El encuentro era en la colonia Santa Lucía, a dos cuadras de lo que se conoció como la barricada Calicanto, sitio que pasó a las páginas de la historia oaxaqueña después del asesinato del periodista estadounidense Brad Will. Las pintadas, ya de las pocas que se encuentran en la ciudad, lo confirmaban: “La resistencia sigue con Bradley”, “Oaxaca de Juárez está con la APPO (Asamblea popular de los pueblos de Oaxaca)”, “viva la lucha popular”. Estos grafitti, sin embargo, no eran acordes con las precauciones que por allí se percibían: una serie de preguntas antes de abrir las puertas, conversaciones en voz baja y la mirada atenta mostraban los ánimos que por esos días acompañaban a los activistas de la CIPO, Coordinadora Indígena de los Pueblos de Oaxaca, con sede en este lugar. Tortillas con quesillo de por medio, la entrevista había comenzado hacía apenas unos minutos cuando de repente se vio interrumpida por la voz de una “compa”: “Miguel, es urgente, en la puerta de la casa de Luz está de nuevo la policía, pero esta vez el auto no tiene placas y están de civil. Tiene mucho miedo”.

Son los resabios de lo que fue una lucha popular de magnitudes extraordinarias que duró más de seis meses y que, acorralada, continúa hasta la actualidad. Todo un estado levantado en contra de su gobernador, Ulises Ruiz Ortiz (URO), y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo sostiene. Hoy, a un año del 14 de junio, día en que se inicia la insurrección con el desalojo fallido del plantón magisterial en el Zócalo de la ciudad, el hostigamiento que sufre Luz es una de las expresiones más cotidianas: “Vienen todas las semanas, se quedan un par de horas, toman fotografías, hacen que leen el diario y luego se van. Esta es la primera vez que se estacionan frente a mi casa. Me buscan por mi participación en la barricada de Cinco Señores (la última en caer y uno de los bastiones más intransigentes del movimiento) y por haber estado, desde el principio, apoyando la lucha”, comentaba ella, nerviosa pero segura, mientras su madre barría el patio y su hijo correteaba por los pasillos. Los policías se fueron, tras la amenaza, luego de tomarle fotografías, de “rompernos la cámara”.

La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (Cciodh) documentó luego de su quinta visita a México que en Oaxaca “hay una estrategia jurídica, policíaca y militar... cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil”. Efectivamente, este tipo de acciones se enmarcan, como comentaba a Página/12 Isaac Torres, abogado de la Liga Mexicana por los Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), “en un proceso de represión conjunta desde el ámbito estatal y federal que se inicia con la llegada de la Policía Federal Preventiva (PFP) el 29 de octubre y que incluye al menos 23 muertos, alrededor de 20 detenciones arbitrarias en la actualidad, abusos de autoridad, un sinfín de violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, hostigamientos y amenazas, entre otros”.

En parte esto es lo que explica que queden pocos rastros, sobre todo para el visitante distraído, de la “toma de la ciudad”. Hoy en las calles coloniales el turismo vuelve a florecer y la imagen de paz se mantiene con evidentes operativos policiales de civil y manchones negros en las paredes de los edificios históricos en los cuales sobreviven algunas pintadas rebeldes; “Aquí estamos pinches burgueses” es una de las más significativas.

Asimismo, la APPO, “el movimiento de movimientos” que nació como apoyo al reclamo magisterial de la sección 22 de la Coordinadora Nacionales de los Trabajadores de la Educación y que terminó por rebasar sus demandas y sus prácticas políticas, ya no cuenta con una capacidad de convocatoria de cientos de miles (algunos hablan de millones) y está envuelta en innumerables debates difíciles de resolver.

“Cuando un movimiento es reprimido, aplastado, se achica y empiezan las recriminaciones; el famoso problema de las divisiones de la izquierda. A este contexto se le suman las elecciones de agosto para la renovación del Congreso local, que por supuesto generaron mayores disidencias”, aseguraba Víctor Raúl Martínez Vázquez, sociólogo y autor de Autoritarismo, movimiento popular y crisis política. Oaxaca 2006. El dilema sobre la participación en las mismas fue, sin duda, uno de los temas centrales de debate y lo que explica gran parte de la fragmentación que vive hoy el movimiento.

