La Corte Suprema israelí le asestó ayer un duro golpe al gobierno de Ehud Olmert y a su política de seguridad hacia los territorios palestinos. Ordenó hacer retroceder una parte del muro que separa a Israel de Cisjordania por estar construido sobre el lado palestino. Se trata de 1,7 kilómetro de valla que, según Tel Aviv, se alzó más allá de lo que dictaba la frontera de 1967 para garantizar la seguridad de los colonos israelíes que vivían a sólo unos pasos de allí. “No nos convencimos de que es necesario, por razones de seguridad militar, mantener el corriente trayecto que pasa por las tierras de Bilin”, escribió en la sentencia la presidenta de la Corte Dorit Beinish.

Mientras que el gobierno israelí prefirió no comentar sobre el fallo y sólo se comprometió a cumplirlo “en un período de tiempo razonable”, en el pequeño pueblo de Bilin todos salieron a las calles a festejar. “¡Ganamos, ganamos!,” gritaban centenares de personas. “¡Demolieron el Muro de Berlín, y ahora demoleremos el muro de Bilin!”, cantaban una y otra vez. La lucha de este pequeño pueblo de no más de 200 familias de agricultores se convirtió en los últimos años en un referente de la lucha del pueblo palestino contra las políticas del gobierno israelí. Durante casi tres años, los vecinos fueron sumando gente a su causa hasta alcanzar multitudinarias marchas a mitad de año, en las que además de ellos participaban militantes de derechos humanos de otras ciudades palestinas, de Israel y del resto del mundo. En agosto pasado, el movimiento de Bilin alcanzó la movilización número 131. Como en todas las anteriores, la protesta terminó en enfrentamientos con la policía israelí, decenas de heridos y otro tanto de detenidos.

El muro israelí se empezó a construir en 2002 bajo el pretexto de que la separación física de los territorios palestinos ayudaría a poner un freno a los ataques suicidas y los atentados contra territorio y ciudadanos israelíes. En total mide unos 600 kilómetros de distancia y está formada por una combinación de paredes de concreto, vallas de estacas, alambres de púas y trincheras. En la zona de Bilin, el muro le saca casi 200 hectáreas al pueblo palestino, principalmente las tierras cultivables de las que viven gran parte de los pobladores. Por un lado, se apropia de unas 26 hectáreas de Bilin y, por otro, deja incomunicado otras 170 hectáreas. Hace años que los agricultores palestinos tienen que cruzar todos los días una barrera de control –cerrada durante varias horas– para poder acceder a sus propios campos y cultivos.

Dos años después de la construcción del muro, el presidente del Municipalidad de Bilin, Ahmad Isa Yasin, presentó una demanda contra el gobierno israelí y el comandante militar de la región. Según los abogados palestinos, el gobierno israelí no se quedó con parte del territorio de Bilin –casi la mitad– para evitar futuros atentados, sino para usurpar las tierras y legalizar la ampliación del asentamiento israelí aledaño, Modiin Ilit.

La Corte Suprema israelí no quiso tomar posición sobre la acusación palestina y sólo se dedicó a determinar si los argumentos de Tel Aviv para diseñar el recorrido tenían sustento jurídico. Sin embargo, dentro de la sentencia los jueces reconocieron que parte de la tierra apropiada con la construcción del muro fue cedida al asentamiento judío vecino. La Corte tampoco se cuestionó la legitimidad del muro en sí, algo que la comunidad internacional le viene demandando. Hace tres años, el Tribunal de La Haya, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictaminó que el muro era ilegal e instó a Tel Aviv a revisar su política de seguridad. Después de ese fallo, la Corte Suprema israelí emitió varias sentencias para rediseñar la barrera en Cisjordania, pero nunca avanzó más de eso.

De todas maneras, el fallo de ayer volvió a reafirmar la ilegalidad de muchos de los asentamientos israelíes en territorios palestinos y de la colaboración, abierta o disimulada, de las autoridades de Tel Aviv. Según cifras de las Naciones Unidas, actualmente existen más de 275 mil colonos israelíes en asentamientos ilegales en Cisjordania, lo que significa un aumento de más del cinco por ciento con respecto al año pasado. A diferencia de lo que sucedió en la Franja de Gaza, en donde el ex premier Ariel Sharon ordenó una retirada unilateral de todos los asentamientos, en Cisjordania los colonos israelíes siguen construyendo.