El gobierno mexicano ha movilizado al ejército y a la policía federal para custodiar por tierra, mar y aire todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras las explosiones registradas los pasados días 5 y 10 de julio en gasoductos de la compañía estatal petrolera en la zona del Bajío (en los estados de Querétaro y Guanajuato). El artífice de estos atentados, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), es una organización guerrillera conocida pero muy poco activa, que surgió entre los meses de junio y agosto de 1996 en los Estados de Guerrero y Oaxaca. Ayer, más de cien empresas en los estados afectados tuvieron que parar temporalmente sus actividades por falta de gas.

En el comunicado difundido el martes pasado, mediante el cual el EPR se adjudicaba la autoría de los atentados, el grupo rebelde aseguraba que sus ataques pretendían llamar la atención sobre dos militantes de la organización, supuestamente desaparecidos en Oaxaca en mayo pasado. La fiscalía mexicana asegura que no se encuentran detenidos.

Los efectivos militares y policiales vigilan las once refinerías, plataformas, redes de distribución, plantas petroquímicas y los campos de Campeche, Tabasco y Chiapas, considerados todos ellos instalaciones estratégicas. Así lo confirmó Víctor Hugo Deschamps, portavoz de la refinería Miguel Hidalgo de Tula. Mil empresas de diverso tamaño y sector de los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes sufren las consecuencias de las explosiones en gasoductos de Pemex, según indicaron fuentes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. La empresa Vitro, la mayor productora de vidrio de México, ha interrumpido las actividades en dos de sus plantas. Las pérdidas ascienden a 800 mil dólares diarios. Asimismo, la falta de gas ha obligado a Ideal Standard, dedicada a la producción de baños y sanitarios, a suspender exportaciones por más de 5 millones de dólares. Un centenar de grandes empresas de Guanajuato está sin gas debido al corte del suministro desde el día de las explosiones.

El petróleo sigue siendo la primera fuente de ingresos de México que, según dijo el presidente Felipe Calderón el mes pasado, constituye el 40 por ciento de las divisas que entran en el país. México ocupa el puesto número 14 del mundo en cuanto a reservas probadas de petróleo, con 12.352 millones de barriles, y salta al sexto lugar en cuanto a producción de crudo. Las principales fuerzas políticas reclaman investigar a fondo los ataques a instalaciones de Pemex y acusan de incapacidad a los servicios de inteligencia del Estado por no haber sido capaces de prevenirlos.

Algunas voces dudan de la autenticidad del comunicado del EPR y califican las explosiones en los gasoductos de maniobra de distracción. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, derrotado en los comicios de hace un año, declaró ayer que los presuntos atentados son “una cortina de humo” para desviar la atención del escándalo provocado por las recientes declaraciones del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien aseguró que los 205 millones de dólares decomisados en su casa fueron utilizados en la financiación de la campaña electoral de Calderón. En términos similares se expresó la Unión Nacional de Trabajadores.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.