Los casos de pena de muerte en Estados Unidos pueden llevar muchos años. Sin embargo, el fiscal Alberto Gonzales, la principal autoridad de la Justicia norteamericana, quiere acelerar los tiempos. El funcionario sospechado de corrupción y procedente del riñón de Bush está a cargo de la nueva norma que achicará los plazos de los condenados a muerte para apelar sus sentencias y el de los jueces para revisarlas. La ley fue aprobada el año pasado luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 e incluida silenciosamente en el paquete de medidas antiterroristas que fue renovado por el Congreso de EE.UU. Después de que finalice el plazo para presentar comentarios públicos, que expira dentro de un mes, la maquinaria de la muerte podría funcionar más rápido, informó el diario El País de Madrid.

“Es muy posible que la mitad de los congresistas ni se enteraran de que el año pasado aprobaron esta nueva normativa. La atención se centró en las partes de la ley que afectaban las libertades civiles y esta sección pasó sin hacer ruido, pero tendrá consecuencias catastróficas para los condenados a muerte”, aseguró al medio español Robert Owen, codirector del Centro para la Pena Capital de la Escuela de Leyes de la Universidad de Austin, en Texas.

En tanto, Gonzales está por hacerse cargo del trabajo que por más de una década realizaron las cortes. Luego de que el Departamento de Justicia terminara de escribir la normativa, el fiscal que antes revisaba las peticiones de clemencia como asesor legal de Bush en Texas, tendrá la responsabilidad de decidir si un estado garantiza o no abogados calificados a los condenados. En caso de que la respuesta sea positiva, la Justicia federal de esos estados podrá acelerar los casos de pena de muerte. Los presos tendrán sólo seis meses en lugar de un año para apelar sentencias, mientras que los jueces deberán decidir en un estricto período de 18 meses, cuando antes no había límites de tiempo. “Además, se restringe la posibilidad de incluir nuevas evidencias, la parte clave y que más se tarda en conseguir y con la que se suele lograr demostrar la inocencia de muchos condenados a la pena capital”, subraya Owen. Por ejemplo, un abogado de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) contó que salvó a un preso al demostrar su inocencia 10 minutos antes de su ejecución.

Según The New York Times, si los estados son alentados a proveer abogados de defensa capacitados para los presos con pena de muerte, las cortes federales tendrán de hecho algo menos por lo que preocuparse. Darle a Gonzales el poder de decidir cuándo un estado cumple las condiciones adecuadas para acelerar los procesos de apelación de los condenados a muerte es una forma curiosa de mejorar el sistema judicial cuando ese fiscal es una parte interesada. “Un estudiante de abogacía de primer año puede descubrir el conflicto de intereses a un kilómetro”, dijo Elisabeth Semel, directora de la clínica de pena capital en la Universidad de California, en Berkeley, y una opositora a la pena de muerte.

La nueva ley habría sido impulsada por los legisladores y procuradores de Arizona y California, y es una expresión de su frustración con los estados del quinto circuito, que abarca California y otros ocho distritos del oeste, donde la anulación de la pena de muerte se logró en un 35 por ciento de los casos, frente al 2 por ciento del conservador cuarto circuito, que cubre Virginia y otros cuatro estados, informó el Times.

En un país con 3350 reclusos en espera de la inyección u otro método letal y donde 38 estados avalan las ejecuciones, la aceleración de la pena capital implica una reducción de tiempos, pero también de costos. Según El País, se gastan unos 90.000 dólares al año para mantener a cada preso. Sin embargo, lo que esconde la ley es quiénes son los más afectados por ella. “Quienes están en el corredor de la muerte son personas sin recursos que no pudieron pagarse un abogado que los defendiera en debidas condiciones. Mientras no se elimine la pena de muerte no se va a acabar con la injusticia de que solo los pobres acaben siendo ejecutados. Y entre los pobres las minorías. En los corredores hay un número desproporcionado de negros, chinos e hispanos”, señaló Owen al diario madrileño.