Dentro de pocas semanas comenzará la exposición más tradicional e impactante del campo en la ciudad. El mundo agropecuario se presentará como todos los años en la Rural para asombrar a los extraños bichos urbanos. Como no puede ser de otra manera, los reclamos, quejas y lamentos convivirán con la abundancia y los extraordinarios avances tecnológicos en el sector. La paciente recorrida de los suplementos especializados que publican La Nación y Clarín cada sábado revela la increíble revolución que se está desarrollando en el campo, muchas veces minimizada por las políticas públicas y varias otras desjerarquizada por los propios protagonistas al priorizar exigencias de raíz ideológica conservadora –por ejemplo, por las retenciones–. También la lectura de blogs dedicados a analizar el complejo panorama del campo (La patria chacarera y El abuelo económico, entre los más visitados) exponen el fabuloso período que está transitando la actividad agropecuaria, destacando las dificultades con puntillosa rigurosidad hasta, en algunas ocasiones, con exageración. El campo es una bienvenida fiesta, que brinda una imprescindible base de sustentación para cualquier proyecto de desarrollo en un país con las características de Argentina. Las señales de precio de esa bonanza son evidentes: desde 2005, los precios en dólares del maíz, trigo y soja han registrado un recorrido alcista de casi 80, 30 y 15 por ciento, respectivamente. Los valores alcanzados son los más altos en los últimos diez años. Las cosechas y rindes han sido récord. Este boom viene acompañado de producción récord de maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos. Este favorable cuadro económico se tradujo en un alza pronunciada del valor de la hectárea de los campos, provocando lo que los economistas denominan un efecto riqueza positivo entre los productores. Y el contexto internacional ofrece una perspectiva muy alentadora para suponer que el actual ciclo se prolongará durante varios años más.

Ahora bien, las cuestiones relevantes en el campo no pasan entonces por el faltante circunstancial de gasoil o de las restricciones de gas que afecta al monopolio Profertil, que entorpece el abastecimiento de la urea, insumo estratégico de fertilización de los suelos. Son problemas coyunturales que no nublan el horizonte del negocio. Tampoco la vigencia de las retenciones que, en el actual ciclo, ya se ha demostrado que no influyen en las decisiones de inversiones porque no afectan sustancialmente la rentabilidad, debido a que ésta es extraordinaria. Existen cuestiones estructurales pendientes para sostener el crecimiento del sector que son más importantes: el desarrollo de un sistema de logística más eficiente, que reduzca costos, para que la cosecha arribe más rápido a sus puntos de destino, local e internacional. También la construcción de más y mejores vías de comunicación, carreteras y recuperación de los trenes de carga, y una mayor profundidad en el dragado de la hidrovía y la expansión de puertos. Todos estos son proyectos que el Estado y el sector privado deberían asumir con más entusiasmo y decisión.

Entre las polémicas de la coyuntura y los desafíos estructurales, el debate de fondo sobre el campo está ausente o reducido a un espacio marginal tanto en las áreas de responsabilidad del Gobierno como en los representantes más visibles de los productores y en la mayoría de los analistas sectoriales, formales e informales. La clave que define un campo sustentable, vinculado con el destino del desarrollo del país y la satisfacción de los requerimientos básicos de alimentos de la población se encuentra en cómo y quiénes se apropian del grueso de la renta agropecuaria, cómo es la distribución de la tierra y cuál es la política para asegurar la soberanía alimentaria.

Cuando se abordan esas tres cuestiones se reflejan los poderosos intereses que se hacen presentes en la actual fiesta del campo. Sería ingenuo pensar que todos los productores están gozando de esa muy buena situación. La renta agropecuaria es muy elevada, fruto de la devaluación y precios internacionales elevados. Pero esa ganancia no es apropiada en forma homogénea por los protagonistas del campo, puesto que en el agro también se verificó un profundo proceso de concentración y oligopolización. El campo no sólo se transformó por la aplicación de paquetes tecnológicos que incrementaron la productividad. También ha registrado un sustancial cambio en los actores que participan de la actividad. Por caso, la incorporación de inversores con lógica financiera, ajenos al sector, que arriendan campos de elevados rindes en diferentes zonas agrícolas y tercerizan cada una de las tareas de producción. A la vez, grandes productores –en este caso sí con las ganancias extraordinarias de la actividad– van alquilando tierras para mejorar su ecuación económica al ampliar la escala de producción. Así se produce una transferencia de gran parte de la renta agraria del propietario al productor. Otro mecanismo de apropiación de esa renta es la existencia de mercados oligo y monopólicos en la provisión de insumos, que por ejercer una posición dominante ajustan precios al alza. En el eslabón del transporte y la comercialización, donde la estructura que predomina no es una competitiva, también se verifica concentración en pocas firmas.

En relación con la distribución de la tierra, el Censo Nacional Agropecuario informa que entre 1988 y 2002 han desaparecido 103.400 explotaciones agropecuarias, en su mayoría con un tamaño menor a 200 hectáreas, es decir, pequeños productores. En una interesante publicación de Amuyen/Espacio de Organizaciones sociales (Tierra. Distribución de la riqueza) se señala, en base a cifras oficiales, que “muchos productores se vieron obligados a endeudarse para mantenerse ‘adentro’, pero las deudas no tardaron mucho en volvérseles en contra. Otros, sin esa posibilidad, cedieron al arrendamiento de sus tierras. Muchos otros, desterrados o sin posibilidades de usufructuar tierras propias, comenzaron a trabajar en ajenas para sobrevivir. Y otros tantos pasaron del campo a la ciudad, buscando en los centros urbanos mejores condiciones de vida”.

Por último, la soberanía alimentaria es un aspecto que siempre estuvo en discusión en ámbitos académicos. A nivel masivo sólo se había expuesto con la paradoja de que en un país como Argentina, que produce alimentos para más de 300 millones de personas, un importante porcentaje de sus 40 millones de habitantes no pueden alimentarse adecuadamente. Pero ahora la discusión es más amplia debido a que se ha puesto en controversia una función milenaria del campo como fuente para producir alimentos para las personas, para pasar a ser a la vez proveedora de combustible para alimentar con biocombustible los motores del sistema económico. En México se han exteriorizado con más intensidad las contradicciones que emergen del desarrollo de los biocombustibles, en este caso en base al maíz. Organizaciones campesinas han comenzado la campaña “Sin maíz no hay país”, teniendo en cuenta que ese grano es la base de la alimentación y la cultura mexicana. La explosiva demanda de maíz por parte de Estados Unidos, primer productor y exportador mundial, para la producción de etanol como combustible gatilló una disparada del precio de esos granos. Se coloca así a México en una situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Al respecto, Víctor Ego Ducrot, integrante de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, escribió ¿Agrocombustibles buenos y agrocombustibles malos?, donde plantea que “la opción entre el derecho a la alimentación y la consideración de la actividad agrícola como proveedora de materias primas con precios oligopólicos no pasa por un asunto de mejor o peor gestión –privada o pública– o de mayor o menor control campesino dentro de un Estado de matriz neoliberal, sino que se trata de una alternativa paradigmática, de un modelo de humanidad”.

La fiesta del campo viene acompañada entonces, entre otras cuestiones, de un tema para nada menor: la accesibilidad de los alimentos, por precio, calidad y cantidad, para la mayor parte de la población.