“Sostener que existe un poder para rechazar el título a toda persona que viola la ‘ética republicana’ puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger. Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las mayorías.” Este fue uno de los argumentos centrales de la Corte Suprema al definir que el Congreso no tiene atribuciones para negar la incorporación de un legislador electo. El fallo beneficiaría al dictador Antonio Domingo Bussi, pero en la práctica su caso fue declarado “abstracto” debido a que su mandato venció en 2003. El escrito sí podría favorecer al represor Luis Abelardo Patti, quien ayer lo calificó como “un triunfo de la democracia”.

El fallo que firmaron por la mayoría Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni no le devolverá la banca a Bussi. Los ministros del tribunal, de hecho, determinaron que la resolución de la Cámara de Diputados que rechazó su incorporación quedó firme porque era “inoficioso” expedirse sobre el tema. El dictador –que está preso– ya no puede recuperar su banca. Además, él no había reclamado la anulación de su impugnación. Esto implicará que Bussi no podrá exigir un resarcimiento económico por haber quedado afuera del Congreso.

Más allá del caso puntual de Bussi, la Corte decidió enviar un mensaje al Poder Legislativo. Por eso, se pronunció específicamente sobre los límites de los diputados para impedir la asunción de un legislador electo. Esto podría tener efectos en otro caso cuya resolución está pendiente: el del ex subcomisario Luis Abelardo Patti. En la Corte señalaron que no debe interpretarse que ambos expedientes son exactamente iguales, pero el represor y ex intendente de Escobar festejó como si acabaran de ratificarle la banca (ver aparte).

Bussi fue excluido de la Cámara de Diputados en 1999 por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la última dictadura. Actualmente, el represor está preso. Fue procesado por más de 60 casos de desapariciones y torturas y está cerca de ir a juicio oral por el secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

El diploma de Patti también fue impugnado por su participación en crímenes de lesa humanidad. La presentación fue hecha por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti. La Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe y la Cámara se inclinó porque era “inhábil moralmente” para ejercer el cargo de diputado. Patti sigue en libertad. Está procesado por encubrir a otro represor e imputado en varias causas que hasta el momento no avanzaron. Hace dos años, el fiscal Juan Murray pidió su detención.

Al fundamentar el rechazo al diploma de Bussi, los legisladores aclararon que esta decisión “sólo respondía a la participación activa reconocida y probada en el terrorismo de Estado”. Lo mismo ocurrió con Patti. Los diputados señalaron que se trataba de un caso “excepcional”, ya que el represor estaba involucrado en crímenes de lesa humanidad.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni señalaron que “los graves hechos que imputan al diputado electo deben ser motivo de un proceso judicial porque todos los ciudadanos tienen la garantía del debido proceso. No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada ya que el impedimento deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.

La condena judicial –en rigor la imposibilidad de acceder a una– fue un punto central en los argumentos de quienes impugnaron a Bussi y Patti: los represores no pudieron ser sometidos a juicio porque estaban vigentes las leyes de impunidad.

Los ministros del tribunal no tuvieron en cuenta este razonamiento. Se limitaron a señalar que “la Corte ha sido clara respecto de la persecución de los autores de los delitos de lesa humanidad”. Pero la reanudación de los juicios contra los represores es reciente. Hasta el momento, sólo dos acusados fueron efectivamente condenados: el agente de la Policía Federal Julio Simón y el ex jefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz. Si la Justicia no hubiera sido trabada durante veinte años por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos (cuya anulación la Corte convalidó ayer) el debate sobre la incorporación al Congreso de una persona cuestionada pero que no hubiera sido sometido a un proceso judicial no tendría sentido.

Fue a raíz de la existencia de las leyes de impunidad que el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó en 1995 y 2000 que la Argentina adopte medidas para excluir de cargos públicos a quienes hubieran estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Esta resolución fue citada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un escrito de amicus curiae que presentó el jueves ante la Corte en referencia al caso Patti.

Otro argumento de los cuatro jueces que limitaron las atribuciones del Congreso para excluir a sus miembros fue que “el control de los requisitos constitucionales de los candidatos para diputados de la Nación se efectúa de modo previo (a la elección) y ante el Poder Judicial de la Nación” o que los legisladores estarían habilitados para remover a sus miembros sólo por alguna conducta o hecho posterior a la elección.

En el escrito que presentó ante la Corte, el CELS recordó que en 1999 presentó, antes de la votación, una impugnación ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires a la candidatura a la gobernación del Patti. Pero el pedido no fue aceptado, justamente, porque el ex subcomisario no estaba condenado.

Lorenzetti, Fayt, Argibay y Zaffaroni no se explayaron sobre la situación que hasta ahora impidió juzgar a Bussi. Prefirieron hacer hincapié en el peligro que podría significar dar al Congreso la posibilidad de evaluar la idoneidad de sus miembros. “Los riesgos futuros son demasiado”, señalaron.“Una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista, otra porque es socialista, otra porque opone a una gobierno dictatorial, otra por motivos religiosos o de género.”

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda no coincidieron con esta interpretación. Este último consideró que la decisión de la Cámara de Diputados debía ser respetada porque no era judiciable. Highton de Nolasco y Petracchi coincidieron con el dictamen del Procurador General, Esteban Righi. El jefe de los fiscales consideró que los diputados tuvieron razón al impedir que el dictador asumiera su banca. “No solo no se ha violado el derecho político del actor -señaló- sino que la Cámara cumplió con una obligación internacional derivada del deber de respeto y garantías de los derechos humanos.”