Si algo le faltaba al accidentado Transantiago era un paro. Ayer por primera vez el nuevo sistema de transporte de la capital chilena enfrentó una huelga, que dejó a unos 600 colectivos fuera de las calles y a un millón de pasajeros en apuros. El reclamo de uno de los tres sindicatos de la empresa concesionaria SuBus contiene 38 puntos, aunque el fundamental es un aumento salarial de poco más del 18 por ciento. Los empleados de otro ramal troncal debían votar anoche si iniciaban una medida de fuerza similar el próximo jueves, oscureciendo aún más el panorama para el gobierno de Michelle Bachelet, quien sigue cayendo en las encuestas y no consigue poner fin a la crisis desatada por las marcadas ineficiencias del nuevo sistema. Hoy, el Palacio La Moneda buscará revertir esta situación y anotarse una victoria al aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que liberará unos 290 millones de dólares extras para mejorar la infraestructura de Transantiago.

Si un sindicato de una empresa de colectivos decidía entrar en huelga en la capital chilena hace apenas un año, la medida no causaba grandes trastornos para los usuarios, quienes deberían caminar algunas cuadras de más, pero igual llegarían a destino. Sin embargo, desde la implementación de Transantiago, en enero pasado, la situación es muy distinta. El nuevo sistema de transporte supone la división de la capital en cinco áreas troncales. Cada una fue asignada a una empresa concesionaria, que opera con exclusividad. Por ejemplo, SuBus controla el troncal 2, que va desde la zona sur hasta el norte de la capital y viceversa. El objetivo del sistema es evitar la superposición de los recorridos, disminuyendo el número de colectivos en las calles, el tráfico y la contaminación. Pero la huelga de ayer demostró que esta solución tiene un punto débil.

Sin los 622 colectivos de SuBus, los usuarios de la ruta troncal 2 se quedarían sin opción. Teniendo frescos en la memoria los disturbios, los heridos y los cientos de detenidos que dejaron los primeros días del Transantiago, el gobierno de Bachelet intentó conseguir reemplazos. Durante la mañana, la principal hora pico, otras empresas concesionarias prestaron colectivos. Además, los colectivos “piratas” reaparecieron para acercar a los capitalinos a otros ramales troncales o a las estaciones del subte. La empresa, en cambio no pudo hacer mucho. Los choferes que no quisieron plegarse a la huelga y quisieron sacar a los colectivos de las terminales fueron apedreados y tuvieron que dar marcha atrás. En las dos terminales más importantes, los carabineros se enfrentaron con los huelguistas que evitaban la salida de los vehículos, dejando un saldo de 30 detenidos y 200 colectivos abollados y con vidrios rotos.

A pesar de estos incidentes aislados, Bachelet respiró tranquila anoche. La huelga no dejó kilométricas colas en las paradas de los suburbios ni se saturaron los otros medios de transporte público, como el subte. Sin embargo, esto fue posible porque el resto de los ramales de Transantiago funcionaron bien y las otras concesionarias pudieron prestar colectivos. Anoche, 700 conductores de Alsacia, la empresa que controla el troncal 1, que une la zona sur con el centro de la capital, decidían si el jueves imitaban a sus compañeros de SuBus y dejaban sin servicio a parte de la ciudad. Al cierre de esta edición, la gerencia de SuBus, los líderes sindicales y el gobierno llegaron a un acuerdo para terminar el paro.

A horas de aprobarse los fondos extra para reforzar Transantiago, la huelga de los colectiveros reavivó una convicción, tanto de la oposición como de gran parte del oficialismo: el problema no es sólo financiero. “Lo que hay que hacer es modificar el sistema y dejar afuera a los actores que no cumplieron. Tiene que haber un mayor control del Estado”, aseguró a este diario el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio.