Increíble, dijeron los suspicaces, lo que puede hacer un gobierno para distraer la atención pública. La nevada del 9 de julio tuvo diferentes versiones. Mientras algunos la atribuyeron a una maniobra oficial, otros la reivindicaron como PRO: la primera de las fiestas que prometió la victoria de Macri. No faltarán los legisladores malentretenidos que quieran interpelar a Romina Picolotti o al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que ya están en la picota, para que expliquen el fenómeno y habrá que ver si en el presupuesto del futuro gobierno figura algún rubro, tipo “Carnaval carioca” o “Los Andes en la ciudad”, para que la próxima no sea tan sorpresiva y en cada hogar pueda haber un trineo preparado. Lo cierto es que los copos cayendo sobre Buenos Aires y otras ciudades donde también eran novedad absoluta, eran la realización de esos sueños que en casi un siglo sólo figuraron en la ficción. Por algún tiempo, en la historia reciente, podía parecer que la derogación de las leyes del olvido y, en especial, los indultos otorgados por Carlos Menem, eran tan difíciles como una nevada en la ciudad.

Ambas cosas, además de los copos, se hicieron realidad ayer con la decisión por mayoría de la Corte Suprema que revocó el indulto al general Riveros, un precedente que alcanza para producir los otros que beneficiaron a los jefes del terrorismo de Estado. No es una decisión de sesgo ideológico, en el sentido partidario, sino una estricta razón de justicia, porque en la misma jornada los jueces supremos le dieron razón, otra vez por mayoría, a la demanda de Antonio Bussi que reclamaba porque había sido excluido del Congreso Nacional. No queda claro, o al menos es tema de controversia, si esta decisión le abre la cancha a Luis Patti, pero habrá que acostumbrarse a que la crítica es válida, pero la regla de juego de la democracia implica aceptar jubilosamente los fallos que se pueden compartir y, con rezongos, también aceptar los que provocan fastidio y hasta repulsión. De esta Corte se podrán decir variadas cosas, pero nadie puede negar su decisión y coraje para afrontar los temas de la realidad, desde el Riachuelo al pasado ominoso y a los debates del presente. Ojalá fuera un modelo válido para el resto del Poder Judicial.

En cuanto a la nevada, alucinaciones aparte, el júbilo que vivió buena parte de la población el pasado lunes ya costó mil millones de dólares de subsidio a las petroleras, para que provean a las usinas eléctricas con gasoil en lugar del escaso gas, sin contar que las mismas empresas podrán importar gasoil sin pagar aranceles aduaneros. También habría que contabilizar las compras extraordinarias de electricidad a Brasil y Paraguay, además del seguro para que Bolivia no decaiga el flujo de gas y las quejas de Chile por incumplimiento reiterado en el servicio de gas.

Pese a todas estas previsiones, que costarán un ojo y la mitad del otro, el Gobierno no zafó de las quejas y maldiciones de los conductores de taxis, remises y fletes que hacían cola por algún combustible, subsidiado por supuesto, ni de las 1600 proveedoras de GNC que tuvieron que suspender las ventas, según la Cámara de Estaciones de Servicio Independientes, ni de las cinco mil empresas, en números redondos, la mayoría siderúrgicas, petroquímicas y cementeras, que suspendieron turnos y modificaron planes de producción a causa del racionamiento, ni de los obreros suspendidos o privados de horas extra. Aunque el Poder Ejecutivo preservó a los usuarios residenciales para que no les faltara luz y gas, hubo excepciones por accidentes diversos, pero en estos casos se aplica el principio italiano: “si piove, governo ladro, si non piove, governo ladro”, siempre el “gobierno ladrón” es culpable, sobre todo si es malo, de cuanto les pasa a los pobladores. El refrán aplica más, por supuesto, campaña electoral mediante, en la que los competidores se dedican con saña a desprestigiar al que quieren desbancar. Si uno compara la imagen gubernamental que hoy aparece en algunos medios, con aquellas otras de seis meses para atrás en las que la Casa Rosada era una nave-factoría que empaquetaba felicidad y la distribuía hacia los cuatro puntos cardinales, otra exageración, cualquier desprevenido podría tener la impresión que las autoridades son diferentes.

