiplican los escándalos financieros, los signos evidentes de recesión prolongada y las dudas sobre la capacidad del gobierno de manejar la actual crisis económica.