Sucede que ante el fracaso de la instancia insurreccional, hoy las estrategias que se abren son muchas. Como señala Gustavo Esteba en su artículo “APPOlogía”, son tres las alternativas que se presentan: por la democracia formal (partidos políticos de izquierda como el Frente Popular Revolucionario que avalaban la idea de que la APPO presentara candidatos), por la democracia participativa (sobre todo sectores de la sociedad civil u ONG que hacen hincapié en mecanismos legales e institucionales como el referéndum y la consulta ciudadana) y por la democracia radical (sobre todo impulsada por sectores autonomistas para volver de hecho a la ley de “usos y costumbres” que permite a 418 de los 512 municipios en el estado de Oaxaca administrarse por asambleas comunitarias).

Todos ellos, antes unidos por el reclamo de la salida de Ulises Ruiz, hoy no encuentran espacios de consenso, lo que quedó demostrado en la 2ª asamblea estatal de la APPO, el 2 de junio de este año; “por diversidad de ideologías tenemos una crisis de funcionamiento y nos estamos madreando”, decían en una intervención. “Es que esa consigna ya no tiene la misma fuerza, ya no existe la certeza de que la semana que viene sí cae”, comentaba Eduardo Almeida, participante de la asamblea. Esta idea se derrumbó en el momento en que quedó explícito el pacto del PRI con el Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente Felipe Calderón, por la necesidad de ambos de mantener al gobernador. El primero por cuidar sus espacios en un momento de repliegue después de más de 70 años del control absoluto del Estado; el segundo por la necesidad de mostrar gobernabilidad en un inestable escenario nacional marcado por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de julio del 2006.

“Los maestros no tenían idea de lo que iba a desatar el ‘Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó’, la consigna después del desalojo del 14 de junio. Esa frase es la que logra la articulación inmediata y masiva de las organizaciones sociales que estaban ahorcadas en la esquina como consecuencia de la política de mano dura de URO. Así se conforma la APPO, por la demanda de su salida. Ahí se encontraban sindicalistas, campesinos, indígenas, estalinistas, maoístas, gente de López Obrador (el líder del Partido de la Revolución Democrática, PRD), trotskistas, autonomistas adherentes a “la otra campaña” zapatista. Lo que hubo entonces fue una gran masa demandando la renuncia, eso es lo que unía, no una determinada línea ideológica”, afirmaba Yesica Sánchez Maya, directora de Limeddh. En paralelo, por supuesto, cada uno mantenía una interpretación sobre el proceso: como un revolución social, como una revuelta, una rebelión, asimilaciones a la Comuna de París, al levantamiento zapatista de 1994, a los soviets rusos. Hoy son esas interpretaciones las que entran en disputa. Estas discusiones, sin embargo, son las que caracterizan al Consejo de la APPO, escindido hoy de las bases. En estas, otras son las perspectivas y las lecturas: “Muchos fuimos sin ganar nada, como sociedad civil, porque estábamos hartos de los dirigentes. La lucha y la resistencia fue muy buenas porque nos dejaron muchos conocimientos. Ahora hay que pasar a otra instancia, la de la construcción. Si se quiere quedar Ulises, ya no nos vamos a quedar en eso, nos vale madre, que hable solo como loquito, ya nadie lo reconoce, ya nadie lo respeta. Mientras tanto la gente en las bases tiene muchas ganas de trabajar, de hacer cosas”, comentaba Viviana, estudiante de Derecho y participante de lo que fue la barricada de Calicanto. Martínez Vásquez coincide: “Aunque golpeado y desorganizado, el movimiento sigue. Existen sus banderas en la ingobernabilidad, en las organizaciones sociales, en las actividades de las colonias. Va a tener que haber cambios; si no la normalidad nunca va a lograrse”.