Son las mismas, sin embargo, aunque Felisa Miceli casi no usa esa amplia sonrisa que iluminaba su rostro cada vez que anunciaba las tasas de crecimiento o los acuerdos de precios para controlar la inflación. Ahora está acosada por las sospechas, a partir de dos hechos que la sacudieron como un vendaval: uno, la aparición en un armario de su baño privado de unos fajos de billetes, de origen inexplicado hasta el momento, y dos, el descalabro del Indec, cuyas estadísticas han pasado de la exactitud de la ciencia a la desconfianza generalizada en la precisión de sus informes. También la secretaria Picolotti, nacida en el ámbito virtuoso de los ambientalistas de base, perdió la virginidad política atropellada por las versiones de nepotismo, contrataciones exageradas y dispendio de los fondos públicos, aparte de la disconformidad de los supremos cortesanos por el improvisado plan de limpieza del Riachuelo y del inexorable avance de la papelera finlandesa Bosnia en Fray Bentos, mientras los piquetes de Gualeguaychú, que supieron contarla como suya, se congelan en la ruta a causa de sus escuálidas esperanzas y del frío polar que recorre las llanuras y esteros argentinos. Ambas fueron rescatadas, cual si fueran doncellas en apuros, por el jefe Alberto Fernández que, sin caballo ni armadura, se hace cargo de todas las encomiendas que le dispensa el presidente Kirchner, ya sea en operaciones de rescate, o en fracasos electorales reiterados en la Capital o a la cabeza de las legiones que pavimentarán el camino trazado por don Néstor para que doña Cristina llegue a la presidencia por votación mayoritaria el próximo 28 de octubre. El Gobierno atraviesa contingencias adversas de todo tipo, pero muchas de ellas son exageradas por las circunstancias electorales y, en algunos casos, por repercusiones mediáticas desproporcionadas en relación con la envergadura real de los sucesos. Tampoco es cuestión de ver en cada titular periodístico la cabeza asomada de una conjura o de un acto de mala fe. Cuando Clarín publicó en exclusiva la confirmación de la candidatura de la senadora Cristina Fernández, al jefe de Gabinete que salió horas después a reconfirmar la noticia, no se le ocurrió mencionar que se habían copiado de alguna carpeta oficial, como hizo días después cuando el mismo diario puso en apuros a la secretaria de Medio Ambiente. Tal vez sería apropiado que en lugar de combatir a los mensajeros, pusieran a la entrada de la Casa Rosada dos robustas plantas de ruda macho contra la mala suerte o, mejor aún, reconocer que en materia informativa, la experiencia histórica enseña que no hay peor negocio que la prensa oficialista, porque siempre termina inservible para todos y llegado a ese punto es descartable. Uno de los mejores ejemplos fue el gobierno de Perón a mitad del siglo pasado, cuando controlaba todos los servicios de noticias, incluida la prensa privada, y cayó igual por el golpe de Estado de 1955.

Sobre el orden de la información y la comunicación la candidata podría intercambiar conocimientos con el actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, quien dispensó las mejores atenciones a la delegada oficial argentina en la última asamblea plenaria del organismo que reúne a gobiernos, empresarios y sindicalistas obreros. De origen político en la izquierda de la democracia cristiana de Chile, Somavía hizo carrera diplomática y dirigió un instituto privado de investigación sobre temas de comunicación social, con renombre suficiente para representar a Latinoamérica, junto con Gabriel García Márquez, en la comisión internacional de la Unesco, presidida por Sean McBride, que produjo en 1980 un completo informe sobre la situación mundial de la información y la comunicación (Un solo mundo, múltiples voces), cuya lectura puede alumbrar todavía, a pesar del tiempo transcurrido y del peso específico que ganó el poder mediático desde aquellos años.

De todos modos, aun los más críticos de la coyuntura actual parecen no albergar dudas sobre las chances de triunfo de la candidata K. El semanario británico The Economist en su última edición vuelve a presentar un pesimista informe sobre la gestión gubernamental, pero acepta que la senadora Fernández “ganará la elección presidencial”, aunque advierte: “Lo que está fuera de duda es que heredará dificultades, que serán mayores que las que afrontó su esposo”. Pronóstico desmedido, por cierto, ya que las contingencias que aguardan al próximo mandato son innumerables, pero de calidad diferente a las que tuvo que sortear el actual Presidente. Para citar una referencia: el nivel de salarios, medido en mayo último, creció un 140 por ciento para los empleados en blanco, un 73 por ciento para los que aún están “en negro” y un 52 por ciento para los estatales. A la vista de estas estadísticas oficiales, nadie puede sobresaltarse o pensar en conspiraciones cuando son los empleados de los servicios públicos los que encabezan los conflictos gremiales de los últimos tiempos. El último aumento dispuesto por el Consejo del Salario que llevará el mínimo a 960 pesos el mes de las elecciones y a 980 cuando asuma la nueva presidencia, beneficiará a 450 mil trabajadores, el 12 por ciento del total registrado, pero las representaciones intervinientes –tripartita como en la OIT– destacaron que la cifra acordada por primera vez supera la línea de la pobreza.

No es la única modificación producida en el país, parte de la región del mundo donde se produce la peor distribución de la renta y la riqueza. Según el director general del Grupo Santander para América latina, Francisco Luzón, “quizá lo más importante es que ocho años de crecimiento sostenido (los cuatro pasados y los próximos cuatro) harán que 60 millones de hogares estarán configurando las clases medias de América latina. Sería la primera vez que los hogares de clase media superarían a los de renta baja, estimados en 56 millones. Un cambio total y definitivo en la composición socio económica de la región”, opina el ejecutivo de uno de los grupos financieros más activos en Sudamérica. Los que coinciden con el pronóstico opinan que el peso de las clases medias, escarmentadas por 30 crisis en los últimos 25 años que se las llevaron puestas, actuarán pendularmente para morigerar los “excesos del populismo” o “las políticas macroeconómicas ortodoxas” (“Las clases medias latinoamericanas harán más por la región que todos los políticos juntos”, en El País, 10/7/07). No sería la primera vez que los banqueros se equivocan, aunque casi nunca pierden, pero si nevó en Buenos Aires, después de 89 años desde la última vez que sucedió, por ahora mejor no desechar ni confirmar nada por anticipado.